Reunión de Carlos Torrendel y Alejandro Álvarez, por el lado del Gobierno, con Carlos Greco y Franco Bartolacci, del CIN.
El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezaron una reunión con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, con el objetivo de avanzar hacia un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas. La iniciativa se enmarca en la decisión del Ejecutivo de abandonar la idea de derogar la actual ley de Financiamiento Universitario y optar por una reforma que permita su viabilidad.
La propuesta oficial consiste en una nueva norma que reemplace a la ley vetada por el presidente Javier Milei, buscando resolver de forma integral la cuestión presupuestaria y, al mismo tiempo, cerrar los frentes judiciales abiertos tras el conflicto.
Claves del nuevo proyecto: previsibilidad y seguridad jurídica
Según fuentes oficiales, el proyecto busca garantizar dos ejes centrales: previsibilidad fiscal para el Estado y seguridad jurídica para las universidades. Estos puntos fueron planteados por los propios rectores y gremios durante las múltiples instancias de protesta, en especial tras el veto presidencial de septiembre de 2025.
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Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, funcionarios de Educación, a cargo de las universidades.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta”, afirmó Carlos Greco, mientras que Bartolacci señaló que, aunque “quedan muchos temas por resolver”, el diálogo representa “un paso en la dirección correcta”.
El nuevo texto aún no fue presentado en el Congreso, pero desde el gobierno nacional aseguran que ya se iniciaron contactos políticos para sumar apoyos y avanzar con su tratamiento parlamentario.
Las universidades en pie de lucha
El conflicto por el financiamiento universitario se intensificó entre 2024 y el año pasado, con movilizaciones masivas protagonizadas por estudiantes, docentes y no docentes. La más relevante fue la Marcha Federal Universitaria de octubre de 2024, que tuvo como epicentro la Ciudad de Buenos Aires y convocó a cientos de miles de personas en todo el país.
Marcha Universidades y Garrahan 14
Aquella protesta fue una reacción directa al veto de la ley aprobada por el Congreso para actualizar los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor. El reclamo se reactivó en septiembre de 2025, cuando el Presidente volvió a vetar una nueva versión de la misma norma, generando una segunda Marcha Federal con el lema “Si hay veto, hay marcha”.
Además, las medidas de fuerza incluyeron paros docentes, ocupaciones simbólicas y clases públicas, en un proceso de visibilización impulsado por gremios como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
El rol del CIN en la negociación
El Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todas las universidades públicas del país, se convirtió en un actor central del conflicto. Su conducción insistió en la necesidad de una solución legislativa duradera que contemple la actualización automática de los recursos en función de la inflación y una mayor participación en la distribución de partidas.
La reunión con las autoridades del Ministerio de Capital Humano —bajo cuya órbita se encuentra Educación— marca el inicio de una etapa de negociación institucional, con el objetivo de llegar a un consenso antes del debate legislativo.
La expectativa es que el nuevo proyecto evite un tercer veto y pueda incorporar las garantías requeridas por las casas de estudio, en un contexto de alta conflictividad y recorte presupuestario en áreas clave del Estado
