El gobernador envió a la Legislatura la ley que quita la obligatoriedad de afiliación al Ipross. Sólo ATE apoya. Qué gremios están en contra. Se aprueba igual.
Libertad, libertad, libertad. Como el himno nacional, Alberto Weretilneck repitió la palabra sagrada al anunciar un proyecto de ley para quitar la obligatoriedad de afiliación a la obra social provincial Ipross del plantel de empleados públicos de Río Negro. Días después envió el texto a la Legislatura y habilitó el debate que cruza a la política provincial.
A principios de la semana próxima los funcionarios desfilarán por las comisiones y el jueves, de no mediar cambios, la ley será abordada en el recinto. Pese a la oposición de la mayoría de los gremios, se descuenta su aprobación.
Hasta acá, Weretilneck se había negado sistemáticamente a debatir la obligatoriedad de la afiliación al Ipross para los empleados públicos. Dos proyectos de ley casi idénticos al que actualmente impulsa el gobernador duermen en los cajones de los escritorios del oficialismo. Uno había sido presentado por el líder del PRO, Juan Martín. El otro, por la parlamentaria de Primero Río Negro, Elba Mansilla. Ambos espacios saludaron que el gobierno cambiara de opinión.
En el proyecto de ley que arribó al parlamento hay cinco ejes que justifican la voluntad desregulatoria del gobierno. Lo principal es la libertad de elección. Según la iniciativa, está mal impedir que cada empleado elija quién le brinda la cobertura médica. En segundo lugar, pero en el mismo sentido, afirma que decidir sobre un servicio tan sensible como la salud forma parte de la autonomía individual.
La tercera razón ofusca a los sindicatos. Según el gobierno, los trabajadores están pidiendo la medida. “La incorporación del derecho de opción responde a reclamos sostenidos del sector de las y los agentes públicos tanto activos como pasivos”, dice en los fundamentos. Las últimas dos razones son la “modernización institucional” y la compatibilización entre elección individual y solidaridad.
Por fuera de los formalismos, dirigentes de diversos espacios políticos coinciden en que operó en el ánimo del gobernador una actitud de quitarse de encima el agobio sobre el deficiente funcionamiento de la obra social. Una suerte de “al que no le gusta, que se vaya”. En rigor, al Ipross se le cuestiona severamente la calidad de sus prestaciones en la atención primaria de la salud, al mismo tiempo que goza de un moderado reconocimiento respecto de su respuesta frente a casos graves o de enfermedades crónicas.
Con la excepción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que a nivel nacional conduce el aliado de Weretilneck, Rodolfo Aguiar, el proyecto para quitar la obligatoriedad de afiliación al Ipross sólo ha cosechado rechazos. Aguiar incluso señaló que “la solidaridad no está en juego”, culpó al presidente Javier Milei por los problemas en el acceso a la salud y planteó que la obra social debe estar en manos de los sindicatos.
El titular de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, sostuvo el lunes que se trata de “un anuncio vacío” y aventuró que “no se va a ir mucha gente”. Luego puso el dedo en la llaga, sembrando dudas sobre la concreción del aporte del 7% que el Estado rionegrino debe formular por cada trabajador. “Conozco que en gobiernos anteriores ese aporte no se hacía o se discontinuaba”, explicó. Por otra parte, Scalesi planteó que “Weretilneck se va a encontrar con la dificultad de que ninguna obra social ni prepaga va a querer agarrar a los trabajadores estatales por los sueldos magros que tenemos, menos a los jubilados”.
Según el proyecto del gobierno, el aporte personal —4% de los activos y 5,5% de los pasivos— podría derivarse a otra obra social. Sin embargo, el aporte patronal del 7% continuaría íntegramente en el Ipross para financiar oncología, discapacidad, prótesis, medicamentos y enfermedades crónicas.
El gremio docente Unter fue más allá y dijo que el gobierno ensaya “un intento de privatización de la obra social”. Los judiciales, a través de su secretario general Marcos Calarco, coincidieron con los maestros. “Lo que hay que corregir es cómo financiamos, cómo redistribuimos, cuáles son las prestaciones, cuántas vocalías gremiales corresponden en la obra social y rediscutir que hay un gran porcentaje de los salarios en negro y que no impactan directamente en Ipross”, expresó el gremialista en declaraciones radiales.
Desde Bariloche, Weretilneck recogió el guante y dijo que los gremios “al final, son más autoritarios los dirigentes gremiales que el gobernador”. “Yo le estoy dando libertad de elección a los afiliados y ellos no quieren que los afiliados puedan elegir. Es una buena manera de medir el ambiente democrático que tenemos en la provincia”, aceleró.
Más tarde, bajó los decibeles. “No tenemos ningún problema en aceptar cualquier sugerencia de los gremios o de la oposición para mejorar la ley”, dijo antes de enumerar tres presuntos buenos efectos de la medida: la libertad para el afiliado, que el Ipross mejorará producto de la competencia y que por esa misma razón exigirá mejores performances a los prestadores, para no perder afiliados.
En el proyecto de ley a ser tratado en única vuelta se fijan algunos condicionamientos. Por caso, que la opción que ejerza el trabajador comprende necesariamente a la totalidad del grupo familiar a su cargo. Además, el optante debe permanecer en la entidad receptora por un plazo mínimo de doce meses, vencido el cual puede optar nuevamente, por otra entidad inscripta y por un plazo mínimo de 36 meses. Recién después podrá ser reincorporado al Ipross.
Quienes no podrán irse de la obra social serán quienes ejerzan cargos electivos, cargos de designación política, quienes revistan como autoridades superiores en cualquiera de los tres poderes del Estado y organismos de control, sean provinciales o municipales, y las empresas del Estado.
Los aportes para la entidad receptora del afiliado que decida emigrar serán del 4% para el personal activo y del 5,5% para el personal pasivo, que se transferirá mensualmente. Allí aparece un asterisco con los pasivos cuyos salarios liquide ANSES. El gobierno rionegrino deberá generar un convenio específico con el organismo nacional para que deposite el dinero a la obra social elegida. Por lo tanto, los jubilados no podrán hacer operativa la mudanza hasta que eso no ocurra.
En cuanto a las contribuciones patronales, la totalidad del 7% por agente continuará llegando al Ipross. Una vez en la obra social, se distribuirá en un 3 por ciento para el Plan Oncológico, un 2 por ciento para Discapacidad y Prótesis, y el restante 2 por ciento para Farmacia y Enfermedades Crónicas.
El jueves próximo el recinto legislativo tiene la palabra.
