La tesorera de la obra social del Poder Judicial María Guadalupe Burgos volvió a ser citada para el martes 6 de junio a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por supuesto falso testimonio en su presentación del 18 de abril, cuando mencionó a tres personas autorizadas a firmar cheques. La audiencia es el marco del proceso de acusación por mal desempeño a los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Burgos deberá dar explicaciones por la declaración que brindó la semana pasada el exdirector de la obra social judicial Aldo Tonón, quien aseguró que al menos una de las personas citadas por Burgos no estaba habilitada a girar dinero de los afiliados.
Quienes representan al oficialismo en la comisión quieren saber quién miente y conocer los actos administrativos que autorizaron los pagos de una obra social que tiene más de 100 mil afiliados cautivos de la justicia federal. En caso de comprobarse el falso testimonio, Burgos puede ser denunciada por ese delito.
La investigación sobre el funcionamiento de la obra social acumuló pruebas que complican a los cuatro jueces de la Corte. Tanto es así, que hay miembros del Frente de Todos que proponen escribir un predictamen para anticipar las causales de mal desempeño ya comprobadas, a partir de la documentación recolectada y las declaraciones de testigos.
Las pruebas principales recabadas son la ausencia de presupuestos, la no certificación de los balances, la contratación directa sin expedientes a la vista y las falencias en las prestaciones médicas. Tonón, quien fue la máxima autoridad de la obra social entre 2008 y 2021, no desmintió ninguna de las acusaciones, identificó a Burgos como quien "estaba a cargo de la tesorería"; pero la contradijo respecto a quienes eran las personas habilitadas a utilizar el dinero.
El cruce se agrava si se tiene en cuenta que la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard, aún no consiguió que la Corte le envíe el acto administrativo por el cual se nombró a Burgos con cargo de prosecretaria, como ella se describió en su declaración.
Cuando expuso en la comisión, Burgos dijo que "la firma en el banco" la tenían "el presidente del directorio y tres personas que trabajan conmigo". Se ofreció para nombrarlas y mencionó a Florencia Gnecco, Daniel Lasagna e Iván Vidal. "Los pagos que realizamos son siempre con firma conjunta", explicó.
Cuando fue consultado por el jefe del Frente de Todos Germán Martínez, Tonón reconoció que Gnecco y Lasagna podían manejar dinero de la obra social, pero desconoció a Vidal. "No creo que tuviera firma autorizada para librar transferencias o cheques", respondió.
Asimismo, contó que Vidal ingresó al menos 3 años antes que él a la obra social, pero ante la repregunta de Martínez reiteró: "No recuerdo que tenga firma autorizada para librar saldos bancarios".
El contrapunto puede ser visto como una torpeza o como un capítulo más de la interna entre los cortesanos, sobre todo porque Burgos se preocupó por nombrar a los firmantes de cheques después de brindar una declaración repleta de inconsistencias, en la que no supo identificar las resoluciones que le permitieron ascender desde la mesa de entradas de la Corte a la tesorería de la obra social.
Burgos negó las versiones periodísticas que la mencionan como supuesta sobrina del juez Juan Carlos Maqueda, quien tuvo a cargo la obra social de la Corte según la declaración de Héctor Marchi, exadministrador del máximo tribunal hasta hace dos meses.
Además, hay un mail de Maqueda de 2021 en el que confirma que cumplió esa tarea y se despide, enviado a la Comisión por el presidente de la Corte Horacio Rosatti; pero como no existe acto administrativo que haya facultado a Maqueda a controlar las prestaciones médicas, la oposición acusa a Ricardo Lorenzetti por haber sido el titular del máximo tribunal durante la mayor parte del tiempo en el que se cometieron las supuestas irregularidades denunciadas.
Burgos deberá preparar una buena explicación para no tener que dar una declaración en Tribunales, porque el artículo 12 del reglamento de la comisión de Juicio Político plantea que "si un testigo incurriera presumiblemente en falso testimonio se ordenará sacar las copias pertinentes y se las remitirá al juez competente".
En el Frente de Todos creen que Maqueda es el que más complicado está en esta investigación, pero que los otros tres jueces también son responsables porque la Corte tiene a cargo la administración de la obra social. Así lo plasmarán cuando firmen los dictámenes de acusación, recién al final del proceso, dentro de varios meses.
Representantes del oficialismo que integran la comisión querían anticipar algo de esos documentos. Lo iban a debatir este lunes en una reunión interna, pero se pospuso cuando dos no pudieron estar por problemas de salud.
Con esas ausencias, fue imposible reunir cuórum para este martes y la reunión se postergó una semana. Además de Burgos, que no estaba en la citación de esta semana, para el 6 de junio fueron citados Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la obra social; el contador público Iván Nicolás Ritvo y el funcionario de la obra social Nicolás Fascioli y la afiliada Marcela Carlomagno.
En caso de finalizar con la investigación sobre la obra social, la semana siguiente comenzarán a desfilar testigos para brindar detalles sobre la cautelar que aumentó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Los principales son el vocero de la Corte Silvio Robles y el exministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro. En el oficialismo creen que gestionaron el fallo.
Es Aldo Tonon, quien faltó a tres audiencias. En Diputados le pidieron al juez que lo busque con la policía, como permite el reglamento de la Comisión.
Aldo Tonón declaró ante la comisión de Juicio Político y contó que el cortesano lo entrevistó antes de asumir. Admitió que no se certificaban balances ni se nombraban directores.