En este escenario, LLA no podría manejar una votación en el recinto. Como Unión por la Patria cuenta con sus 33 miembros dispuestos a votar en contra, el oficialismo no debe resignar más de dos aliados para llegar a 37 voluntades, lo mínimo para aprobar cada uno de los capítulos de ley ómnibus XS. De lo contrario, debería abrir el texto y someterse a modificaciones -como ocurrió en el naufragio de la ley en febrero-, para que luego sea n revisadas en Diputados.
Distintas miradas del Gobierno
Al final de la tarde, Lousteau blanqueó la estrategia del Gobierno: “Está circulando un dictamen para firmar hoy o mañana. Acaba de venir una media sanción y no tener tiempo para debatir no va a funcionar para sacar una nueva ley”, denunció el economista.
Según fuentes oficialistas, la idea de dictaminar como sea era sostenida por el ministro del interior, Guillermo Francos, quien prometía convencer a Javier Milei de aceptar modificaciones y acordarlas con los díscolos en el recinto. Antes necesitaba las firmas en disidencia de los rebeldes.
Otros referentes de la Casa Rosada que circulaban por el Senado preferían esperar un poco más: planteaban que LLA debe mostrar un acuerdo sólido para sesionar y no llegar al recinto a libro abierto, con un acuerdo a las apuradas. Especulan con una sesión épica el 23 de mayo, con algunas reformas, para que Diputados remate la ley después del Pacto de Mayo.
Estos sectores del Gobierno creen que Francos teme que Milei - en caso del traspié- vuelva a arremeter contra el Congreso. Por eso, entienden que el Ministro prefiere convencer al Presidente de negociar cambios cuánto antes y evitar que la ley ómnibus quede cajoneada.
Fuentes cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguraban que el plan no cambió: buscarán durante el jueves las firmas para dictaminar.
Los díscolos siguen
Los indecisos manifestaron sus diferencias durante el plenario y no parecieron dispuestos a ceder. Lousteau criticó el capítulo energético (identificó nuevos errores de redacción), la reforma de procedimiento administrativo y, sobre todo, el Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones, el RIGI, que aporta beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a 30 años, a inversiones de 200 millones de dólares.
“Como está redactado, si hay un insumo clave, como el agua, va tener prioridad el VPU (el proyecto del RIGI). ¿Lo saben los gobernadores?”, preguntó el economista. Cuestionó el artículo 191, que permite a las empresas exportar e importar sin restricciones. “No es una redacción feliz”, reconoció el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno los expositores en el plenario de este miércoles, que duró más de diez horas. Los otros fueron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Kueider, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, también planteó objeciones al capítulo energético: reprochó a Cammesa las deudas a la represa de Salto Grande, en Concordia.
“Es muy difícil funcionar con cinco meses de deuda. Se va a pagar con un bono, con un 50% menos y es un sistema complicado para una empresa binacional”, protestó. Chirillo prometió gestionar el tema con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
El problema de abrir una negociación es que aparecen otras propuestas de modificaciones y el Gobierno no podría negarse. Por caso, el radical Blanco podría pedir sacar a Aerolíneas Argentinas de las empresas privatizables. Gremios de prensa negocian que Radio Nacional y la TV Pública se corran a la columna de concesiones. Sería un hecho que se caería la derogación de la moratoria previsional, un reclamo del FMI.
Rebelión de Santa Cruz
El santacruceño Carambia cuestionó que se ponga un techo de 3% a las regalías mineras, como parte del RIGI, y anunció que pedirán elevarlo al 30%. “¿No les parece demasiado? Este sistema sirve para inversiones que hoy no tenemos”, se quejó.
Carambia también cuestionó la reforma laboral. “Hay que buscar un beneficio fiscal para contratar, no sacar las multas. Ninguna pyme se funde por juicios laborales”, afirmó.
El senador recordó que Chirillo trabajó en las privatizaciones de España. “¿Vino al país a privatizar las empresas argentinas?”, le preguntó. El secretario mileísta se molestó: “Tal vez usted no crea en el romanticismo”.
Chirillo fue el primer orador del plenario y, contra lo que se esperaba, no propuso un cambio del artículo 163, como había prometido Rolandi el martes . Es el que amenaza las autonomías provinciales con el nuevo régimen.de inversiones.
El secretario planteó que la reforma energética tiene tres objetivos. El primero es reducir los subsidios y destinarlos a la demanda. "Deben estar involucrados a la capacidad de pago de la gente”, señaló.
Lograda la autosuficiencia, Chirillo planteó que buscará desregularizar los mercados, con la posibilidad de que Cammesa, la empresa mayorista de energía, deje de hacer contratos con los generadores. Planteó que las empresas deben firmarlos con los distribuidores, “que tienen capacidad de pago a través de la tarifa. Cammesa debe funcionar de la manera excelente que lo hace en el despacho de transacciones”, apuntó.
El último objetivo del plan energético que propuso Chirillo es “cambiar el esquema de inversión pública y privada, a través de varios sistemas, como el RIGI o la iniciativa privada”. En cuanto a la reforma de hidrocarburos, planteó que el objetivo es liberar el mercado, sujeto a regulaciones.
Reforma laboral
El capítulo laboral generó un duro ente Cordero y los referentes de Unión por la Patria, sin intervención del resto de las bancadas. “Buscan maximizar la ganancias y que los trabajadores no pidan nada”, acusó el senador Mariano Recalde.
Cordero se defendió: “Hay un incentivo a la informalidad. Las normas generan un riesgo exagerado, que impide la contratación porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al de su propia naturaleza. Un trabajador informal cobra tres veces más”.
El funcionario justificó el aumento del período de prueba a seis meses, bajo el argumento de que "las empresas no tienen tanto tiempo para capacitar”. Cordero también defendió el fondo de cese laboral. “Ningún trabajador perderá derechos", prometió.
Recalde advirtió sobre la inconstitucionalidad del capítulo que permite tener hasta cinco trabajadores independientes y Cordero lo cruzó: “Hay jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia”, dijo el funcionario.
El jefe de UP José Mayans volvió a protagonizar un momento de tensión, cuando acusó a Rolandi de cobrar 70 millones de pesos como director de YPF. “Se equivocó por 22 veces. Cobro lo mismo que un secretario de Estado”, le respondió. Serían 3.3 millones.
