La mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio Político aprobó este miércoles los cargos por mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, a partir de las investigaciones sobre el fallo 2x1 (que permitió liberar represores), el del Consejo de la Magistratura (que amplió su integración) y la cautelar que aumentó la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
La medida fue rechazada por Juntos por el Cambio y por el diputado Topo Rodríguez, cercano a Roberto Lavagna, pero que después de las primarias se mostró cercano al oficialismo. Este martes se plegó a la oposición. Los magistrados tendrán diez días para ejercer su defensa, si así lo quisieran, por escrito o presencial. En cualquier caso, el FdT convocará para el 7 de noviembre a una reunión de la comisión para firmar los dictámenes de acusación, que tienen tres años de vigencia.
Para ser aprobados en el recinto de la Cámara baja, necesitan una mayoría de dos tercios, un acuerdo imposible de realizar sin el respaldo de los dos principales frentes electorales. Aún así, los dictámenes pueden ser tratados en cualquier momento y la sesión sería suficiente para dejar expuesto a alguno de los magistrados.
La otra causal de juicio político que ya había concluido es la de irregularidades en la obra social del Poder Judicial, aunque en ese caso la acusación sólo recayó sobre el cordobés Juan Carlos Maqueda, quien según los testigos tuvo a cargo su administración durante 12 años. De todos modos, una subcomisión, impulsada por el Frente de Todos, avanzó en una investigación que podría derivar en acusaciones a los otros tres miembros del máximo tribunal.
La Coalición Cívica pidió acusar por el manejo de la obra social a Ricardo Lorenzetti, quien fue presidente de la Corte durante doce años. Apuntan al rol que cumplió en ese tiempo al exadministrador del máximo tribunal, Héctor Marchi, quien estaba citado para este miércoles como parte del inicio de la investigación sobre mal desempeño del rafaelino. No fue, como tampoco los otros testigos citados.
"Marchi era una persona central en la obra social para nosotros y hubiera sido oportuno tenerlo acá. No hay ninguna acusación del Frente de Todos contra Marchi. Por eso no vino", protestó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. "Vino dos veces y en una usted no estuvo", la había chicaneado la oficialista Vanesa Siley.
La oposición rechazó todos los cargos. "Lo que pasó es que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, tenía que pagarle un aumento a los policías y se le quitó la coparticipación a la Ciudad. La prueba no me convenció: por el contrario, me convencieron de que esto fue un embate contra la Corte Suprema", cuestionó Pablo Tonelli, del PRO.
Le respondió Eduardo Valdes, del Frente de Todos. "No es cierto. Lo que disparó la investigación es que nos enteramos de los diálogos del ministro de Justicia y seguridad de la Ciudad (Marcelo D'Alessandro) con el director de la vocalía de (Horacio) Rosatti, Silvio Robles. Nos sorprendimos y nos quedamos perplejos cuando hablaban de emitir un fallo", recordó, en alusión a las filtraciones de los supuestos chats entre ambos, que formaron parte de la prueba.
Lorenzetti sólo quedó acusado en la causa coparticipación, la cautelar por la que el oficialismo responsabiliza a los jueces de haber calculado a ojo el aumento de los fondos que recibió la Cuidad de Buenos Aires. Fue el origen del pedido de juicio político a los cuatro jueces, promovido por el presidente Alberto Fernández en enero. Están acusados de violar el orden constitucional y no permitir el derecho a defensa de las provincias.
Por el fallo 2x1, que benefició al represor Luis Muiña con una salida anticipada, hay un pedido de mal desempeño contra Rosenkrantz y Rosatti. Se los acusa de incumplir el orden jurídico, los tratados internacionales vigentes y no convocar a la comisión Inter poderes, creada para seguir las causas sobre lesa humanidad. Otra hipótesis es que apuraron un fallo para garantizar la continuidad de la exjueza Elena Highton de Nolasco, quien era necesaria para garantizar una mayoría.
Para el caso del fallo de la Magistratura, se los responsabiliza a Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti de haber ejercido funciones legislativas, por poner en vigencia una ley derogada para elevar la composición del organismo de 13 a 20 miembros. Además, por esta causal, a Rosatti se lo cuestiona por no haberse excusado, pese a ser beneficiado con la decisión de la Corte, que lo designó como presidente del organismo encargado de nombrar y sancionar jueces.