En lo que puede convertirse en un tema de debate en la campaña presidencial, el Frente de Todos y la UCR dictaminaron un proyecto de ley para regular los alquileres temporarios con fines turísticos, que se hicieron populares en los últimos años a través de plataformas como Airbnb.
El texto final fue consensuado en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo, a partir de proyectos presentados por Ana María Ianni (FdT) y Mariana Juri (UCR). No hubo representantes del PRO que se expresaran y ninguno de los que integran las comisiones había firmado el dictamen ni bien terminó la reunión. Tienen 48 horas para pensarlo.
En el bloque PRO en la Cámara alta anticiparon a Letra P que no acompañarán la iniciativa porque, a su entender, la discusión sólo beneficiaría al ganador de las primarias, Javier Milei.
El consenso de la UCR y el FdT contrastó con la posición de todo JxC en la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada, en la que se aprobó una reforma de la ley de alquileres. Al inicio del debate, el oficialismo intentó tratar un proyecto de regulación de los alquileres temporarios de Paula Penacca, pero ningún opositor acompañó. En ese recinto estaba Milei, quien se opone a sumar cualquier tipo de regulaciones y envió a sus tropas legislativas a impedir cualquier debate.
En la Legislatura bonaerense, La Libertad Avanza frenó una ley para sindicalizar a quienes ofrecen servicios de delivery que funcionan a través de plataformas (como Rappi y Pedidos Ya).
En el debate sobre alquileres temporarios, el bloque libertario trazó su grieta en la Ciudad de Buenos Aires, donde presentó un proyecto para derogar el registro creado hace cuatro años, que según el senador Mariano Reclade, sirve de poco y nada. “Hace falta que el Estado tenga un rol activo. En la Ciudad hay 26 mil unidades ofrecidas y sólo 583 están registradas”, señaló el legislador del FdT durante el plenario de comisiones.
El proyecto consensuado entre oficialistas y radicales crea un registro nacional de oferentes para los alquileres temporarios con fines turísticos, que no podrá superar los 90 días. El standard internacional toma ese plazo, porque es el máximo para la estadía de un extranjero en cualquier país.
Quienes se inscriban deberán exhibir las habilitaciones de sus gobiernos locales y su situación tributaria. Si no lo hicieran, serán multados, suspendidos y, si repitieran la infracción tres veces, no podrán ejercer la actividad.
Las plataformas digitales tendrán la obligación de informar la registración de las propiedades que ofrecen, publicar los precios y cobrar en moneda nacional. Si no cumplen, deberían dejar de operar en el país. "Esta informalidad es una deslealtad, que desprotege a quién invierte y da trabajo formal. No sólo es competencia de precios, sino que también sacan de competencia viviendas que sólo se alquilan con fines turísticos", sostuvo Ianni.
La radical Jury coincidió en que la oferta de Airbnb deja sin hogar a muchas familias. "No podemos ser ajenos a que el alquiler temporal le agrega un problema más al de las viviendas. Una está regulada por tres años y la otra no tiene condiciones que cumplir".
Además, la mendocina alertó por otros riesgos de no tener ningún control. "Pueden colisionar el interés del turista con el del propietario. Puede pasar que se instalen y no se vayan nunca. Tenemos que lograr un turismo sustentable y seguro", señaló. No todos en su interbloque están de acuerdo.