Bullrich no quiso sufrir una derrota en el Congreso. El caputismo reflotó la ley de lobby para culpar a Amnistía Internacional. La caza de brujas comenzó.
Mientras la administración de Javier Milei era un hervidero, a medida que iban sumándose aliados de La Libertad Avanza al rechazo público a la extranjerización de tierras que redactó Federico Sturzenegger como parte de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada llegó el tiro de gracia para el capítulo tres: Tini Stoessel posteó para sus 22 millones de seguidores de Instagram "La patria no se vende".
No fue la primera artista en oponerse a la derogación de la ley de tierras que la Casa Rosada quería tratar este jueves en el Senado. El puntapié lo dio Lali Espósito, enfrentada con el Presidente desde los albores de la gestión Milei: “6 de agosto al Congreso. No a la Ley de Extranjerización”, invitó a la marcha convocada. Y Emilia Mernes, que en 2024 evitó pronunciarse sobre los recortes en la cultura ante la prensa española, silencio que se volvió viral, replicó un video de Amnistía Internacional.
Fue la punta de un iceberg de descontento: el Gobierno ya había perdido el debate en las redes sociales y sólo le faltaba ser derrotado en el recinto, donde -según los poroteos en Balcarce 50- ya no tenía los votos. La jefa del bloque oficialista en la cámara alta, Patricia Bullrich, juntó a los 44 senadores propios y aliados de LLA y decidió que prefería evitar una votación en contra al principio de revelación al que apelaba Milei en 2024 para sacar algo bueno de los fracasos legislativos. En la Casa Rosada no se hacían cargo de la decisión de Bullrich, pero tampoco la criticaban a viva voz.
Para evitar culpar a sus aliados, un tejido societario que Diego Santilli necesita mantener si el Gobierno sueña con eliminar las PASO y Karina Milei analiza en convertir en acuerdos electorales en lugar de pintar el país de violeta, la Casa Rosada apeló a la batalla cultural para culpar a la ONG por ser una de las convocantes de la marcha antiextranjerización. El argumento lo sintetizó el diputado provincial Agustín Romo en Twitter, donde oficia de brazo ejecutor de las estrategias caputistas en pelea por las narrativas.
En un despacho aprovecharon para recordar la Ley de Lobby que redactó el sector del asesor Santiago Caputo, rechazada por entidades de transparencia y de la sociedad civil, precisamente por temor a que el Gobierno pretenda estigmatizarlas por el origen de sus fondos de financiamiento. La acusación de Romo y de Las Fuerzas del Cielo contra Amnistía refuerza esa sospecha.
"Todos los 'artistas' publicando el videito de Amnistía Internacional con desinformación sobre la Ley de Tierras. Amnistía es una ONG fundada en Reino Unido, y financiada con subsidios por el estado británico. Nada es ca$ualidad", tuiteó el usuario El Trumpista, habitual exégeta oficialista en la batalla cultural libertaria. Cierra el círculo que comenzó con la incomodidad del Gobierno ante el trapo con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que ondeó la Selección argentina luego de ganarle a Inglaterra en el Mundial.
En ciertos despachos de la Casa Rosada también se reproduce la crítica contra Amnistía, porque resulta más cómodo culpar a una ONG que a Sturzenegger, quien este miércoles sufrió el segundo traspié, después del paro de prácticos de tres días por una medida del ministro que paralizó puertos. En la batalla naval, fue tocado por primera vez.
Poco antes de que Bullrich anunciara que el capítulo tres sería dado de baja, en el Ministerio de Desregulación todavía esperaban poder debatirlo este jueves. En la Casa Rosada había un silencio generalizado, ni siquiera querían confirmar la caída en desgracia del capítulo en cuestión, comunicación que quedó a cargo del Senado, donde apuntaban contra el dogmatismo de Sturzenegger. En todos lados culpaban (¿cuándo no?) a Victoria Villarruel, luego de que la Secretaría parlamentaria anunciara que la sesión estaba convocada para el jueves a las 14.
La caza de brujas está en marcha, pero ocurre que Milei banca a Sturzenegger, lo cual hace que las críticas al ministro sean en voz muy baja. "Federico quiso hacer una de más, como siempre", lamentó un funcionario que, igual, no puede verse sorprendido: es la cuarta vez que buscaron tratar el tema, después de un sinnúmero de borradores.
En un sector del Gobierno no ahorran críticas a Bullrich, como la última responsable de juntar voluntades; pero otro la exime, al recordar que varias alianzas se detonaron cuando el ministro Juan Bautista Mahíques incluyó entre los pliegos judiciales el del hijo del cortesano Horacio Rosatti.
La apuesta oficial ahora es aprobar el resto de la ley, que incluye apartados apenas un poco menos polémicos que la extranjertización de la tierra, como la habilitación de desalojos exprés para alquileres en mora, la eliminación de la prohibición del cambio de uso del suelo luego de un incendio y mayores exigencias para el Estado en expropiaciones.
El vaso medio lleno del Gobierno: vender que la extranjerización se "entregó", a cambio de que los aliados voten el resto.
