El Gobierno eliminaría la Comisión de Regulación de Transporte. Toto Caputo, Franco Mogetta y Lule Menem pujan por el control de la futura agencia. Despidos.
El ministro Federico Sturzenegger y su lema: desregular hasta que duela.
Captura de redes Federico Sturzenegger avanza en la reestructuración de la CNRT
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ya tendría el boleto picado para ser disuelta mediante dos alternativas de fusión y absorción con otros organismos del sector. Coordinado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, este paso de la motosierra de Javier Milei desató otra puja libertaria por el control de la agencia por crearse.
Bajo la órbita del secretario de Transporte, Franco Mogetta y conducida desde principios de 2024 por Edgar Pérez, dos exfuncionarios de Juan Schiaretti y exponentes del cordobesismo, la CNRT tiene a su cargo las tareas de regulación y control de las empresas que prestan servicios con camiones, ómnibus de larga distancia, colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), trenes de pasajeros y formaciones ferroviarias de cargas.
De acuerdo con lo que viene anticipando Sturzenegger, la ofensiva para achicar el Estado constaría de dos partes:
A fin de superar las resistencias internas crecientes por la movida, el ex titular del Banco Central de la gestión macrista quiere acelerar la puesta en marcha de las medidas.
El tiempo le juega en contra, porque el 9 de julio expiran las facultades delegadas de la ley Bases que permiten al Gobierno llevar adelante “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, mediante la centralización, fusión, escisión, disolución o transferencia de empresas y entes de la administración central a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, entre otras cosas.
Según los datos obtenidos por Letra P, para la eliminación y restructuración de la CNRT existen dos alternativas en pugna puertas adentro de la gestión mileísta.
La primera contempla la fusión del ente regulador con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST).
La nueva estructura absorbería la mayor parte de las tareas de control y supervisión de las empresas de transporte automotor de cargas y pasajeros; quedando lo atinente a permisos y licencias de alcance internacional a cargo de la Secretaría de Transporte.
En lo que respecta a los trenes de pasajeros, las actividades y funciones de control pasarían a la Subsecretaria de Transporte Ferroviario; mientras que para los trenes cargueros se crearía la nueva Agencia Federal de Regulación del Transporte Ferroviario de Cargas (AFRTC), que está prevista en el esquema de privatización de la empresa Belgrano Cargas.
Bajo este esquema, tanto las funciones como los recursos económicos destinados al control y regulación del transporte seguirán siendo manejados por las áreas de Mogetta y el Ministerio de Economía a cargo de Toto Caputo.
La segunda variante de reconfiguración de la CNRT consistiría en una fusión del ala terrestre de camiones y ómnibus en un nuevo organismo con Vialidad Nacional y la ANSV.
En cualquiera de las dos opciones, las cuestiones referidas a la temática y a los servicios ferroviarios quedarían reasignadas en la Secretaría de Transporte y en la nueva AFRTC.
Quién tiene más chances de pasar a controlar el nuevo ente vial y del transporte automotor sería Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei. Lo haría a través del actual titular de Vialidad Nacional y hombre de su confianza, Marcelo Campoy.
Más allá del camino que termine adoptando la administración libertaria, hay una arista sin resolver que podrá complicar y frenar la embestida reformista de Sturzenegger: los puestos de trabajo que se verían afectados.
Las dotaciones actuales de la CNRT, Vialidad, la JNST y la ANSV suman un total de casi 7.600 agentes. Con los cambios previstos, la intención oficial sería recortar el plantel de empleados entre 1.800 y 2.000 personas.
Los gremios afectados ya avisaron que no se cruzarán de brazos y que, llegado el caso, seguirán la estrategia de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) que acudió a la Justicia y logró una medida cautelar que les impide a las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzar con los 3.155 despidos anunciados el año pasado o con otras medidas que afecten la estabilidad laboral.