El jefe del Tribunal Superior deja la silla a fin de año y el fiscal, en marzo. La denuncia a Pérez Moreno agitó broncas. La interna del cordobesismo judicial.
El fin de mandato del fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, y la renovación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba(TSJ), hoy en manos de Luis Angulo, convergen como necesario trasfondo para entender el nuevo escándalo del que hablan todos los resortes de la Justicia.
Como contara Letra P, los fiscales de instrucción Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger denunciaron al fiscal general adjunto Alejandro Pérez Moreno “por violar normas éticas y entrometerse en sus desempeños funcionales”. La acusación apunta a las palabras proferidas por el número dos del órgano estatal de administración de justicia, durante una disertación para un posgrado en la Facultad de Derecho, con las que cuestionó a quienes “hacen abuso de la figura de la asociación ilícita” en sus actuaciones.
La acción de Gavier y Klinger no sólo reactivó la discusión sobre la política criminal que se aplica en la provincia, cuyas líneas de ejecución define también el Ministerio Público Fiscal, horas antes de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el uso de la prisión preventiva.
La polémica posterior se recorta sobre un trasfondo conocido, nunca reconocido, de disputas palaciegas. Prematuras algunas, endémicas otras, anticipan discusiones en la administración de la Justicia que tomarán temperatura tan pronto se disipe la polvareda de octubre.
Como también contó Letra P, Pérez Moreno llegó al estratégico cargo con aval del gobernador, a inicios del año. Su nombramiento, precedido por el de Jessica Valentini como vocal del TSJ, completó una serie de movimientos para ubicar “nombres propios” en lugares clave de la administración de Justicia.
Consecuentemente, muchas lecturas apuntaron a que el número dos del MPF hablaba en nombre de Martín Llaryora al cuestionar decisiones de los fiscales, reforzando la necesidad de impulsar un enfoque propio en materia de política criminal penal.
También, como un mensaje desde el riñón del llaryorismo hacia un grupo de funcionarios nombrados durante anteriores gestiones, que reportarían directamente hacia terminales de Juan Schiaretti, como Delgado y Angulo; o hacia un “tardío delasotismo”, encarnado en la Sala Penal del órgano colegiado.
Caminantes de pasillos tribunalicios atenúan la resonancia de los dichos de Pérez Moreno. Sin negar credencial de origen, aseguran que no habla por, ni representa, el pensamiento del gobernador. Antes bien, creen que podría haberse extralimitado en un juego en tándem con operadores judiciales siempre dispuestos a hacer favores al Ejecutivo.
Sí conceden que el adjunto debería haber actuado con el decoro de su cargo, no como el abogado penalista que ejerció hasta hace meses. Rechazando el argumento familiar esgrimido por aquel (“les habla el Ale”), remarcan que su rol es “instar a la acción penal, no criticar públicamente a quienes actúan”.
En la misma órbita, se recuerda que Pérez Moreno defendido a funcionarios acusados de graves cargos en su desempeño, como el exjefe del Servicio Penitenciario, José María Bouvier, y el exjefe de Bomberos, Gustavo Foli, entre otros. Algunos de ellos fueron investigados por Gavier, algunos fueron encarcelados usando la figura de asociación ilícita.
En ese marco, leen la reacción de los fiscales como un intento de frenar una posible avanzada en su contra, repleta de tufillos que emanan del poder.
En esa línea interpretativa reafirman a Pérez Moreno como un ariete contra funcionarios que orbitan en los armados de anteriores gobernadores en la Justicia.
También miden la distancia con Aída Tarditti, integrante de la Sala Penal de TSJ, una de las referencias nacionales en la materia, a quien muchos ubican en la línea de partida por la sucesión de Angulo, el nombre "más schiarettista" en el órgano judicial.
Las fuentes consultadas relativizan el interés de Pérez Moreno por reemplazar a Delgado, cuyo mandato como fiscal general concluye en marzo de 2026.
Según explican, la real voluntad del penalista es llegar al Tribunal Superior para terciar en las discusiones con aquella Sala Penal, que hoy lidera otro hombre fuerte, Sebastián López Peña, antecesor de Angulo en el cargo.
Desde la sede del órgano colegiado remarcan que “Ale” no contaría con los avales necesarios, mucho menos después de esta polémica. Consecuentemente, le auguran un difícil tránsito en las próximas semanas. El propio TSJ analiza sanciones por planteos que se espejan en la presentación que recibiera Delgado. Ya hay un expediente abierto por el Tribunal de Ética, otro espera en la oficina de Sumarios Administrativos.
Sobre ese escenario, los analistas piden seguir los pasos de éste. Aunque haya declarado su intención de dejar su cargo en el MPF, la ausencia de referentes llaryoristas le asignaría una chance de continuidad, aún cuando se trate de un especialista en derecho empresarial y bancario, no en la materia penal, la que más interesa a un gobierno que registra a la inseguridad como la principal demanda social.
“Martín no tiene más fichas. Le conviene que siga Delgado, aunque no sea propio, simplemente porque lo conoce y sabe que puede ser orgánico”, sintetizan.
En diciembre, tres meses antes del fin de mandato del titular del MPF, se producirá el fin de ciclo para la presidencia de Angulo en el TSJ.
Sin posibilidad de reelección para él, las referencias ya mencionadas, López Peña y Tarditti, destacan entre las especulaciones. No sólo por credenciales y dotes políticas, también por aquel espíritu de época que asigna capital importancia a la discusión sobre la criminalidad.
La selección excederá razones nominales: la presidencia es la que administra los recursos económicos. Con ellos no sólo se sostienen las definiciones sobre políticas públicas; también se deberá mantener en cauce el proceso de equiparación salarial que permitió destrabar el prolongado conflicto con los empleados judiciales.
La selección será también reactiva a los tiempos políticos. Sin mayores aspiraciones del llaryorismo (sólo cuenta con Jessica Valentini, quien ya actúa plenamente integrada a las dinámicas institucionales), muchos siguen con atención la reaparición en escena de Schiaretti.
Particularmente su proyecto denominado Hacemos, donde confluyen dirigentes que mayoritariamente proceden del PJ y la UCR. No se trata sólo de curiosidad: desde hace décadas los Tribunales mediterráneos son vistos como ejemplo de convivencia entre peronistas y radicales.
