Busca eliminar los concursos y el consenso parlamentario en el proceso de designación de sus autoridades. La normativa y los acuerdos que atropella.
María Paz Bertero, la candidata a defensora de de la niñez que intenta bloquear el gobierno de Javier Milei.
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tardó 15 años en tener autoridades, hoy vuelve a estar acéfala y el gobierno de Javier Milei intenta modificar las reglas para que la designación de su titular deje de depender de un concurso público y de amplios consensos parlamentarios.
Una medida cauletar dictada por el juez federal Enrique Lavié Pico, que ordenó recomponer la integración de la Comisión Bicameral encargada de seleccionar a las autoridades del organismo, apenas frenó ese proceso. La Defensoría sigue sin conducción designada y organizaciones especializadas advierten que el problema ya no es sólo la demora, sino el intento de alterar el diseño institucional pensado para preservar su independencia.
"Las niñas, los niños y adolescentes son un grupo especialmente protegido por la Constitución. Sus derechos deben tener prioridad en las políticas públicas, en el presupuesto y en las decisiones del Estado. Que la Defensoría permanezca sin autoridades designadas en tiempo y forma los deja en una situación de mayor fragilidad institucional", explicó Francisco Rodríguez, coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La acefalía no sólo representa un problema institucional. También pone en tensión la Ley 26.061, que creó la Defensoría como un órgano permanente e independiente, y las obligaciones asumidas por la Argentina en la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, que exige adoptar todas las medidas necesarias para garantizar efectivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Hoy el organismo funciona con autoridades interinas que, aunque sostienen el trabajo cotidiano, no cuentan con el respaldo institucional que otorga una designación realizada por el Congreso.
Rodríguez reconoció que "a los oficialismos, en general, no les interesan demasiado los organismos de control porque limitan su poder". La Defensoría puede intervenir judicialmente, promover acciones colectivas, supervisar políticas públicas y exigir al Estado el cumplimiento de derechos. En un contexto en el que, según UNICEF, cuatro de cada diez chicos fueron pobres durante el segundo semestre de 2025, ese control adquiere especial relevancia.
"Por eso la ley establece mecanismos que limitan la discrecionalidad política", explicó. La designación requiere acuerdos parlamentarios amplios, los mandatos duran más que el del Presidente y la sociedad civil participa del proceso de selección. "Todo está pensado para garantizar que quien controle al Estado no dependa del gobierno de turno", agregó.
La historia de la Defensoría es, en realidad, la historia de una deuda del Estado con la propia Ley 26.061. Cuando el Congreso la sancionó, en 2005, abandonó definitivamente el viejo paradigma tutelar y reconoció a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Como garantía de ese nuevo paradigma creó una Defensoría independiente, con autonomía funcional y facultades para controlar al propio Estado.
Entonces, la ley otorgó al Congreso apenas 90 días para designar a la máxima autoridad. Sin embargo, la primera defensora llegó 15 años después. Durante todo ese tiempo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas observó reiteradamente a la Argentina por no contar con una institución independiente plenamente operativa para proteger los derechos de las infancias, pese a que la propia legislación nacional ya la había creado.
Recién en 2020 asumió Marisa Graham. Durante cinco años, la Defensoría intervino en causas judiciales, promovió acciones colectivas, monitoreó políticas públicas y emitió recomendaciones sobre pobreza infantil, discapacidad, salud, educación y violencia institucional. "Parte de la función de la Defensoría consiste, justamente, en litigar contra el Estado cuando no garantiza derechos. Esa independencia es la esencia del organismo", resumió Rodríguez.
Cuando el mandato de Graham venció, el Congreso abrió un nuevo concurso público. La Comisión Bicameral cumplió todas las etapas previstas por la ley -convocatoria, antecedentes, examen escrito, entrevistas e impugnaciones- y elaboró una terna encabezada por María Paz Bertero. La Cámara de Diputados aprobó la propuesta y sólo restaba el tratamiento en el Senado.
Con la nueva composición de la Comisión Bicameral, el oficialismo no sólo frenó la designación de Bertero. También avanzó sobre el mecanismo mismo de selección. Según Rodríguez, el objetivo trasciende el rechazo a una candidata en particular. "Se busca modificar el modelo institucional de la Defensoría", advirtió.
La Libertad Avanza impulsó dejar sin efecto el concurso ya realizado y preparar un nuevo reglamento que elimina esa instancia pública y reduce la participación tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de niñas, niños y adolescentes en el proceso de selección. Para las organizaciones especializadas, esos cambios alteran el corazón de la Ley 26.061.
"La norma exige que la integración de la Comisión Bicameral respete la proporcionalidad política justamente para construir consensos y proteger la independencia de quien resulte designado", explicó Rodríguez. "Si una sola fuerza política controla el proceso de selección, la función de contralor pierde buena parte de su sentido", añadió.
El especialista rechazó, además, el argumento utilizado por sectores oficialistas para cuestionar la candidatura de Bertero por su postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo. "Se intenta instalar una falsa discusión entre pañuelos verdes y celestes para evitar debatir los verdaderos problemas de las infancias", sostuvo.
ACIJ integra el colectivo Infancia en Deuda junto con ELA, FEIM y Fundación Sur. El espacio presentó un documento con diez prioridades para la próxima gestión de la Defensoría: pobreza, alimentación, educación, salud mental, acceso a la salud, discapacidad, cuidados y entornos digitales. "El aborto no formó parte de la agenda de Marisa Graham, tampoco de la terna seleccionada ni de la agenda institucional de la Defensoría", señaló Rodríguez.
La cautelar de Lavié Pico suspendió, por ahora, el intento oficial de avanzar con esas modificaciones, pero no resolvió el problema de fondo. Veinte años después de la sanción de la Ley 26.061, la Argentina todavía no logró consolidar una institución creada para controlar al propio Estado. La discusión ya no pasa solamente por quién ocupará el cargo, sino por si ese organismo conservará la independencia con la que fue concebido o quedará sujeto a la voluntad política de las mayorías circunstanciales del Congreso.