El proyecto ya ingresó al Senado. Los representantes de UPCN, UDA y Suoyem afirman que los cambios preservan el 82% móvil y sostienen la Caja de Jubilaciones.
Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional en Entre Ríos que el Ejecutivo ya envió al Senado provincial. Tres sindicatos coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno y destacaron que los cambios sugeridos fueron incorporados al texto que será debatido en la Legislatura.
La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) reconocieron “la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82% móvil”.
Los tres gremios destacaron que el gobierno abrió la discusión y que sus planteos fueron incorporados en el proyecto. Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, subrayó que “el gobierno tomó algunos de nuestros aportes”, mientras que el municipal Fernando García (Suoyem) afirmó que los representantes sindicales pudieron “participar y aportar”.
Desde UDA, Mirta Raya reconoció que "era justo y necesario" que los gremios pudiesen trabajar con el gobierno por el futuro de la Caja de Jubilaciones. Aunque cada gremio mantiene sus diferencias específicas, coinciden en que la participación sindical modificó puntos centrales del texto, como la reducción del período para calcular el haber inicial, que quedó en 20 años, y el rechazo al índice de movilidad de Anses.
Los sindicatos que se pronunciaron comparten la idea de que la reforma debe apuntar a la estabilidad del sistema previsional. Domínguez lo consideró “lógico” en un contexto de crisis se escalonen los aportes según ingresos, aunque apuntó que los aportes extraordinarios para salarios superiores a 3 millones “no afectan” a su sector.
Aunque UPCN advierte que seguirá discutiendo la edad jubilatoria y Suoyem insiste en sostener los 10 años para el cálculo del haber inicial, los tres gremios convergen en que la reforma debe garantizar la sustentabilidad futura sin cargar el ajuste sobre los trabajadores de menores ingresos.
1) Declaración de emergencia previsional hasta 2027
El proyecto declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por decisión fundada del Poder Ejecutivo. La emergencia se aplica a los tres poderes del Estado, entes descentralizados, empresas públicas, municipios adheridos y todos los sujetos alcanzados por la Ley 8732.
2) Facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo
Durante la emergencia, el Ejecutivo queda habilitado a:
Este es uno de los puntos más sensibles porque centraliza poder en el Ejecutivo para intervenir el sistema previsional.
3) Aporte personal extraordinario para salarios altos
Se crea un aporte adicional obligatorio para trabajadores activos que ganen más de $3 millones, con una escala progresiva del 1% al 8% según el nivel salarial.
Es uno de los puntos más discutidos por los gremios, aunque varios sindicatos señalaron que sus escalafones no alcanzan esos montos.
4) Aumento del aporte patronal
Todos los empleadores —Estado provincial, municipios, comunas, entes y privados con subvención estatal— deberán pagar 3% más de aporte patronal durante la emergencia.
Esto impacta directamente en las cuentas municipales y en instituciones educativas privadas subvencionadas.
5) Reforma estructural del sistema previsional
El proyecto modifica numerosos artículos de la Ley 8732. Los puntos más críticos son:
Se propone duplicar la base de cálculo, de los actuales 120 meses a 240 meses (de 10 a 20 años), para “evitar distorsiones generadas por ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación, manteniendo como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto”.
Se elimina la posibilidad de aplicar el índice de ANSES y se establece un criterio basado en la evolución salarial del escalafón general.
Se plantea avanzar hacia una edad jubilatoria similar, con contemplaciones específicas para mujeres.
6) Aportes solidarios para jubilados con haberes altos
El Ejecutivo podrá establecer aportes previsionales solidarios para beneficiarios con jubilaciones elevadas, cuando existan desequilibrios actuariales.
Este punto afecta directamente a jubilados de regímenes especiales.
7) Obligación del Estado de cubrir el déficit
El Estado provincial deberá garantizar mensualmente los fondos para pagar todas las prestaciones, incluso cuando el déficit corresponda a municipios o comunas adheridas.
8) Intimación a jubilarse
La autoridad empleadora podrá intimar a los trabajadores a iniciar el trámite jubilatorio a quienes ya cumplan los requisitos, con un plazo de seis meses.
Este punto impacta en la administración pública y puede acelerar retiros.
9) Digitalización obligatoria
La Caja deberá implementar trámites íntegramente digitales para reconocimientos de servicios y otorgamiento de prestaciones.
10) Mayor control sobre municipios y privados
La Contaduría General podrá retener automáticamente fondos de coparticipación a municipios y comunas que adeuden aportes.
