El sistema formó parte de las denuncias que derivaron en la renuncia del ahora exintendente. Controversias políticas y cambio de clima en el Gran Neuquén.
El Concejo Delibertante de Plottier tumbo el sistema de fotomultas que se llevó puesta a la gestión Bertolini
El Concejo Deliberante de Plottier suspendió el sistema de fotomultas implementado durante la gestión del exintendente Luis Bertolini y ordenó avanzar judicialmente para declarar la nulidad del decreto y del contrato firmado con la empresa Fluxa SA, cerrando el capítulo institucional de uno de los debates más controversiales de los últimos tiempos en el Gran Neuquén.
Como ya contó Letra P, la derogación cobra especial relevancia porque el esquema de control de infracciones mediante dispositivos electrónicos formó parte de las denuncias que derivaron en la crisis institucional que terminó con la salida de Bertolini de la intendencia.
La salida del entonces jefe comunal reconfiguró, además, el mapa del poder local, con el arribo de Malena Resa, una dirigente de confianza del gobernador Rolando Figueroa, que comenzó un profundo proceso de auditorías en el marco protestas de sectores como ATE, el SEMP y UPCN.
El sistema comenzó a funcionar en noviembre de 2024 y acumuló duras críticas de vecinos, dirigentes políticos y especialistas en derecho administrativo. Los cuestionamientos apuntaban a presuntas irregularidades en su implementación, a la falta de intervención previa del Concejo Deliberante y a problemas vinculados con la señalización vial.
La discusión escaló hasta convertirse en uno de los temas más conflictivos de la gestión municipal. De hecho, cuando el cuerpo legislativo impulsó el proceso que derivó en la suspensión de Bertolini para iniciar un juicio político, las fotomultas aparecieron entre los puntos observados por los concejales. Entre otros puntos, se investigaba “el cobro de infracciones de tránsito a través de dispositivos electrónicos (fotomultas) sin la previa y preceptiva sanción de una Ordenanza Municipal”.
La controversia ya había generado un fuerte enfrentamiento institucional. En una etapa anterior, los concejales aprobaron una ordenanza para dejar sin efecto el sistema, pero la iniciativa fue vetada por el entonces intendente.
Con una nueva conformación política y bajo la gestión de Resa, el cuerpo legislativo avanzó un paso más. La ordenanza aprobada este jueves declaró que el sistema resulta “lesivo al interés público y al ordenamiento jurídico municipal” y ordenó al Ejecutivo iniciar una acción de lesividad ante la Justicia.
La concejala Julieta Esquivel explicó que el Municipio no puede anular unilateralmente el contrato firmado con la empresa privada porque generó derechos adquiridos. “Nosotros no podemos avasallar ni pasar por encima de otro poder. Eso fue lo que hizo Luis Bertolini cuando desde el Ejecutivo salteó al Concejo Deliberante para contratar las fotomultas”, sostuvo en declaraciones a medios locales.
La dirigenta agregó que la única alternativa viable es que sea la Justicia la que determine si existieron irregularidades que justifiquen la nulidad de los actos administrativos.
“La lesividad es una instancia superior. Es cuando el Estado reconoce que realizó un acto con un tercero pero que terminó perjudicando a la comunidad”, explicó.
La recienta ordenanza suspende el procesamiento de infracciones, las notificaciones, los cobros y la aplicación de intereses mientras dure el proceso judicial. Además, volvió a solicitar al Juzgado de Faltas que revise las actas emitidas desde la suspensión inicial del sistema. “Se vuelve a instar al juez de Faltas para que reconsidere todas las actas recibidas desde el período de suspensión hasta la actualidad”, indicó Esquivel.
Para quienes ya abonaron las multas o recibieron infracciones antes de la suspensión, el escenario dependerá de lo que resuelva la Justicia. Una eventual declaración de nulidad podría abrir la puerta a futuras compensaciones o mecanismos de revisión.
La resolución aprobada por unanimidad consolidó así uno de los principales cuestionamientos que enfrentó la administración de Luis Bertolini, heredero de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, que también se fue del gobierno provincial destituida por la Legislatura.
Lo que comenzó como una discusión sobre controles de tránsito terminó convirtiéndose en un expediente político y judicial que aún mantiene consecuencias para el exintendente y que ahora ingresará en una nueva etapa ante los tribunales.