El ministro de Desregulación avanza con una reestructuración de los organismos de supervisión, con foco en la Superintendencia de Seguros. El plan oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
NAEl ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, trabaja en un proyecto para reducir al mínimo los organismos reguladores de las aseguradoras. Los cambios incluyen la eliminación de las Superintendencias de Seguros y de Riesgos de Trabajo, que pasarían a depender del Ministerio de Economía.
En su afán por reformar y achicar la estructura estatal, Sturzenegger puso la mira en los organismos que regulan y administran distintos mercados que, a su juicio, deberían operar sin interferencia pública. Casi como una réplica de lo anunciado para el complejo industrial de Tierra del Fuego y la marina mercante, ahora el foco está en el mercado de seguros.
La intención de introducir estas modificaciones es un secreto a voces entre las aseguradoras, que incluso interpretan ciertos movimientos del superintendente Guillermo Plate como maniobras para retrasar los cambios. Sin embargo, hace dos semanas la ofensiva oficial quedó expuesta públicamente cuando el ministro anunció en redes sociales que se reunió con Javier Milei para avanzar en las “reformas de segunda generación” y se refirió en particular al sector asegurador, exclamando: “¡Se viene la revolución de los seguros!”.
Detrás de esa declaración, existe un plan para reformular completamente el mundo del seguro a partir de la eliminación de algunas competencias de los organismos reguladores. El plan contempla la posible fusión de la Superintendencia de Seguros —actualmente a cargo de Plate, quien tuvo vínculos con el actual titular del ARCA, Juan Pazo— con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El objetivo es simplificar organismos que hoy cumplen funciones similares dentro del mismo mercado.
Además de la reducción masiva de personal que implicaría la fusión, los organismos perderían su autonomía para convertirse en direcciones administrativas dentro del Ministerio de Economía, lo que reduciría su poder de control sobre el mercado asegurador. Este plan retoma, de alguna forma, un proyecto ideado por Pazo durante la presidencia de Mauricio Macri, que nunca pudo implementarse. El proyecto original del exsuperintendente y cercano a Toto Caputo era menos ambicioso que el de Sturzenegger, pero constituyó el primer paso hacia una posible financiarización de las compañías aseguradoras.
En la cúpula de las aseguradoras, el movimiento genera cierta simpatía: varios creen que se trata de un paso hacia la inclusión de las aseguradoras como agentes de capitalización de aportes, un primer indicio de la vuelta de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
A diferencia de los 90, esta vez las aseguradoras serían protagonistas, especialmente en lo vinculado a pensiones por invalidez por accidentes laborales. Un dato que refuerza esta hipótesis es la aversión de Sturzenegger hacia los bancos, a los cuales quiere excluir del negocio asegurador porque los considera improcedentes.
Otro cambio de alto impacto que estudian en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es la eliminación de la intermediación obligatoria en el sector. Los Productores Asesores de Seguros (PAS), corredores que facilitan la captación de clientes minoristas y alivian la carga administrativa de las aseguradoras, son hoy intermediarios obligatorios.
El proyecto prevé eliminar esta obligatoriedad, lo que anticipa un conflicto de alta tensión en el sector y eventuales dificultades legales para su implementación. La función de intermediación está regulada por la Ley 22.400, que establece que los PAS deben regular y promocionar contratos de seguros y asesorar a asegurados y asegurables, por lo que esta norma debería ser modificada en el Congreso.
Las asociaciones que representan a los productores de seguros ya están en alerta. Un directivo de una de esas entidades, que prefirió mantener el anonimato, afirmó: “La idea de liberar la venta de seguros no es nueva; es una agenda que curiosamente introdujo Alberto Fernández en la década del 90. Sin embargo, no se tiene en cuenta que el seguro no es un producto sencillo, sino altamente complejo. Liberar la distribución es debilitar el mercado y permitir que vuelvan a operar quienes fueron sancionados por quedarse con plata. Las aseguradoras serias lo van a lamentar”.