En medio de la discusión por la postulación del candidato que promueve Javier Milei, el máximo tribunal le metió presión a su juzgado con un informe.
Los jueces de la Corte Suprema, durante la Asamblea Legislativa inaugurada por Javier Milei.
En medio del debate sobre las postulaciones al máximo tribunal que impulsa el gobierno deJavier Milei, la Corte Suprema de Justicia desempolvó la causa sobre el Riachuelo para pedir informes sobre el saneamiento a la Acumar y a dos juzgados federales, entre los que está el que subroga Ariel Lijo.
La decisión se tomó este martes, a 16 años del histórico fallo Mendoza, en el que la Corte condenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a cumplir con un plan integral de saneamiento ambiental del Riachuelo para mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca.
Desde entonces, la Corte monitorea la ejecución de la sentencia, que está delegada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, que subroga Lijo. El juzgado ubicado en Comodoro Py está vacante desde 2019, cuando renunció Sergio Torres.
Lijo tiene a su cargo “el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable cloacas a cargo de AySA, APSA y el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa); y del tratamiento de la basura (a cargo de Ceamse)”. A Rodríguez le corresponden las competencias que comprenden a los municipios de la cuenca baja, media y alta del Riachuelo.
Hacía seis años que la Corte no intervenía en la causa. El 27 de diciembre de 2016, el máximo tribunal había requerido a la Acumar que estableciera indicadores para medir el grado de ejecución de la decisión judicial e informara un calendario de cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de saneamiento.
Un año después, el 9 de noviembre de 2017, indicó que el informe presentado por el organismo resultaba insuficiente y pidió su readecuación. En marzo de 2018, Acumar, el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad expusieron ante la Corte en audiencia pública sobre el avance de la ejecución de la sentencia. Un mes más tarde, los jueces advirtieron sobre las “deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento” y requirieron el establecimiento “de plazos ciertos y fundados de cumplimiento de los objetivos de la sentencia” de 2008.
Sin mediar nuevos hechos, la causa reapareció en escena este martes, con nuevos condimentos. Esta vez, la Corte solicitó informes a Acumar y a los dos juzgados responsables de la ejecución de la sentencia. A los jueces Lijo y Rodríguez les pidió que, en el plazo de 30 días, presenten un informe “sucinto, pero suficiente acerca de todos los legajos que se encuentran en trámite en el marco” del cumplimiento del fallo. Es decir, que detallen qué controles hicieron, en una señal de hostilidad hacia uno de los candidatos que propone el Gobierno para integrar la Corte.
La sentencia lleva la firma de los cuatro cortesanos, la mayoría sólida que forman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y también de Ricardo Lorenzetti, que se especializa en derecho ambiental.
No escapa a nadie el enfrentamiento que se vive puertas adentro de la Corte, entre la tríada Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda, por un lado, y Lorenzetti, por el otro. La tensión se agigantó en las últimas semanas, cuando el Gobierno oficializó la postulación de Lijo y de Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y de Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre y necesitaría de un nuevo acuerdo del Senado y del Ejecutivo para permanecer en el cargo.
La designación de Lijo estaría auspiciada por Lorenzetti en su búsqueda por equilibrar la balanza interna de poder frente al eje que encabeza Rosatti, actual presidente del cuerpo. La postulación del magistrado, peso pesado de Comodoro Py, generó revuelo hasta en el seno del Gobierno. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que manifestó su desacuerdo en público por su candidatura, criticó la actuación del juez en la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci. “Montoneros mató a Rucci y Lijo facilitó que la causa quede en un limbo eterno", le endilgó.
La defensa oficial estuvo a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Tiene características importantes que la gente no conoce y critican sin conocer", dijo después de las declaraciones de Villarruel.
También anunciaron que impugnarán la candidatura Elisa Carrió –archienemiga de Lorenzetti, que pidió que se investigue a Lijo por enriquecimiento ilícito-, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los candidatos a presidir el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), y la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina, entre otros.
Como publicó Letra P, Mauricio Macri tampoco apoya la postulación del magistrado. El expresidente sospecha que detrás de la postulación de Lijo hay un acuerdo de MIlei con Cristina Fernández de Kirchner y una parte del peronismo. Tiene motivos. Ningún dirigente del espacio emitió opiniones sobre la postulación del juez que tuvo a su cargo causas resonantes, como Ciccone, que involucró al exvicepresidente Amado Boudou. Macri impulsará como candidata a Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura.