La feroz interna de la Corte Suprema por las irregularidades en la administración de la obra social que investiga la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sumó este martes un nuevo capítulo: a través de notas y declaraciones de testigos, hubo acusaciones cruzadas entre Ricardo Lorenzetti y los otros tres jueces, liderados por el presidente del tribunal Horacio Rosatti.
La declaración más contundente fue la del ex administrador Héctor Marchi, quien elaboró cuatro informes de supervisión de la obra social y fue desplazado la semana pasada en una acordada a la que sólo le faltó la firma de Lorenzetti. El testigo declaró en la comisión y contó que desde ese día sufre amenazas y que hay seguimientos a "funcionarios que han trabajado conmigo en el marco de la obra social".
Al ser consultado por la diputada del Frente de Todos Mara Brawer, Marchi identificó como responsable de la intimidación a Silvio Robles, vocero de Rosatti. "Hay operaciones de prensa. Hay amenazas a funcionarios de que van a terminar en la Siberia si hablan conmigo. Saben si me junto con alguien", denunció.
Es es el mismo Robles que quedó en el centro de la polémica por el viaje de funcionarios a Lago Escondido, dentro de la propiedad del multimillonario británico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín. Por el presunto hackeo del celular del exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se filtraron una serie de chats en las que el funcionario larretista y la mano derecha de Rosatti debatían causas que involucraban a la Ciudad.
El exadministrador reveló que hay trancas en las puertas de las oficinas que ocupó, con custodia policial. El diputado Rodolfo Tailhade (FdT) propuso hacer una reunión de la comisión en el cuarto piso de la Corte para identificar esas situaciones. Las legisladoras opositoras Graciela Ocaña y Carla Carrizo le reprocharon a Marchi no haber hecho la denuncia. El exfuncionario anticipó que sus ex empleados amenazados sí evalúan presentarse ante la Justicia. "Ahora están protegidos por ustedes", argumentó.
Hubo más de una mención de Marchi sobre Robles: lo acusó de esconder el cuarto y último informe de la obra social y de ordenarle a la dirección de informática de la Corte borrar el mail de Rosatti para recibir en su casilla privada los correos dirigidos a la presidencia. "Esto es una vergüenza. La Corte Suprema no puede tener esta informalidad. Y va a terminar como la obra social. La amenaza del traslado se cumplió. La otra es la cesantía", se quejó el exfuncionario echado.
La venganza
El exadministrador de la Corte rompió relación con los jueces porque nunca trataron una demanda civil que le inició a Elisa Carrió por haberlo denunciado de corrupción. Pero la acordada para desplazarlo de su cargo llegó cuando la comisión pidió remitir los cuatro informes de supervisión sobre la obra social.
Unas horas antes del inicio de la comisión, Rosatti y los dos cortesanos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda enviaron la nota a la comisión con esa documentación, pero agregaron un informe de cuatro carillas que responsabiliza de cualquier desmanejo previo a 2018 a la secretaría general de administración y a la presidencia de la Corte, o sea, a de Marchi y Lorenzetti.
Al rafaelino le asignan además la contratación del exadministrador de la obra social Aldo Tonón, de la proveedora Emergencia Médica Integral S.R.L (que prestó servicios entre 2007 y 2009) y la gestión del fondo anticíclico, que se nutre de los remanentes anuales. Además, el trío Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda aseguró que la Corte nunca designó a uno de sus jueces a cargo de la obra social, pese a que durante la investigación de la comisión se conoció un mail del tercero de ellos, de 2021, en el que admitía haberla gestionado y describía las falencias en las prestaciones.
Tailhade denunció que la documentación enviada por los jueces fue sesgada. "La resolución que menciona el documento de nombramiento de Tonón es mentira, es falsa, es la prórroga y la adjudicación de emergencia médica también. No sólo que nos mandan información sesgada y parcial, sino que además nos mienten", .
Marchi replicó una a una las acusaciones, primero con la lectura de un descargo y luego ante el interrogatorio del oficialista Leopoldo Moreau. Contó que Maqueda se hizo cargo de la obra social por una descentralización de las tareas dispuesta por Lorenzetti y pidió no ser nombrado por una acordada porque es un "área conflictiva".
"Maqueda no sólo supervisaba sino que estaba al tanto de todo lo que autorizaba. Todas las semanas el doctor Tonón le llevaba documentos para los que firme", aseguró Marchi, quien aclaró que quedó al frente de la obra social en 2021. "Si yo hubiera estado a cargo me hubiera criticado a mí mismo. Es absurdo". Tonón faltó por segunda vez a la comisión y volvieron a citarlo para el jueves 4, bajo apercibimiento de ir a buscarlo por la policía.
El exadministrador confirmó las denuncias de irregularidades en la obra social que habían sido detalladas antes por testigos, como la falta de presentación de balances, presupuestos y compras directas de medicamentos y prótesis sin licitaciones, datos que están en la supervisión que elaboró y otras 30 recomendaciones que realizó y no fueron tenidas en cuenta. "No había expedientes, ni dictámenes. Se habilitaban los gastos con una orden de arriba", detalló.
Marchi calificó como "un desastre" la obra social en materia financiera. "Hay remanentes de 10 mil o 5 mil millones en cuenta corriente porque se olvidan de hacer los plazos fijos. Eso remunerado en 6, 7 u 8 meses, que implicó perder 3 mil millones de pesos, el equivalente a 2 meses de prestaciones a 100 mil afiliados".
La reunión en la comisión comenzó con la declaración de dos testigos. Primero, el prosecretario letrado Enrique de Vedia admitió que la obra social no presentaba los presupuestos y no adhirió a la ley de administración financiera; y segundo, el docente de la UBA Gustavo Montanini, que participó de una auditoría, confirmó que la entidad no presentaba balances. "Es una obligación para abrir cuentas. Deberían tenerla", se indignó la kirchnerista Vanesa Siley.