La declaración bilateral incluye compromisos que requieren la adhesión a tratados internacionales y reformas legales. El Presidente negociará con gobernadores.
Javier MIlei y Donald Trump.
La visita a Argentina del asesor de Donald Trump, Barry Bennet, quien hace quince días se reunió con los líderes de la oposición, cobra valor desde este jueves: Javier Milei necesitará que el Congreso lo ayude a cumplir con el acuerdo que se anunció con Estados Unidos. El Presidente buscará la colaboración de los gobernadores para tener consenso.
La discusión sobre el pacto con la principal potencia mundial no tiene fecha para llegar a los recintos, pero será inevitable para que la segunda etapa de relaciones carnales tome forma. Es que si bien lo anunciado es un convenio -o sea, una declaración de intenciones-, incluye entre sus compromisos acciones que requieren aval parlamentario.
Según confirmaron fuentes del oficialismo a Letra P, en algunos casos, para cumplir con lo pactado, Argentina deberá adherir a tratados internacionales; y en otros, modificar su legislación y así implementar políticas públicas exigidas por el principal socio político del país.
Entre los tratados que debería validar se encuentra lo referido a los estándares globales en materia de protección de propiedad intelectual. Es que uno de los puntos del acuerdo obliga al país a tomar medidas "contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados" y mejorar "la aplicación de la ley contra los productos falsificados y pirateados". La Argentina debe adaptarse a los estándares del informe Especial 301 de 2025, firmado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
En cuanto a las reformas legales, el acuerdo no es específico, pero establece compromisos como la eliminación del "impuesto estadístico" para los bienes de Estados Unidos. También hay exigencias en políticas sobre el medio ambiente que permitan el fomento a la "economía más eficiente en el uso de los recursos" para extraer los minerales críticos.
Una de las discusiones legislativas será la reforma a la ley de glaciares, con la posibilidad de devolverle la autonomía a las provincias y destrabar inversiones mineras. El proyecto llegaría en los próximos días al Congreso, promovido por las jurisdicciones mineras, para debatir junto al Presupuesto 2026.
Otro punto crítico del acuerdo que podría pasar por el parlamento es el compromiso de Argentina de "abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales" y "los subsidios industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral".
La diputada de Unión por al Patria, Julia Strada, sostuvo que el acuerdo es "sumamente desbalanceado y asimétrico ya que sólo Argentina asume compromisos para un futuro acuerdo bilateral". Destacó que toca atribuciones del Congreso como "legislar en materia aduanera, reglar el comercio con naciones extranjeras y aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones".
Con el acuerdo, Estados Unidos logra resguardo en la industria digital con el convenio, al ser reconocido "como una jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales; y absteniéndose de discriminar los servicios o productos digitales", en el país presidido por Trump.
De esta manera, quedarían descartados los proyectos que impliquen tributos a las plataformas o cualquier obligación para vender servicios en el país. La oposición pedirá que esta discusión se traslade al recinto, pero en el oficialismo intentarán evitarlo.
En La Libertad Avanza aclaran que para conocer la intervención del Congreso resta que los textos finales sean redactados, con sus respectivos pasos legales y traducciones. "Llevará algunas semanas", advierten. El punteo que difundió este jueves la Casa Blanca es tomado como referencia por el Gobierno.
En la oposición, por ahora, evitaron comentarios, tal vez a la espera de la letra chica. Curiosamente, Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, presentó un proyecto de ley para gravar con un arancel del 30% las importaciones de productos que ingresen al país por medio de aplicaciones chinas como Shein y Temu.
El rionegrino anunció esta medida el fin de semana, cuando mantuvo un cruce con Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien, dijo, está dispuesto a competir con China. Si bien el acuerdo no hace mención del gigante asiático tiene un punto que parece destinado a restringir la compras a ese país.
Es el que refiere al trabajo, con un compromiso para que Argentina "proteja los derechos laborales reconocidos internacionalmente" y prohíba "la importación de bienes producidos por trabajo forzoso u obligatorio y fortalecerá la aplicación de las leyes laborales". Es otra de las discusiones que se vienen.