Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo defenderán sus postulaciones el 18 de agosto en el Senado. Más denuncias complican a Sánchez Torres y Montesi.
María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo podrían asumir como vocales de la Cámara Federal de Apelaciones en sólo dos meses. Nada garantiza que en ese mismo lapso la calma se haya vuelto a instalar en el máximo órgano de la Justicia Federal de Córdoba.
La torre del Parque Sarmiento, su sede ubicada en el pulmón verde la ciudad, se ha conmovido nuevamente tras otra sucesión de denuncias en contra de Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Aunque dirigidas específicamente hacia ambos, su exposición vuelve a echar luz sobre los vínculos entre el poder económico y el Poder Judicial en la provincia.
Difícilmente las turbulencias se hayan extinguido hacia fines de septiembre cuando lleguen los nuevos camaristas, quienes completarán vacancias vigentes desde 2021 y 2023 respectivamente. Desde ese mismo momento deberán procurar un difícil equilibrio entre las demandas institucionales por el funcionamiento del cuerpo y lo que ambos consideran como prioridades para sus gestiones.
Antes de la feria de julio, bajo patrocinio de Elisa Carrió, la agrupación Voces por la Cultura, por la Paz y por la Justicia llevó al Consejo de la Magistratura de la Nación las denuncias que ya se investigan en Córdoba contra Sánchez Torres y Montesi: una en que se los acusa de haber manipulado la integración de aquellas salas (aprovechando las vacantes), para intervenir de manera conjunta y favorecer a la cerealera Bunge en causas por evasión tributaria; otra por violencia laboral, institucional y de género contra una secretaria de Cámara; una tercera por enriquecimiento ilícito.
La presentación pide que se abra un proceso de enjuiciamiento contra ambos jueces, cuya conclusión debería ser la destitución. Considerando además la gravedad de las acusaciones, las denunciantes piden que sean apartados de manera inmediata de sus cargos.
Voces cercanas a Sánchez Torres remarcan que no se trata de exposiciones sobre hechos nuevos, sino una continuidad de denuncias ya conocidas, dos de las cuales se encuentran encaminadas a una resolución favorable al juez.
Según afirman, la denuncia de Celina Laje Anaya -tía de Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro y referente cultural del proyecto político de La Libertad Avanza- cuenta con antecedentes de desestimación, por lo que se encamina a su rechazo. Mismo destino auguran a las imputaciones sobre dos inmuebles que no habría declarado. “Puso todo en regla”, bisbisean.
Otras fuentes auguran, no obstante, un tránsito lento y encaminado al olvido a las presentaciones. Para ello apuntan a la inminencia de las elecciones para renovación de consejeros, en especial los políticos. “La mayoría está en otra. Les quedan unos meses y no van a querer problemas”, vaticinan.
También desconfían de las versiones sobre una caída en desgracia de la pareja. Apuntan a contactos vigentes de peso en el tablero judicial, en un trayecto que va desde la gobernación de Córdoba hasta las puertas de Daniel Angelici.
Esas mismas voces no vacilan en apuntar al kirchnerismo como motor de las acusaciones, a través de reconocidos nombres cordobeses. “No es que Abel sea un santo. Es que del otro lado está el kirchnerismo. Eso no hace más que fortalecer algunos lazos con los libertarios”, escudan.
Durante la semana que concluye una nueva delación puso a los magistrados en las tapas de los medios nacionales. Los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, de Córdoba, pidieron una nueva investigación penal contra Sánchez Torres y Montesi por el delito de admisión de dádivas.
La denuncia de los fiscales, que también tienen a su cargo la causa por presuntos favores a Bunge, tiene componentes que remiten directamente a dos grupos económicos de peso: Porta Hermanos y el Grupo Astori Constructora.
Según la información que cuentan, los camaristas habrían realizado un vuelo a Punta del Este, en 2024, en un avión de la firma Airjet, que fuera propiedad de la familia dueña de Porta Hermanos, una empresa química sobre la que pesan denuncias por contaminación y evasión, en las que ha intervenido Montesi.
Aunque desde la firma aseguran que al momento de los viajes ya no poseían la aeronave, distintos testimonios aseguran que los empresarios del grupo seguían usándola entonces.
Airjet está hoy en manos del grupo Astori, empresa vinculada a un fideoicomiso que mantiene un conflicto con el Estado nacional por la posesión de terrenos. Versiones ubican en ambos viajes, cuya valuación alcanza los 34 mil dólares, a María Pía Astori y Guillermo Assales, directivos de la firma.
Pía Astori es, además, presidenta de la Fundación Mediterránea de Córdoba, usina de proyectos y referencia obligada para entender la política económica de la provincia y la Región Centro. Desde allí mismo el juez pretendía pavimentar su camino a la Corte Suprema de Justicia.
Allegados a Sánchez Torres piden considerar que su vínculo con la empresaria es tan añejo como público. “Son amigos desde hace largo tiempo” dicen, señalando múltiples fotos que muestran al juez en eventos del Círculo Rojo cordobés.
Escépticos, querellantes contra Porta destacan que son demasiadas las denuncias contra los camaristas, que nunca se apartan de las causas en que se cruzarían intereses. “Se creen impunes”, protestan. Y recuerdan que, en cada intervención, la camarista votó en favor de la firma.
Mancini y Cortés Olmedo deberán defender sus postulaciones el martes 18 de agosto, en el Salón Azul del Senado. Allí deberán responder preguntas de los legisladores y cuestionamientos de la ciudadanía, que puedan llegar del período de impugnaciones, abierto hasta el 7 de agosto inclusive.
Resuelta tal instancia, contarían con unos 45 días hasta su designación formal, con inmediata asunción. Se trata, destacan viejos conocedores, de profesionales sobre los cuales no hay sospechas a priori, amén de avales políticos y contactos intramuros en dependencias que conocen sobradamente ya, secretaria del Juzgado Federal N°2 ella, abogado especialista en derecho administrativo y penal económico él.
Acaso ese sea el principal aval con que cuentan para impulsar acciones propias en el fragoso terreno de tribunales Federales.
Algunos de los desafíos planteados no dejan margen de dudas. Otros se dan por descontados, atendiendo la necesidad de oxigenar el ambiente. “Recuperar la convivencia institucional”, sintetiza un contertulio.
“Es imperioso reconstruir la confianza en el sistema, con claras señales de transparencia, objetividad, e imparcialidad”, razonan en el entorno de uno de los nuevos funcionarios. Aunque destaquen la existencia de una buena relación con los otros camaristas, susceptibilidades del momento eximen de poner nombre a las alusiones.
Otros retos aparecen en un horizonte mediato. El más importante de ellos es la correcta implementación del Código Procesal Penal Federal, que entrará en vigencia en marzo de 2027 en la provincia.
Reconocido por la promoción del sistema acusatorio, el nuevo Código debía aplicarse en junio del corriente año. La postergación, que se suma a otras, alienta lecturas sobre resistencias al interior de Tribunales. El empoderamiento de los fiscales, asumirán la dirección de la investigación, y la redefinición del rol de los jueces, cuya designación responderá a criterios más aleatorios, alumbra un nuevo equilibrio en el Palacio, tras décadas de poder concentrado a partir de competencias exclusivas.
Cautos, los funcionarios involucrados aseguran que el tiempo transcurrido ha servido para pulir la puesta en marcha y suavizar asperezas. El desafío que auguran a los camaristas responde a que, si bien el sistema acusatorio permitirá acelerar los tiempos en las causas penales nuevas, todas las que están en trámite hasta el momento de la aplicación seguirán bajo el Código actual.
Sorteado tal escollo, otro desafío aguarda a unos y otros: lograr una respuesta jurisdiccional en tiempos razonables. Entienden, tal es la demanda más cercana para una sociedad que sigue mirando con desconfianza al Poder Judicial.
