Cabe recordar que ese sector es el más golpeado por el aumento reciente de la pobreza que el INDEC blanqueará el próximo jueves 26.
Más allá de los aportes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, el festejo fue posible por la defección de los radicales violetas,quienes acaban de salir del clóset de la derecha extrema. Estos son Martín Arjol, Pablo Cervi, Luis Picat, –el liberal sumado a la bancada– Federico Tournier y el locuaz tucumano Mariano Campero, quien defendió la borocoteada con llamativo desenfado.
Todos ellos, salvo el extrapartidario Tournier, fueron suspendidos en sus afiliaciones por la Convención Nacional de la UCR, a la espera de la decisión final del Tribunal de Ética, asunto que divide gravemente al partido.
Poco antes de la celebración con Milei se produjo una volcánica reunión de bloque, en la que Rodrigo de Loredo les hizo de abogado defensor para mantenerlos, al menos formalmente, en el redil. Como contó Mauricio Cantando en Letra P, la reunión terminó a los gritos y con pedido para quitar de la conducción de la bancada a De Loredo, quien no se sabe a esta altura qué cosa lidera.
De cualquier manera, no hubo mayoría de 17 diputados para expulsarlos del bloque, lo que envalentonó a Campero, quien urgía a sus pares a apurar el trámite para irse a Olivos… De hecho, fue el único de los apuntados que se animó a acudir al festejo.
La ruptura, como sea, está concretada de hecho.
Facciones en pugna
Dentro del partido, los sectores que impulsan la expulsión de "la banda de los cuatro" son los que responden al senador Martín Lousteau y al diputado Facundo Manes. Se les enfrenta todo el resto, desde el cordobés De Loredo hasta su número dos, Karina Banfi, pasando por los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Leandro Zdero. El santafesino Maximiliano Pullaro, alineado con Lousteau, elude el asunto.
Según sondeos iniciales, tal como se constató en la reunión de bloque, no habría el consenso suficiente para defenestrar a los "radicales peluca", quienes cambiaron en tres meses sus votos y sus discursos no se sabe a cambio de qué, porque, salvo los correntinos, ni siquiera responden a gobiernos provinciales capaces de cerrar algún tipo de negocio político con la Nación.
Si esa presunción se concretara, la convivencia se haría compleja entre los radicales libres y sus defensores, por un lado, y el sector de Lousteau-Manes, por el otro. Cabe recordar que el senador definió hace pocos días lo hecho por los mencionados como una "vergüenza" y como la "búsqueda de un beneficio personal a costa de los jubilados".
La pregunta crucial es qué "beneficio" pudieron haber obtenido esos diputados sin tierra, porque, que se sepa, los puentes o las rutas que suelen servir como monedas de cambio no se construyen en la Argentina libertaria y mucho menos se los hace para que floten en el aire.
La oposición, un barco sin rumbo
La UCR vive desgarrada, como desde hace un siglo, entre su alma yrigoyenista-alfonsinista y su alma liberal-conservadora; entre las dos no hace una. La coyuntura, en la que la ultraderecha se lleva a la rastra con llamativa facilidad a sectores que se autoperciben moderados y republicanos, reedita esa tensión de modo agónico.
El partido se presta al abrazo del oso del jefe de Estado. Si este llegara fuerte a las elecciones de octubre, probablemente encontraría facilidades para engullir a los electorados no sólo del ala derecha del radicalismo, sino también del PRO sin pactar con intermediarios. Si, en cambio, llegara debilitado por su hartante agresividad y por las inconsistencias de su programa económico, sí podría tentarse con un pacto de cúpulas que dejaría a sus socios atados al mástil de un barco de casco perforado. ¿Quedará en pie algo de la política que conocimos?
Es plausible plantearse si el propio radicalismo, como tal, tiene todavía un rol histórico que cumplir o si este ha quedado agotado por sus repetidos tropezones. Sin embargo, ¿no habría sitio para corrientes –y sobre todo votantes– radicales de importancia en un futuro armado opositor?
Un rasgo estructural del bloque antimileísta en ciernes, que se encuentra más fácilmente en la calle que en las organizaciones políticas y sindicales, es su carácter heterogéneo y vinculado a las víctimas de clase media y popular de la mileinomía.
El mismo, que alguna vez encontrará un canal de expresión político-electoral, impone a priori y por su propia constitución la idea de una coalición amplia y necesariamente moderada, capaz de contener a sectores ubicados más a la izquierda –hasta el cristinismo, digamos–, pero no atada doctrinariamente a ellos; de otro modo la síntesis sería imposible. Algo así –sin final feliz, hay que recordar– ocurrió en el ocaso del menemismo y también hoy –con perspectivas mucho mejores– en el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva.
En ese contexto, el radicalismo que no se asume como un "oficialismo del cambio" sí tendría lugar bajo ese sol. La cuestión es si será capaz de advertirlo.
De fichas limpias y proscripciones
La alianza prooficialista más amplia –LLA, PRO, UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal– cerró un acuerdo para resucitar, tras ocho meses de hibernación, el llamado proyecto de "ficha limpia", que haría inelegibles para cargos públicos a las personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública.
"Esta ley reglamentará el artículo 36 de la Constitución y se lo debemos a un movimiento de ciudadanos, que dijo 'no queremos más corruptos y que el Congreso sea un lugar para evadir responsabilidades'", dijo la autora de la iniciativa, la macrista Silvia Lospennato.
El Congreso viene de ventilar inexplicables actos de impudicia en la votación sobre las jubilaciones, y sería maravilloso que se autodepurara de una vez. El problema es que la "ficha limpia" viola el principio de presunción de inocencia hasta que exista cosa juzgada. Esto podría constituir otra lesión de la democracia.
Esa "jurisprudencia creativa" emula la adoptada en Brasil con aval del Supremo Tribunal Federal (STF) y que llevó a la proscripción de Lula da Silva en las elecciones de 2022. Cuando el viento político viró del populismo judicial a la razón, el alto tribunal "encontró" que el líder de la izquierda había sido injustamente condenado en tres instancias, que su derecho de defensa había sido vulnerado por Sergio Moro y que la democracia brasileña había sufrido un daño irreparable. Claro, en el medio ganó Jair Bolsonaro y su ultraderecha antidemocrática –la que promovió un golpe en enero de 2023– se instaló como un factor de poder de largo aliento.
Cabe recordar que la "ficha limpia" brasileña fue producto de una iniciativa popular en 2010 y que el propio Lula da Silva la respaldó en el Congreso para sobreactuar apego a la transparencia tras el escándalo del Mensalão y antes de que estallara el Petrolão, que barrió con el gobierno de Dilma Rousseff y que a él lo llevó a la cárcel.
Un proyecto con nombre propio
La "ficha limpia" en versión argentina es un proyecto con nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de las críticas políticas, ideológicas y hasta éticas que merezca la expresidenta, los legisladores deberían ser más cuidadosos con la aprobación de proyectos lindantes con la proscripción.
En lugar de parches legales como este, de dudosa constitucionalidad, lo mejor sería, dado el tiempo transcurrido, que ella como acusada en diversas causas y la sociedad como testigo contaran de una vez por todas con certezas sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió.
Si el caso de Lula da Silva ejemplifica los abusos que se pueden cometer en nombre de la transparencia, sobre todo en países en los que los jueces son muy selectivos, el de Donald Trump expone los cuidados que hay que tener antes de sacar de la cancha a dirigentes con fuerte gancho popular.
El republicano, posible –¿probable?– vencedor de los comicios del 6 de noviembre, ha sido condenado por corruptelas y es objeto de otras graves causas judiciales, entre las que se destaca su intento de revertir el resultado de las elecciones que le dieron el triunfo a Joe Biden y el estímulo que dio a la horda que asaltó el capitolio el 6 de enero de 2021.
Pese a ello, la Corte Suprema falló el 1 de julio que los expresidentes estadounidenses tienen "inmunidad penal absoluta" por actos oficiales cometidos durante el ejercicio del poder, definición ambigua que por ahora ha precisado qué deja adentro y qué afuera.
¿Un delito como la incitación a la subversión del orden constitucional es un "acto oficial"? No lo parece y es posible atribuir, al menos en parte, la votación de seis a tres del alto tribunal a su composición conservadora, que consagró la elegibilidad de Trump. Con todo, cabe ponderar también el dilema de qué hacer con un hombre probablemente corrupto y golpista, pero que cuenta con un nivel de apoyo popular cercano al 50%. ¿Qué debe primar? ¿El principio de justicia a rajatabla o el laissez faire para un dirigente insoslayable, con los peligros de desestabilización política que supondría sacarlo de la cancha? Esas preguntas se aplicarán, en su debido momento, también a Bolsonaro, inhibido de ser elegido hasta 2030.
Puede afirmase, con convicción, que lo primero –hacer justicia– es lo más importante por primar el principio liberal de igualdad ante la ley. Sin embargo, los dilemas existen y se plantean incluso en democracias consolidadas como la estadounidense.
Mientras, aquí, la doble vara de la "ficha limpia" avanza.
