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ES LA SOBERANÍA

Hugo Passalacqua activó a la fiscalía de Misiones para defender las tierras provinciales del fallo de la Corte

El gobernador busca resguardarse de los perjuicios del DNU 70 en un distrito clave: el 90% del territorio misionero limita con Brasil y Paraguay.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ordenó iniciar acciones judiciales para defender las tierras de la provincia frente a los efectos de la derogación de la Ley de Tierras, ratificada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó vigente el DNU 70/2023.

Mediante un decreto, el misionero dispuso que el fiscal de Estado utilizara las vías legales correspondientes para defender los derechos e intereses del Estado provincial que pudieran verse afectados por la modificación del régimen sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

El caso misionero es particularmente sensible, ya que la provincia tiene casi 1.300 km de frontera, 910 km con Brasil y 376 km con Paraguay.

La disputa por la protección territorial en Misiones

Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo provincial señaló que el fallo del máximo tribunal dejó a Misiones ante un escenario de “absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional” frente a la posibilidad de adquisición de tierras por parte de extranjeros sin limitaciones.

El decreto también plantea que la vigencia del DNU podía afectar la autonomía y la soberanía territorial, además de las finanzas públicas y el entramado económico y social de la provincia. Entre los sectores considerados estratégicos aparecieron los vinculados con el desarrollo provincial y los recursos naturales.

En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que también podían verse comprometidas cuestiones relacionadas con la seguridad provincial y municipal. Por ese motivo, Passalacqua consideró necesario ejercer el derecho de defensa de los intereses de Misiones mediante las acciones judiciales que correspondieran.

Qué ordenó Hugo Passalacqua

El artículo primero del decreto instruyó al Fiscal de Estado para que, “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas”, ejerciera las acciones y defensas destinadas a proteger los derechos e intereses del Estado provincial.

El gobernador, el primero que ordena una acción de este tipo desde el fallo de la Corte que se conoció la semana pasada, sostuvo que la provincia mantenía una postura histórica de defensa de su territorio y sus recursos naturales frente al nuevo escenario judicial.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, afirmó.

Passalacqua también destacó las características geográficas y productivas de la provincia. “Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, expresó.

“Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, agregó el gobernador, en una definición que sintetizó el fundamento político de la medida adoptada por el Ejecutivo provincial.

Sin menciones a Javier Milei

A diferencia de otros mandatarios, opositores en la mayoría de los casos, Passalacqua eligió no apuntar al gobierno nacional, ni nombrar a Javier Milei, el firmante del DNU que la Corte dejó en vigencia y que el mandatario considera perjudicial para la provincia.

Sin embargo, la posición defensiva expone las diferencias con el modelo libertario en materia de protección de los recursos nacionales y provinciales y en lo que concierne a la soberanía nacional.

El decreto firmado por Passalacqua apenas ofrece una primera respuesta institucional de Misiones frente al escenario generado por el fallo judicial y la derogación del régimen de protección de tierras rurales. La Fiscalía de Estado quedó a cargo de definir las acciones y defensas que correspondieran para sostener los intereses provinciales.

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