El superintendente de Servicios de Salud (SSSalud), Gabriel Oriolo, empezó a transformarse en un problema potencial para el presidente Javier Milei. El funcionario, un exdirectivo de OSDE que ahora controla entre otras a la empresa donde trabajó durante 30 años, acumula acusaciones que contradicen el discurso presidencial que reza que en su gobierno"el que las hace las paga".
Oriolo fue denunciado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) por intentar desplazar a sus autoridades en complicidad con el diputado libertario y ex vicepresidente de la entidad, Pablo Ansaloni. En la Superintendencia niegan todos los cargos y acusaciones.
El gremio de peones rurales denunció que Ansaloni "estaría actuando en connivencia con Oriolo y funcionarios de la SSSalud con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la Osprera y hacerse el control de la obra social en violación a la sentencia que reconoce el derecho de la UATRE a designar las autoridades del Consejo Directivo" de la obra social que alcanza a 759.495 personas afiliadas y es la segunda más grande del país.
En la SSSalud sostienen que no hay ninguna denuncia penal contra Oriolo y aseguran que el superintendente actuó siempre en cumplimiento de sus deberes de funcionario público como titular del organismo fiscalizador. Fuentes de la repartición incluso afirman que Oriolo no va a ceder ante lo que consideran presiones políticas de quienes son los responsables del vaciamiento de Osprera.
Un conflicto en el Gobierno
El conflicto judicial entre la UATRE y el Gobierno levantó dudas y suspicacias por el volumen de una pelea que involucró de lleno al secretario general del sindicato, José Voytenco, y también a un peso pesado como Mario Lugones. El asesor del Ministerio de Salud, que preside la Fundación Sanatorio Güemes y tiene vínculos con el gastronómico Luis Barrionuevo y el operador radical Enrique Nosiglia, es señalado como el ministro en las sombras, con una injerencia mayor a la del titular de la cartera, Mario Russo.
El conflicto tomó mucha trascendencia mediática desde la semana pasada con denuncias cruzadas entre el sindicato y la superintendencia de Salud. La intervención sostiene que encontró "graves irregularidades financieras y prestacionales" y que la medida fue interrumpida por el fallo del juez Juan José Baric. Cerca de Oriolo afirman que la medida judicial no tuvo fundamentos legales sólidos y restableció la vieja conducción de Osprera, a la que la intervención acusa de asignarse sueldos de 14 millones de pesos y haber dejado a la entidad endeudada y con miles de reclamos de sus afiliados.
Ante esta situación, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una apelación que el juez aún debe tratar. Con todo, el conflicto judicial dejó expuesto a un funcionario como Oriolo, que se caracteriza por el perfil bajo.
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Como contó Letra P, el juez Juan José Baric dispuso la intervención de la Osprera, que hasta su muerte manejaba Gerónimo “El Momo” Venegas. El calibre del conflicto que pone en la mira a Oriolo empieza a preocupar al Gobierno. “Tenemos un funcionario denunciado por asociación ilícita y tráfico de influencias. A futuro puede ser complicado para el Presidente”, murmuran en la Casa Rosada y recuerdan la sentencia presidencial de que “le corta la mano” a quien incurra en un ilícito. Por ese motivo, aseguran en el Ejecutivo que Milei está al tanto de las denuncias que le hacen a su funcionariado y pide esclarecerlas. En este caso, quien da la cara por Oriolo es Lugones, al menos por ahora.
“Las denuncias pueden existir, pero no voy a cubrir a ningún funcionario. Le pongo un torpedo en la cabeza. No me importa nada. Yo tomé un compromiso con los argentinos", afirmó Milei en varias declaraciones a los medios.