El Frente de Todos tiene el terreno allanado en el Senado para dictaminar los pliegos para cubrir cargos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, porque la comisión de Acuerdos, encargada de realizar las audiencias, es la única en la que retuvo mayoría propia luego de la salida de cuatro de sus miembros en febrero para formar un nuevo bloque.
De todos modos, nombrar titulares de juzgados, fiscales y defensorías oficiales requiere de una mayoría en el recinto: para alcanzarla, el oficialismo intentará negociar con gobernadores radicales e intendentes del PRO. Como anticipó Letra P, el martes y miércoles de la semana próxima expondrán 47 aspirantes a cargos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.
La mayoría del Frente de Todos en la Comisión de Acuerdos es producto de una casualidad o tal vez de una predicción de sus autoridades, que en noviembre reemplazaron al correntino Carlos Espínola, quien abandonó la bancada dos meses después.
Lo castigaron por no haber querido votar en comisión al juez de Río Gallegos Marcelo Bersanelli para integrar una Cámara de Apelaciones de Piedra Buena. La oposición objetaba una presunta cercanía a Máximo Kirchner, por haber estado casado con Candela García, funcionaria judicial y hermana de la ex pareja del diputado, la legisladora provincial, Rocío García (FdT). La otra hermana es Virginia, exsenadora y funcionaria de la AFIP.
El pliego de Bersanelli se aprobó el 16 de noviembre, Espínola amagó a irse varias veces, pero finalmente aportó el voto decisivo. Para ese entonces, su nombre ya no figuraba como vocal en la comisión de Acuerdos y sólo por esa razón será la única que funcionará este año con mayoría del Frente de Todos, que tiene 9 de los 17 miembros.
Entre los demás está la misionera Magdalena Solari Quintana, habitual aliada del oficialismo. Juntos por el Cambio sólo cuenta con 7 votos, insuficientes para frustrar cualquier dictamen.
En el resto de las comisiones el oficialismo no puede alcanzar el cuórum sin alguno de los votos propios que tuvo hasta febrero. Además de Espínola, se fueron el entrerriano Carlos Kueider, la puntana María Eugenia Catalfamo y el jujeño Guillermo Snopek. Ninguno atiende el teléfono.
Removerlos tampoco es un negocio para el Frente de Todos, porque debería revisar la nueva proporción de fuerzas en el Senado y en ningún caso sería favorecido. Es por eso que este año sólo se conformaron y se ratificaron las autoridades de las las comisiones de Presupuesto, Deportes y Trabajo y Previsión Social.
Oscar Parrilli intentó conformar la comisión de Justicia y continuar como presidente, pero no tuvo cuórum porque Snopek y Kueider no garantizaron su presencia. En Acuerdos no existe ese problema y será ratificada como titular la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
El martes y el miércoles de la semana próxima habrá audiencias para evaluar a 47 candidatos a cargos judiciales. El pliego más polémico es el de Ana María Figueroa, candidata a continuar en la Cámara de Casación Penal pese a llegar al límite de 75 años de edad.
La oposición acusa al Gobierno de presionar por su continuidad porque decidirá si se reabre la causa Hotesur y Los Sauces, que investiga presuntos lavado de dinero de la vicepresidenta. Hay otra veintena de pliegos para cubrir vacantes en Ciudad de Buenos Aires resistidos por el PRO, porque sostienen que muchos de esos cargos deberían ser trasladados a la justicia ordinaria porteña.
También hay otros candidatos de ciudades lideradas por la oposición, con el objetivo de negociar con Juntos por el Cambio. Son siete para Jujuy, uno en Mendoza y dos de Corrientes, gobernadas por la UCR; y cuatro para Mar del Plata, donde el intendente es Guillermo Montenegro, del PRO.
En Juntos por el Cambio por ahora no hay voluntad de negociar y se inclinan por revisar todos los pliegos ante la llegada de un nuevo presidente, como hizo el peronismo en 2019 después de la conformación del Frente de Todos. Claro que esa postura tendría un riesgo: si JxC no alcanza una mayoría propia en el Senado en diciembre, debería negociar con el peronismo en peores condiciones.
La pelea por nombrar jueces tiene otros capítulos: hay 28 pliegos dictaminados el año pasado que la oposición se niega a tratar, incluso algunas ciudades con muchos casos de narcotráfico como Tartagal (Salta) y Concepción del Uruguay, donde se tramitan con frecuencia causas por lavado de activos y violaciones al código aduanero. Además, hay otra tanda de pliegos enviados que aún no ingresó formalmente porque no hubo una sesión ordinaria. Planean una para fin de mes para completar ese trámite. Y seguir negociando.