El gobernador anticipó en Rosario el balance positivo de los últimos dos meses. Mensaje a dos bandas. La Casa Gris y la gestión de la empresa.
Maximiliano Pullaro junto a Gustavo Puccini y las directoras de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, y EPE, Anahí Rodríguez.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reveló un dato fundamental para su administración. Aguas Santafesinas (ASSA), empresa declarada en emergencia en junio del año pasado, mostró superávit en sus cuentas en los últimos dos meses, según anunció el mandatario provincial. Una señal con la que busca exhibir eficiencia mientras discute recursos con Javier Milei.
“Los últimos dos meses, la empresa de agua de la provincia de Santa Fe tuvo un pequeño superávit operativo de 4.000 y 8.000 millones de pesos”, soltó el dato Pullaro el pasado viernes mientras participaba de un panel junto a su par de La Rioja, Ricardo Quintela, en el Congreso de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Si bien el grueso de la alocución fue por otros carriles, Pullaro recalcó el hito que resalta una de las ideas centrales de su gestión: mostrar eficiencia en los recursos públicos.
Casi con el comienzo mismo de la gestión Pullaro, el ojo estuvo puesto en las empresas de servicios, su funcionamiento y el déficit mensual. “Se terminó la joda en las empresas. No es justo que el gobierno las termine subvencionando”, decía el hughense meses atrás. Los números en ASSA mostraban que el 80% de los costos debían ser cubiertos por el Tesoro provincial y en junio del año pasado la Legislatura provincial dio luz verde a la emergencia por un año solicitada por el Ejecutivo, prorrogable a otro más.
Ahora, según describió el mandatario, la historia es otra. “Logramos equilibrar la empresa y eso es mostrar que el Estado se puede administrar de otra forma”, sacó pecho en la charla en la que estuvo presente Letra P. Eso, según agregó, no fue a contrapelo de las inversiones. “Estamos invirtiendo 90 millones de dólares en cambiar cañerías”, detalló. "El desafío que tenemos en estos momentos es lograr mostrar que podemos ser eficaces, que el Estado se puede administrar bien sin dejar de prestar ningún servicio", agregó.
La conducción de la empresa en la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe tuvo cambios tras mover fichas en otros sectores sobre fines de 2024. Anahí Rodríguez fue quien, siempre bajo la órbita del ministerio de Obras Públicas comandado por Lisandro Enrico, llevó adelante hasta aquel momento una disputa a cielo abierto con el sindicato de Obras Sanitarias, que respondió con reclamos y marchas. La pelea tuvo incluso un nombre propio: Silvio Barrionuevo, el líder sindical del sector, a quien hasta acusaban de cogobernar la empresa tiempos atrás.
Luego, la salida de Hugo Marcucci de la EPE obligó a reestructurar: Rodríguez recaló allí y en ASSA desembarcó la dirigente del PRO Renata Ghilotti, quien lleva las riendas hasta hoy. “El gremio perdió el control de la empresa que vuelve a ser administrada con criterios profesionales”, decía Ghilotti hace algunos meses, luego de recortar contratos que tercerizaban servicios y estaban vinculados a familiares del sindicalista.
Más allá de los nombres propios y de la disputa, el equilibrio en los números aparecerá seguramente como uno de los puntales del gobierno santafesino a la hora de desplegar su objetivo de mostrar orden en las cuentas públicas. “Por supuesto que a nadie le gusta meterse en lugares complejos o incómodos que tienen que ver con el debate de los privilegios que hay en el Estado. Incomoda y tenés que pagar electoralmente muchas veces, pero lo hicimos”, dijo Pullaro el viernes.
En medio de los tironeos entre gobernadores y Milei por el retaceo de recursos por parte del gobierno nacional, el santafesino repite que “Santa Fe ha sido el mejor alumno” a la hora de equilibrar las cuentas del Estado. ASSA no era un territorio ajeno a ello e inclusive en los últimos días se conoció la posibilidad de judicializar la obra de una planta potabilizadora en Granadero Baigorria, comprometida por la Nación y frenada desde octubre. Tal como en la pelea por las rutas, en Santa Fe no descartan hacerse cargo si se lo permiten. Los números, al menos, parecen hacerle un guiño.