Interna oficialista: Patricia Bullrich negocia cambios en el súper-RIGI, pero Javier Milei se opone
La jefa del bloque del Senado acordó dos modificaciones. El Presidente le pide resolver los pedidos en la reglamentación para que no vuelva a Diputados.
La sanción del súper-RIGI sigue demorada y provocó una interna en el Gobierno. Patricia Bullrich, la jefa del bloque La Libertad Avana del Senado, acordó dos modificaciones con los aliados, lo que obligaría a que el proyecto volviera a debatirse en Diputados. Al enterarse, la Casa Rosada se opuso e impidió el dictamen.
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"Vamos a negociar que los cambios se den en la reglamentación", sostuvo una fuente del Gobierno a Letra P. Las correcciones de Bullrich iban a formar parte del despacho que estaba por firmar en el plenario de comisiones y finalmente el trámite se demoró una semana. Uno de los cambios es para que el compre nacional, que abarca el 20% de las compras, contemple bienes específicamente producidos en el país.
La otra modificación negociada es la más polémica, porque se refiere al consumo energético de los grandes proyectos. El texto consensuado indica que los inversores denominados "electrodependientes" generen su propia energía y no demanden a las fuentes de consumo local. En la Casa Rosada se enteraron de estos cambios y pidieron frenarlos.
La rosca del RIGI
El debate del súper-RIGI se realizó este miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y de Legislación General. Fue la última jornada con invitados y asistió Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, quien elogió el proyecto.
Del mismo modo se manifestó Pablo Cattoni, director institucional de SIDERSA, sobre la planta en San Nicolás de los Arroyos. Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA apuntó a mejorar la letra chica del compre nacional. El presidente del plenario, el senador libertario Agustín Monteverde, tenía emitir dictamen, pero finalmente postergó la decisión una semana.
Además, los aliados de la UCR podrían pedir otros cambios. Exigen que las provincias tengan mayor participación en la selección de inversiones, aunque ese aspecto aún no está cerrado con el oficialismo.
La versión ampliada incrementa el aporte a u$s 1000 millones, con la obligación de invertir un 20% de ese monto durante los primeros dos años. Habrá cinco años para ingresar al sistema y las ventajas estarán vigentes durante tres décadas. En Diputados, se incorporó la obligación de contratar proveedores locales.
A diferencia del esquema vigente, las adjudicaciones podrán ser para rubros diversos: sólo se solicita que sean "genuinamente nuevas", una definición amplia que para la oposición se presta a cierta discrecionalidad. Sospechan que se buscó un traje a medida para la radicación en el país del empresario Peter Thiel, ceo de Palantir. Es uno de los que más puede demandar energía.