El alcalde PRO armó el nuevo pliego de higiene urbana para atacar en todos los frentes una temática sensible en tiempos electorales. Qué cambios propone.
El gobierno de Jorge Macri inició con anticipación el proceso para renovar los servicios de limpieza y prepara cambios en la forma de controlar y pagar la higiene urbana. El anteproyecto presentado en audiencia pública este lunes establece que una parte de la remuneración de las empresas dependerá del cumplimiento del servicio y de la evaluación de los vecinos.
Durante la audiencia encabezada por el secretario de Higiene Urbana, Matías Lanusse, comenzaron a conocerse detalles de los pliegos que el Ejecutivo sometió a consulta como paso previo al llamado a una nueva licitación internacional. El contrato vigente comenzó en 2014 y, después de distintas prórrogas, continuará hasta septiembre de 2028.
La escala económica, aunque también la política, explica parte de esa anticipación. Durante 2026, los servicios de Higiene Urbana tienen asignados alrededor de $1,34 billones, equivalentes al 7,7% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. La intención del gobierno de Jorge Macri es aprovechar la renovación para modificar las condiciones de prestación y las reglas con las que se controla y remunera a las empresas.
Uno de los principales cambios que propone el Ejecutivo porteño es la incorporación de un esquema de remuneración a las prestadoras compuesto por una parte fija y otra variable. Esa segunda porción quedaría vinculada a indicadores técnicos sobre el servicio, pero también a encuestas de satisfacción y a los reclamos realizados por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
La idea es que el desempeño tenga una consecuencia directa sobre la facturación. Una empresa que quede por debajo de los parámetros previstos para su sector podría cobrar menos. Las contratistas también deberán asumir un papel activo en la presentación de propuestas para mejorar el servicio cuando se detecten problemas sostenidos.
El nuevo modelo busca sumar incentivos económicos a los mecanismos tradicionales de control. La definición final de los indicadores, su ponderación y el peso que tendrá la evaluación de los vecinos quedará plasmada en los pliegos definitivos que se elaboren después de la audiencia pública.
El cambio en la fiscalización estará acompañado por una renovación tecnológica. El anteproyecto contempla combinar el seguimiento satelital de los camiones con sensores de llenado de contenedores y procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial.
Con esas herramientas, la Ciudad pretende verificar recorridos y frecuencias, detectar desvíos de horarios e identificar acumulaciones de residuos. Según el plan oficial, esa información también permitiría orientar cuadrillas de atención inmediata hacia los puntos donde se registren mayores problemas.
Otra modificación alcanza a la organización de los recorridos. La propuesta busca adaptar las frecuencias de recolección a la cantidad de residuos generados y a las características de cada zona. Para el barrido manual y mecánico se tomarían en cuenta variables como el flujo peatonal, la tipología de las cuadras y factores estacionales, entre ellos la caída de hojas, con seguimiento por GPS.
El Ejecutivo también quiere modificar el sistema de mantenimiento de contenedores y cestos callejeros. La propuesta es concentrar su provisión, reparación y reposición en un prestador especializado, en lugar de dejar esas tareas exclusivamente en manos de las empresas encargadas de cada zona.
En el Gobierno sostienen que esa separación permitiría reducir los tiempos de respuesta y establecer un mismo estándar de mantenimiento en toda la Ciudad, independientemente de qué empresa tenga adjudicado el servicio de recolección en cada sector.
Los cambios forman parte de una revisión más amplia de un servicio que se convirtió en uno de los frentes delicados de la gestión de Jorge Macri. La limpieza y el mantenimiento del espacio público quedaron bajo una mayor presión política y administrativa y la nueva licitación aparece como una oportunidad para rediseñar parte del sistema.
La propuesta también incorpora la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro del esquema contractual, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas.
A eso se suma la creación de un circuito específico para residuos orgánicos, orientado en una primera etapa a grandes generadores y sectores determinados. El objetivo es reducir el volumen de basura que termina en disposición final y ampliar la separación de residuos desde el origen.
Más a largo plazo, el anteproyecto contempla estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una futura planta de tratamiento y valorización energética de residuos. No implica todavía una decisión sobre su construcción: los análisis deberán determinar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica antes de avanzar.
La audiencia pública funciona como instancia de consulta antes de la redacción de los pliegos definitivos y del llamado a licitación. Allí terminará de definirse no sólo cómo se organizará uno de los contratos más voluminosos de la Ciudad, sino también qué nivel de servicio deberán garantizar las empresas para cobrarlo.
Las próximas etapas del proceso aún tienen fechas a determinar, pero luego de la audiencia pública se aguarda la evaluación técnica y legal de las observaciones realizadas el lunes último para su eventual integración al proyecto. Posteriormente, se deben publicar los pliegos consolidados y, a continuación, proceder al llamado a licitación pública internacional del servicio, que incluirá el cronograma oficial para la presentación de ofertas y apertura de sobres.
