La voz crítica de un cardenal. El rechazo al veto de leyes previsionales. Propuesta y cercanía con gobernadores. Silencio por la movida de Martín Llaryora.
El sermón de la Iglesia a Javier Milei por las jubilaciones
La Iglesia redobló su interpelación a Javier Milei por el deterioro de las jubilaciones, a través de sermones de los máximos referentes episcopales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el aumento anunciado por el gobernador Martín Llaryora, mientras sectores del clero reclaman un giro fiscal que permita garantizar la plata de los jubilados sin romper el equilibrio de las cuentas públicas.
“Tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos”. La frase del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, retumbó con fuerza en una escena en la que el conflicto previsional dejó de ser una contienda fiscal para tomar forma de planteo social extremo. Lo que siguió fue más duro: “Eso es una eutanasia encubierta”.
El planteo episcopal fue poco antes de que Milei ratificara que vetaría el aumento previsional aprobado en el Congreso por una mayoría calificada. La sintonía de la Pastoral Social al purpurado cordobés fue inmediata: “¿Cómo haría un funcionario para sobrevivir con el ingreso mínimo que actualmente ellos perciben?”, planteó en un comunicado.
La crítica también resonó en Buenos Aires, donde el arzobispo Jorge García Cuerva había formulado su reproche en el tedeum por el 25 de Mayo. Pero el eco más reciente vino de Mendoza, donde el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, advirtió sobre “el temblor de la indiferencia” frente a las personas jubiladas y recordó que el Estado no puede sustraerse de su misión cuando hay “familias agobiadas por enfermedades prolongadas o tratamientos médicos costosos”.
Poco tiempo después de que Rossi pronunciara su prédica más dura, Llaryora anunció una suba del 84% en las jubilaciones mínimas de la provincia de Córdoba, financiada con fondos coparticipables retenidos por Nación y finalmente destrabados por la Corte Suprema. La medida se complementó con un bono de $ 100.000 para los haberes más bajos.
La Iglesia cordobesa, sin embargo, optó por no pronunciarse. Ni una línea en respaldo ni una lectura pública del impacto que esta decisión pudo tener sobre el drama social que denuncian los obispos. El contraste es tan evidente como deliberado.
Este silencio se explica por varios motivos. En el caso de Llaryora, hay una historia de vínculos institucionales consolidados con el tejido eclesial, herencia del peronismo mediterráneo y su política de proximidad territorial.
Con Milei, en cambio, la distancia no es sólo ideológica sino estructural: no hay canales ni código común. Ni siquiera una audiencia protocolar con la cúpula episcopal que encabeza Colombo desde noviembre de 2024.
Mientras el sermón resuena en los púlpitos, la maquinaria política libertaria trabaja contrarreloj. Al filo del plazo legal, Milei firmó el veto a las leyes previsionales y en su entorno aseguran que los votos para sostenerlo están asegurados.
No fue un acto reflejo, sino una estrategia: ganar tiempo para consolidar el tercio necesario en la Cámara de Diputados con el bloque PRO, parte de la UCR y gobernadores que todavía se mantienen como aliados.
En esta lógica se inscribe la gestión del ministro coordinador Guillermo Francos, negociador elegido del Presidente, quien confía en para sostener los vetos y anular la suba de jubilaciones y la moratoria previsional.
El cordobés Llaryora -se especula en ambientes partidarios- es uno de los que podrían cambiar el rumbo si el costo político se vuelve insoportable.
Por ahora, el Ejecutivo confía. Pero en la Iglesia, esta certeza empieza a sonar como arrogancia libertaria.
A la par de las críticas, el clero también empezó a esbozar propuestas. La Pastoral Social de Córdoba sugirió recortar partidas de propaganda estatal y organismos burocráticos para fondear el sistema previsional: “Uno dedica recursos a lo que realmente le interesa”, dice el texto.
La formulación remite a otra voz crítica dentro del propio oficialismo: Victoria Villarruel, quien, tras su rol para habilitar el debate en el Senado, lanzó una frase que ya circula en los despachos del Congreso: “Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.
Más allá del tono, el contenido conecta con una demanda compartida: la necesidad de una reasignación del gasto que no ajuste a los más vulnerables.
Esta coincidencia discursiva entre la Iglesia, la vicepresidenta y parte de la oposición no configura aún un frente político, pero sí un campo común que comienza a disputarle el monopolio a la biblia fiscal mileísta de Toto Caputo.
A pesar del eco de las voces federales, la Iglesia sigue marcando al Gobierno como responsable principal del deterioro jubilatorio. La medida de Llaryora fue valorada en privado, pero evitó convertirse en bandera.
La decisión de no amplificarla revela una estrategia que prioriza el reproche a Milei, el único actor con proyección nacional al que se le puede exigir una política integral.
Es también una forma de no desgastar alianzas provinciales con las que se articula en materia de asistencia, contención y presencia en el territorio.
Como en otras etapas de la política argentina, el mensaje eclesial combina denuncia moral y cálculo político, con el objetivo de conservar influencia sin romper puentes.
La cuestión previsional volvió a colocar a la Iglesia en el centro del debate público, pero esta vez con una narrativa afilada, sin eufemismos. En la geometría variable de la política argentina, la fe también toma partido. Y el sermón se vuelve herramienta de presión.
Para Milei, que enfrenta internas, vetos y gobernadores imprevisibles, el frente espiritual puede ser más incómodo que la oposición formal.
No por su volumen, sino por su legitimidad social. En un país donde la ética pública escasea, el reclamo por la plata de los jubilados resuena como un mandato.