La Casa Gris presentó el proyecto de ley con los principales vectores del cambio al sistema jubilatorio. ATE, AGMER y otros gremios resisten y levantan la voz.
El gobernador Frigerio con su funcionariado junto al sindicalismo en la presentación de los parámetros generales de la reforma previsional.
Sin que el texto del proyecto de ley viera la luz, el gobierno de Entre Ríos presentó a sindicatos y legisladores un borrador con lo que denominó los principales vectores para la reforma previsional que será sancionada, según el oficialismo, en este primer semestre. Los trabajadores organizados ya ensayan argumentos en contra.
Como contó Letra P, serán tres los principales puntos de la reforma, de los nueve difundidos por la Casa Gris.
El primero, las edades para jubilarse, que hoy son de 57 años para mujeres y 62 para hombres en el escalafón general. La intención oficial es elevarlas a 60 y 65 respectivamente, como sucede a nivel nacional con ANSES.
El segundo punto es la ecuación por la que se llega al 82% móvil. Aquí el gobierno habla de ampliar la base de cálculo, siempre sobre el 82% del bruto. “En lugar de 10 años, que sean 15, 20 o 30”, sostuvo Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
El tercer punto estará dado por la eventual paridad de la edad de hombres y mujeres para acceder a la jubilación, elemento que no está detallado, pero que fue propuesto para “debatir y buscar consenso”.
El 82% móvil del salario aplicado al haber jubilatorio es, desde hace tiempo, además de un aspecto legal una bandera. Tanto de los sindicatos como de los gobiernos, antes de los peronistas y hoy de Rogelio Frigerio. La disputa aparece cuando se habla de cambiar el cálculo para llegar a ese número. El gobierno propone sostener el 82% del salario bruto, pero apunta a que se tome como base de cálculo los últimos 30 años de aportes y no los últimos 10, como hasta ahora. Además, pretende elaborar un nuevo coeficiente de actualización que desenganche el aumento de los activos (en paritarias) del sector pasivo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se paró con fuerza desde el vamos contra la modificación del cálculo del 82% y contra el aumento de la cantidad de años que se toman en cuenta. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de plano planteó que no está de acuerdo con la reforma en general. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) exigió un “criterio de equidad”, aunque por ahora omite detalles de la petición que están elaborando.
“Al desenganchar, perdés”, dijo a Letra P el secretario General de ATE, Oscar Muntes. Claudio Puntel, secretario de Jubilados/as de AGMER, también cree que este punto perjudicaría al futuro y al actual jubilado. Desde el principal sindicato del gremio docente de la provincia cuentan que hasta el año 2004 había pagos en negro (no remunerativos) en el salario. Entonces, si el prorrateo para el haber jubilatorio se hace más allá de los 10 años impactaría negativamente en el bolsillo de los jubilados.
En la discusión pública, el gobierno plantea que, por el modo del cálculo, los jubilados terminan cobrando más que el 82%. Los sindicatos lo reconocen, pero aseguran que “son los menos” y que esos casos específicos ensucian el debate.
Exceptuando los regímenes especiales, que contempla a docentes o trabajadores de la salud en relación a la atención de pacientes con enfermedades mentales o infecto-contagiosas, la propuesta oficial es elevar la edad para acceder a la jubilación ordinaria a los parámetros de ANSES. Es decir, 65 años para varones y 60 para mujeres.
En ATE acuerdan con la equiparación, pero no quieren cambiar la base del cálculo, reclaman que se sigan utilizando los últimos diez años de trabajo y denuncian que los ejemplos que se usan para el cambio, como jueces o legisladores, “no son representativos”. Desde AGMER, si bien la edad jubilatoria de la docencia no se modifica, cuestionan “el discurso de la mayor expectativa de vida”. Hablan de malas condiciones laborales con “compañeras que se enferman” y están “con la cabeza quemada o estrés”.
El texto oficial habla de “debatir y buscar consenso sobre la posibilidad de aplicar la paridad de género”, pero omite una consideración específica. No habla de una escala de progresividad ni de edades puntales. Tampoco si se equipararía para abajo o para arriba, aunque se entiende que está en mente elevar la edad de jubilación para las mujeres.
Al respecto, desde UPCN entienden que puede darse la discusión, aunque si nadie la plantea explícitamente la van a obviar. Para ATE y AGMER aplica el mismo criterio que para otros puntos, lo consideran un retroceso. En este caso, "disfrazado de igualdad".
“Estamos estudiando”, es lo primero que dicen desde UPCN ante la consulta por los puntos que objetan. Quieren dejar atrás el cruce con artillería pesada entre su secretario General, José Allende, y el de AGMER, Abel Antivero, quien lo acusó de “therian, que se autopercibe perrito faldero de Frigerio”.
“Hasta el momento no tenemos cerrada una petición o condicionante”, apunta la secretaria Adjunta, Carina Domínguez . Sostienen que debe haber “exigencia de un criterio de equidad sin relegar nuestro escalafón”, que es el escalafón general, para que “no se castigue a los mismos de siempre”. Aseguran estar estudiando la propuesta “para explicarle al trabajador qué pasa si no hacemos la reforma”, y pretenden saber con precisión cuánto impacta en reducir el déficit, para tener una posición fundada.
ATE propone ponerle un tope a las jubilaciones. Quieren algún criterio objetivo (equis cantidad de canastas básicas, por ejemplo) que disponga que ese sea el haber máximo que pueda pagar la Caja. Muntes puso el tema sobre la mesa en la reunión con Frigerio, pero desde el gobierno le respondieron que puede ser judicializado y costarle más caro al Estado.
El sindicato quiere además incluir otras discusiones. En sintonía con miradas de la CTA, hablan de modificar el sistema tributario. Una discusión para la que hoy no hay plafón.
AGMER piensa parecido. “Vamos a ir a todas las instancias de discusión, pero no vamos a brindar letra para que ajusten a los trabajadores”, dijo Puntel a Letra P. Sostienen que están en contra de toda la reforma, no de un punto específico. Y proponen, al mismo tiempo, una mirada integral del problema del déficit de la Caja. Denuncian, en palabras de Puntel, que “el gobierno provincial acompaña en todo a la Nación y sus políticas. Si no se resuelve el bienestar de la mayoría, la Caja siempre va a tener déficit”.