La tensión entre la Iglesia y Javier Milei escaló por la crisis en la atención a personas con discapacidad, tras denuncias por demoras estatales, recortes y riesgo de cierre de hogares. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) exigió cumplir la ley y advirtió sobre un sistema al límite, con instituciones desfinanciadas y miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema.
La escena se repitió con un gesto que excedió lo litúrgico. En Mendoza, el arzobispo Marcelo Colombo, titular de la CEA, encabezó una misa con colecta destinada a sostener un hogar local de la Obra Don Orione.
La Iglesia católica decidió dar un paso más en su posicionamiento frente al ajuste de la administración libertaria. Ya no se trató únicamente de advertencias generales sobre la pobreza o la exclusión, sino de denuncias concretas sobre un área sensible: la atención a personas con discapacidad, un universo en el que el Estado, el sector privado y las organizaciones religiosas conviven en fricción permanente.
En una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, la cúpula episcopal habló de una situación “de extrema gravedad”. El diagnóstico fue directo. Los obispos señalaron que el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales generaron déficits que impactaron en alimentación, medicamentos y salarios. Sin eufemismos. Sin medias tintas.
El caso más visible fue el de los cottolengos de la Obra Don Orione, donde la continuidad de la atención de 1200 personas quedó en zona de riesgo. La institución, con 90 años de trayectoria en Argentina, describió un escenario de colapso financiero que expuso la fragilidad estructural del sistema.
“El sistema se rompió”, explicaron a Letra P voceros de la institución asistencial. La cadena de pagos se interrumpió a fines de 2025 y obligó a utilizar recursos propios para sostener prestaciones básicas. En paralelo, los costos escalaron sin freno, mientras los aranceles estatales quedaron desfasados frente a una inflación superior al 30%.
El problema no fue sólo contable. La consecuencia directa fue la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento. Se postergaron obras de mantenimiento, se frenó el ingreso de nuevos residentes y se multiplicaron las deudas. En ese marco, la advertencia fue tajante: el cierre de hogares dejó de ser una hipótesis lejana.
El sistema de financiamiento explicó parte del conflicto. Las instituciones no reciben partidas fijas, sino que cobran por prestación. Facturan a obras sociales, prepagas o al Estado, que define los valores a través del nomenclador nacional. Cuando los pagos se demoran o los aranceles quedan atrasados, el esquema entero entra en crisis.
El trasfondo político de la disputa incluyó decisiones clave del gobierno libertario. El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad marcó un punto de inflexión. Aunque el Congreso logró aprobarla, el oficialismo resistió su implementación y avanzó en su desarticulación dentro del Presupuesto 2026.
El proyecto presupuestario impulsado por Milei incluyó recortes en el área y la derogación de normativas que garantizaban actualizaciones automáticas de prestaciones. La oposición denunció un intento de vaciamiento; el oficialismo respondió con el argumento del equilibrio fiscal.
En paralelo, la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó incertidumbre. El organismo fue absorbido por el Ministerio de Salud tras un escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos. La reestructuración fue presentada como una medida de transparencia, pero generó dudas sobre la capacidad operativa del sistema.
La ANDIS, ahora degradada a secretaría, quedó bajo la órbita de Lugones, con Alejandro Vilches como responsable. La transición no fue neutra. Prestadores y organizaciones denunciaron más burocracia, demoras y falta de respuestas. La promesa de eficiencia chocó con una realidad de pagos atrasados y prestaciones interrumpidas.
El posicionamiento de la Iglesia no fue improvisado. Desde hace meses, distintos obispos venían advirtiendo sobre el deterioro del sistema. La frase “las personas con discapacidad no pueden esperar” se transformó en una prédica recurrente.
El documento enviado al Gobierno reforzó esa línea. “No pedimos un favor ni una donación: exigimos el cumplimiento de la ley”, señaló la Obra Don Orione. La referencia apuntó a la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas, y a la Convención Internacional con jerarquía constitucional.
El mensaje tuvo un destinatario claro, pero también una construcción política más amplia. La Iglesia buscó instalar el tema en la agenda pública y generar presión social. La visibilización de la crisis, con celebraciones religiosas y campañas solidarias, funcionó como herramienta de intervención.
En ese esquema, el gesto del Jueves Santo en Mendoza adquirió relevancia. La colecta para el Hogarcito Don Orione no buscó solo recaudar fondos. También apuntó a interpelar a la comunidad y exponer la fragilidad de un sistema que depende, cada vez más, de la solidaridad para sostenerse.
Las organizaciones del sector coincidieron en el diagnóstico. La combinación de costos en alza, aranceles atrasados y pagos demorados generó un cuello de botella que volvió inviable el funcionamiento cotidiano. La ecuación no cierra: ingresos congelados frente a egresos en constante crecimiento.
El impacto se extendió más allá de las instituciones. Las familias comenzaron a enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios. En algunos casos, dejaron de recibir prestaciones; en otros, debieron buscar alternativas que no siempre existían en el sistema público.
La concentración del sector apareció como otro efecto colateral. Las entidades más pequeñas, sin respaldo financiero, quedaron al borde de la desaparición. “Sobreviven los prestadores más grandes”, advirtieron asociaciones del sector. El riesgo es un sistema menos diverso y más excluyente.
El cuadro se completó con demoras en el pago de pensiones, auditorías inconclusas y restricciones en el acceso a nuevos beneficiarios. La promesa de ordenar el sistema chocó con una realidad donde la incertidumbre se volvió regla.
La Iglesia, en ese contexto, decidió ocupar un lugar incómodo pero activo. No fue la primera vez que cuestionó políticas del gobierno de Milei, pero sí una de las más específicas.
El conflicto quedó abierto. Entre el ajuste fiscal, las denuncias de corrupción y la presión de los sectores afectados, el sistema de atención a personas con discapacidad se convirtió en un terreno de disputa en el que se juegan más que números: el alcance real de los derechos en la Argentina de Milei.
