La propuesta consiste en adelantar la equiparación con el fuero federal, pagar un bono y no descontar los paros. El gremio debate. Jueces, disconformes.
Propuesta de Martín Llaryora a los empleados de la Justicia de Córdoba
Tras varias semanas de reclamos, el gobernador Martín Llaryora puso las primeras cartas sobre la mesa de negociación con los sectores que mantienen un prolongado conflicto en la Justicia de Córdoba. La ronda arrancó el pasado viernes, con la confirmación de la aplicación del aumento del 2,6%, retroactivo a abril.
La oferta alcanza a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial provincial, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ofreció a los empleados la primera propuesta de recomposición salarial. La misma se basa en un adelantamiento de los tramos que restan para completar la equiparación de sus salarios con el 90% de lo que perciben sus pares del fuero federal.
Pese al optimismo que sucedió a cada oferta, la aceptación no parece asegurada. La existencia de internas en cada uno de los colectivos en pugna añade una capa de imprevisibilidad a una demanda que, dicen de uno y otro lado, excede una mejora salarial.
El ofrecimiento de recomposición, extendido por el TSJ pero con gestión del Ejecutivo provincial, llegó en la cuarta reunión de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo. Hasta aquí, los emisarios se habían limitado a afinar cálculos.
Además del aumento que llega como espejo de lo asignado por la Corte, la propuesta, que coincide con una de las ideas planteadas por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), consiste en adelantar los tramos que restan para lograr la referencia de equiparación de los empleados.
Para las categorías más bajas, prevé completar la pauta a lo largo del año. Para el resto del escalafón, el adelanto de una cuota adicional del acuerdo, que se suma a la prevista para julio, y el pago del tramo restante para julio de 2027, un año antes de lo previsto.
Además, contempla que no se descuenten los días de paro, que totalizan 22 y 25 días respectivamente en capital e interior.
La mejora en la remuneración final oscila entre los 4,5 y 7 puntos porcentuales, además de contemplar un bono para las categorías más bajas. Para los sectores de mayor remuneración permitiría compensar, parcialmente, el aumento en los aportes personales dispuestos por la denominada ley de equidad jubilatoria.
Tal era uno de los objetivos de mínima con que los representantes gremiales llegaron a la mesa abierta por Trabajo. “Nos sacaron lo que habíamos conseguido el año pasado, tras una lucha de 13 años”, repiten desde entonces.
La ronda de consultas comienza este martes, con asambleas en cada una de las sedes gremiales de la provincia, y se define el miércoles, con una asamblea general en capital.
La continuidad de aquella norma, junto con el tiempo pasado sin respuestas, impiden vaticinar una aceptación masiva. “Habitualmente, cuando hay una mejora de plata, es más fácil un acuerdo. En este caso no tenemos certeza alguna. Va a estar peleado”, admiten voces que han seguido la negociación.
Como contó Letra P, magistrados y funcionarios judiciales coinciden con los empleados en rechazar el incremento en los aportes patronales que permite la ley 11087. Sobre esa base, piden que se cumpla plenamente su propia equiparación con los sueldos de funcionarios de la Justicia Federal. Establecida en un 90%, según sus cálculos hoy llega a un 77% de lo que aquellos perciben.
Aunque en todo momento marquen diferencias conceptuales, es difícil concebir otra salida que un incremento en sus remuneraciones. Por ello no consideran satisfactoria la posibilidad de un recorte de dos puntos en los aportes, tal como se desprende de una reciente resolución del TSJ.
Por esto mismo tampoco expresan conformidad al analizar la suba de 2,6% que dispone el gobierno provincial a partir de la acordada de la Corte Suprema. Desde el grupo de magistrados independientes, disidentes de la Asociación de Magistrados pero sentados a la misma mesa, apuntan a una cifra cercana al doble de aquella oferta.
“Anuncian con bombos y platillos un 2,6, pero es lo mismo que nos habían dicho hace dos semanas. O sea, están dándonos lo que manda la Corte, nada más. Muchos pensamos que había una propuesta propia del gobierno provincial, pero resulta que es lo que ya iba a venir. Parece una tomada de pelo”, explican desde aquel colectivo, cuidando de no fustigar al mismo TSJ que los invitó a una mesa pese a no contar con representatividad homologada.
El descontento persistente volverá a expresarse este martes, en paralelo a las reuniones de la AGEPJ, con otra manifestación en el edificio de Tribunales I. En cada ocasión los convocantes cuentan más adherentes.
El cumplimiento de ambas variables, una de cumplimiento fáctico, otra aún en negociación, obligaría al gobierno provincial a incrementar las partidas destinadas al Poder Judicial. Según estiman antiguos negociadores, el monto total superaría los $1.200 millones.
La mitad de esa cifra correspondería a la propuesta de equiparación para los empleados, cálculo basado en el impacto de la primera cuota, abonada el pasado año. La otra mitad se diluye entre el pago de la referencia que llega de Nación, actualización de conceptos no remunerativos y actualización de jubilaciones.
Cuidadosos, delegados con diálogos cruzados piden no detenerse en la suma final. Sugieren considerar que, al final del camino, cada efector de la Justicia comenzaría a recuperar deterioros añejos de sus bolsillos.