Empleados vuelven al paro. El Tribunal Superior, magistrados y colegios de abogados reclaman una salida urgente. "No hay plata", la postura del Gobierno.
Marcha de los empleados de la Justicia de Córdoba
El conflicto que involucra a distintos actores partícipes del funcionamiento de la Justicia de Córdoba se encamina ya a su sexto mes, convirtiéndose en uno de los más extensos de los que se tenga registro, en tiempos recientes, en la provincia.
Este miércoles, los empleados del Poder Judicial volverán a las medidas de acción directa, en reclamo de una recomposición salarial superior a la ofrecida hasta aquí por el gobierno provincial. El cronograma de reclamos, definido este martes, incluye asambleas, abandono de tareas, marchas y otro paro como posibilidad concreta para la próxima semana.
Desde el Panal, como se conoce a la sede de la Gobernación, no han confirmado aún una nueva oferta, tras el rotundo rechazo a la anterior, días antes del inicio de la feria judicial.
Las semanas de receso sirvieron como bálsamo para los ánimos. Pero, aunque no se interrumpieron los contactos, la actividad vuelve a encontrar a las partes en pugna sin solución para sus reclamos.
Luego de una reunión de los cuadros orgánicos, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) decidió dar continuidad a un plan de lucha que reiniciará este miércoles y se extenderá hasta el martes 4 de agosto, con impacto en las sedes tribunalicias de la provincia y en las unidades del Ministerio Público Fiscal. En esos días alternarán asambleas, retiros y movilizaciones, hasta converger en una asamblea extraordinaria en la que se pondrá fecha a un nuevo paro.
La entidad gremial justificó la decisión en “la falta de una nueva propuesta salarial por parte del TSJ”. En un comunicado posterior, describió que “el conflicto continúa sin una respuesta que permita avanzar en una verdadera recomposición para las y los trabajadores judiciales”.
Cabe recordar, la última propuesta consistió, en un adelantamiento de los tramos pendientes para la equiparación con el 90% de la remuneración de sus pares de tribunales federales. La misma fue rechazada en una asamblea general en la que predominó el reclamo de una mejora que permita una recuperación de lo perdido en años anteriores frente a la inflación y que contemple el aumento en dos puntos de los aportes personales por la vigencia de una nueva reforma previsional.
Tras el regreso de la feria (y aún durante la misma) hubo contactos informales entre el Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el gremio. Para los negociadores del gobierno, el balance no puede ser considerado negativo. Consideran que predominan tanto el diálogo como la comprensión sobra la estrechez de las arcas.
En el sindicato la lectura prevalente marca el paso del tiempo. Evocan que el conflicto inició en febrero y que desde entonces el reclamo permanece irresuelto, pese a la voluntad manifestada en cada audiencia. En ese lapso se han concretado ya 22 jornadas de protesta en capital y 25 en el interior.
“El 2,1% que anunciaron como incremento es lo que manda la Corte Suprema. No pueden desconocerlo. Pero no hay otra cosa por ahora. Dicen que no tienen plata”, cuentan a este medio.
La misma fuente advierte que sí se han expresado amenazas de descuentos por aquellos días de paro. Los mismos podrían verificarse el próximo martes, cuando perciban los salarios correspondientes a julio, antesala de la próxima asamblea general.
La escasez de dinero es repetida como mantra por la administración provincial y replicada sobre la mesa por el TSJ. De tal manera, los supremos deslizan responsabilidades y coinciden con empleados y magistrados en esperar que la solución llegue del Ejecutivo a través de nuevas partidas
Lecturas oblicuas adjudican una intencionalidad que excede lo formal. “El TSJ no quiere asumir la conducción del conflicto porque no se asume como patronal. De paso, dejan crecer el problema para marcar la cancha a un gobierno al que no terminan de aceptarle los modos”, cuentan analistas experimentados.
Las expectativas contemplan el regreso de su licencia de Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior y avezado negociador. Su ausencia sirve también al Ejecutivo para explicar alguna dilación. “No van a avanzar sin que esté él”, explican.
La aclaración parte del supuesto que, más temprano que tarde, una nueva oferta deberá llegar desde el Panal. Aún sin precisiones, como ya contó Letra P, cualquier propuesta nueva implicaría una cifra superior a los $1.200 millones, cálculo que sirvió de base para analizar la que acercara, sin éxito, Martín Llaryora.
Atentos al desenlace de estas discusiones permanecen los Magistrados. Sin respuestas a sus reclamos de una mejora para sus remuneraciones, mantienen las protestas en las escalinatas de Tribunales, dos veces por semana.
“El Gobierno ha dicho que buscará una estrategia para arreglar con todos, pero hasta ahora no tenemos novedades. Ni a nosotros ni a los empleados nos han comunicado opción alguna”, apuntan.
Advirtiendo sobre un incremento en la cantidad de funcionarios que ya analizan una vía judicial para sus reclamos, piden al gobernador “una salida política”. Coincidiendo con los gremios estatales, observan que la nueva sintonía con el gobierno nacional permite acceder al giro de nuevos fondos. “Ya no es una cuestión de plata”, analizan.
Su preocupación es compartida por los colegios de abogados de la provincia, actor de peso que sumó públicamente su voz ante otra inminente paralización en el funcionamiento de la Justicia.
Este lunes, el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba fueron recibidos por los vocales del TSJ, ante quienes expresaron “la preocupación de la abogacía por el impacto que la prolongación de las medidas de fuerza genera sobre el ejercicio profesional, el acceso a la Justicia de los ciudadanos y el normal funcionamiento del servicio judicial”.
“Atravesamos serios problemas en el ejercicio de la profesión. La Justicia no está funcionando normalmente, con demoras en todos los procesos. Y la Justicia es una función indelegable del Estado, no puede ser reemplazada”, precisó Eduardo Bittar, presidente de la entidad capitalina.
