Tras mantener conversaciones con los partidos aliados que integran Juntos por Entre Ríos y con La Libertad Avanza, el oficialismo provincial presentó una propuesta de reforma parcial del Código Electoral para suspender las PASO en las elecciones de 2027.
El proyecto se propone la suspensión de las PASO en 2027 como medida excepcional y alcanzará a todas las categorías provinciales, municipales, comunales y juntas de gobierno. No implica la eliminación definitiva del sistema de primarias.
La iniciativa plantea una suspensión excepcional para el año entrante, sin modificar de manera permanente el sistema electoral provincial, bajo criterios de austeridad, responsabilidad fiscal y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. La presentación se produce en medio del debate parlamentario por la suspensión de las primarias a nivel nacional.
El proyecto para suspender las PASO en Entre Ríos
Los principales puntos de la iniciativa que el oficialismo presentará en la Legislatura son:
-Ahorro de recursos públicos. El proyecto busca reducir los costos electorales, evitar el despliegue logístico de dos elecciones y priorizar los recursos del Estado para atender las necesidades de la ciudadanía entrerriana.
-Una sola elección. El electorado entrerriano votará directamente en las elecciones generales, previstas para el primer domingo de junio de 2027 o de manera simultánea con las elecciones nacionales.
-Los partidos definirán sus postulantes. Cada fuerza política o alianza tendrá autonomía para seleccionar sus candidaturas de acuerdo con sus cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos.
El debut de la Boleta Única de Papel
El proyecto oficialista mantiene la Boleta Única Papel, que debutará el año próximo. De ese modo, preserva el sistema de votación establecido por el nuevo Código Electoral y adapta los plazos de presentación y oficialización de candidaturas.
Además, entre los objetivos principales del texto aparece la reducción de los gastos de campaña. Se propone establecer límites más bajos para los gastos electorales de las agrupaciones políticas y topes para los aportes privados.
Además, se mantienen los controles sobre los candidatos. El proyecto conserva las exigencias de antecedentes penales, la verificación del Registro de Deudores Alimentarios y los mecanismos de impugnación.