Tras la demanda de Ignacio Torres, la Procuración del Tesoro pedirá revocar el fallo del juez federal de Rawson que ordenó devolver los fondos coparticipables.
Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei ya tiene preparada su primera respuesta al fallo de la Justicia federal, que ordenó este martes a la Nación devolverle la coparticipación federal que venía reclamando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Será a través de un per saltum para que resuelva directamente la Corte Suprema de Justicia.
Pese a la respuesta que prepara la Casa Rosada, el carácter del fallo de la Justicia federal es suspensivo, aún si el Gobierno busca llevar el reclamo directo al máximo tribunal. Según explicaron especialistas, si el presidente no acata el fallo del juez federal de Rawson podría pagar el costo político que, inclusive, se podría agravar si Chubut decide ir con una acción penal contra el Ejecutivo.
La pelea entre Milei y Torres estalló la semana pasada, a instancias de que el gobierno decidió ejecutar una garantía para cobrar una deuda de Chubut y dispuso, en consecuencia, un recorte a la transferencia habitual de fondos a esa provincia. La decisión, fue leída rápidamente como una represalia contra el gobernador, que venía encabezando una rebelión contra distintas medidas de la Casa Rosada.
En paralelo al pedido de per saltum, el oficialismo podría pedir también una acción inhibitoria contra el magistrado patagónico.
No es la primera vez que la administración libertaria avanza con este tipo de estrategias judiciales. De hecho, la Jefatura de Gabinete de Ministerios, con patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, ya había planteado la inhibitoria del fuero laboral para que la causa que había iniciado la CGT contra un artículo del DNU se remita al juzgado contencioso y , así, todas las medidas cautelares en contra del DNU sean tratadas en un mismo fuero.
Ahora, como antes, se trata de un planteo ante un órgano judicial que se considera competente para que le solicite a otro órgano que conoce de un asunto que se declare incompetente, es decir, que se inhiba para seguir actuando sobre esa causa y remita, en consecuencia, las actuaciones.
La provincia de dirige Torres hizo tres pedidos ante la justicia federal. Por un lado, pidió "el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial realiza sobre las sumas que ha de percibir la la provincia de Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos".
Por el otro, solicitó "renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda” o que se autorice a la provincia a que tome "un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera”.
Por último, requirió una "inmediata revolución" de los fondos retenidos por parte del gobierno nacional. Este último punto no fue aceptado por el magistrado, que sólo resolvió a favor de suspender el recorte de los fondos y exhortó a las partes a que arbitren los medios necesarios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial.
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