La mayoría oficialista del Frente de Todos en la comisión de juicio político dispuso citar por la fuerza pública al exadministrador de obra social del Poder Judicial, Aldo Tonón, por faltar a tres audiencias que investigan la conducta de los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Tonón se excusó en las causas en trámite que hay sobre su rol en la obra social y para el Frente de Todos ello no le impide comparecer, sobre todo porque testigos similares declararon, como el exministro de Justicia Germán Garvano. En tal caso, el oficialismo acepta que evite responder algunas preguntas.
"En la reunión anterior se definió que se reiteraba la citación bajo apercibimiento de que si, en esta oportunidad no comparecía, se iba a dar conocimiento al juez. Así lo establece el reglamento de la Comisión. Se le comunicará al juez la comparecencia y se pedirá al doctor Tonón que asista con la fuerza pública en la próxima reunión de comisión", anunció la diputada oficialista Carolina Gaillard, presidenta de la comisión.
La oposición no votó la resolución pero tampoco se preocupó por defender a Tonón, quien según los testigos ejercía por orden del juez Juan Carlos Maqueda, indicado como el encargado de gestionar la obra social, investigada por irregularidades como la no presentación de balances, presupuestos que no estaban certificados, vacancias en el directorio y faltas de expedientes. Pero él mismo lo negó en una nota enviada a la comisión la semana pasada, que llevó la firma de sus pares Carlos Rosenkrantz y del presidente de la Corte Horacio Rosatti.
La mayoría oficialista también aprobó pedir medidas de prueba a la AFIP sobre Moro Media, empresa que según informó el diputado del Frente de Todos sería propiedad de Natalia Monayer y Silvio Robles, secretarios de Rosatti.
"Una de las hipótesis es el tráfico de las sentencias de la Corte: el de 2x1 (la liberación del represor Luis Muiña), el de coparticipación entre la Ciudad y la provincia (de Buenos Aires) y el de la Consejo de la Magistratura. En todos los casos aparece Silvio Robles, creador de la esta sociedad, que después se apartó para poner al hermano. Queremos saber si en esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico. No sólo haber recibido, sino también entregado", anunció el diputado oficialista Rodolfo Tailhade.
El pedido fue fundamentado en un dictamen de la dirección de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados, para justificar la posibilidad de una posible eximición del secreto oficial. "Esto nunca pasó porque nunca se quisieron poner tantas trabas a una investigación", se defendió el jefe del Frente de Todos Germán Martínez.
La reunión tuvo otras ausencias polémicas como la del secretario letrado de la Corte Sebastián Clérici (faltó por segunda vez) y el contador Nicolás Serafini, quienes también iban a declarar sobre el funcionamiento de la obra social. Prometieron ir a la reunión del martes 9.
También postergó su presentación para ese día Omar Marchi, el ex administrador de la Corte desplazado por una acordada que votaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Expuso la semana pasada, pero demoró 7 días más la continuidad de su testimonio porque este miércoles debía declarar en una causa ante el juez Ariel Lijo.
"Qué casualidad que justo cuando iba a declarar y le íbamos a hacer preguntas tuvo una audiencia. Tenía toda la semana", ironizó Juan López, jefe de la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió, a quien Marchi le inició una demanda civil por haberlo denunciado por corrupción. La causa está en la Corte y el ex administrador, antes de ser desplazado de ese cargo, querelló a los jueces por no pronunciarse. Gaillard aseguró que Marchi comparecerá el martes próximo.
María Betina Bonuccelli declarará ante la comisión. Según los testigos, el cordobés controló las prestaciones por 13 años. No hay documentos que lo confirmen, pero sí un correo electrónico.
Héctor Marchi le reprochó desmanejos financieros. "Antes había un sesgo arbitrario", le contestó la nueva gestión. También destacó la mejora en las prestaciones.