Anunció medidas tras la crisis por las irregularidades detectadas en el local ligado a una imputada. La oposición pide la cabeza del jefe del Ente de Control.
Daniel Passerini continúa realizando ajustes sobre la estrategia con que espera salir airoso de la inevitable politización en que ha derivado el femicidio de Agostina Vega, ocurrido hace ya casi un mes en la ciudad de Córdoba, pero con indudable impacto nacional.
El intendente no se resigna a una postura defensiva y en las últimas horas ha trazado los ejes sobre los que afrontará una nueva batería de cuestionamientos a partir de una de las derivaciones más escabrosas del caso: la falta de controles en la nocturnidad de la capital provincial.
Cabe recordar que, como una derivada del femicidio, la Justicia investiga presunta corrupción de menores en el bar Wachitas, donde una de las imputadas por la muerte de Agostina oficiaba de responsable.
Sobre ese flanco la oposición seguirá castigando esta semana, con pedidos de explicaciones a los propios funcionarios en el Concejo Deliberante y estocadas que proponen impacto más allá del palacio municipal.
Como primera decisión política, el intendente no soltará la mano a los dirigentes sobre los que penden pedidos de explicaciones y, cómo no, de renuncia.
Bajo la lupa opositora se encuentra especialmente Ezequiel Hormaeche Actis, director Ejecutivo del Ente Municipal de Fiscalización y Control. Sobre su rol recaen las principales sospechas por la existencia de locales que ofrecen servicios bien diferentes a aquellos que declararon a la hora de obtener habilitaciones.
Un puñado de ellos fueron clausurados definitivamente tras constatarse la continuidad de irregularidades que nunca fueron resueltas pese a haber motivado clausuras. Ofertas de prostitución y narcomenudeo coronan una indignación que, espoleada por el caso Agostina, no exime responsabilidades. Tampoco vale el sobreactuado mohín de escándalo que muchos ejercen extemporáneamente.
Los estiletazos, empero, trascienden lo individual y apuntan a lo medular de la gestión. En marzo de 2024 el gobierno municipal anunciaba la creación de aquel Ente como una respuesta a otro escándalo: la elevación a juicio de una causa que involucraba a policías, bomberos y funcionarios encargados de habilitar y constatar los lugares habilitados. Coimas y vista gorda de ambos lados del mostrador.
Sólo dos años después las mismas críticas recaen en el Ente. Con el agravante de que una nueva defección opera como combustible para los discursos críticos a la acción estatal en general y a la gestión municipal en particular.
Este martes, en la Comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales, los bloques opositores esperarán respuestas, sin perder de vista otro costado político. Apuntan a Hormaeche porque creen que en su nombre convergen varias terminales políticas del peronismo capitalino.
Saben ya que el intendente no lo removerá del cargo. “No hay muchas personas que puedan estar en el lugar de Hormaeche y durar. No tienen la mínima idea de lo que hablan y de los intereses que se mueven desde hace décadas en Córdoba”, dicen por los pasillos de la intendencia.
En declaraciones a la prensa, el mismo intendente recordó que el año pasado el director del Ente sufrió sendas amenazas tras proceder a clausurar “un antro” ubicado en la zona céntrica. Según la narración oficial, le dejaron balas en su escritorio, cuando la dependencia aún funcionaba en el edificio de la intendencia.
Para la oposición hay otras razones. “No entendemos por qué Passerini lo banca. Sabemos que es hombre con padrinos de peso, pero sostenerlo puede ser un salvavidas de plomo”, azuzan desde la UCR.
Develar los avales del cuestionado dirigente podría impactar en la Gobernación, barruntan los radicales. Desde el Frente Cívico miran una cadena que llegaría hasta Rodrigo Fernández, uno de los más cercanos al intendente, quien se desempeñara como secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad en aquellos tiempos.
Por decreto, Passerini creó la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública. La nueva entidad, que tendrá como eje al Ente de Fiscalización, cuenta con participación del Ministerio de Seguridad, cámaras empresariales, universidades y colegios profesionales.
Según explican desde la Municipalidad, la Unidad se encargará de la planificación, coordinación y ejecución de “estrategias vinculadas al control del espacio público y de establecimientos comerciales de actividad nocturna”.
Aseguran las voces oficiales que “su puesta en funcionamiento no implica la creación de nuevas estructuras administrativas”. Por el contrario, afirman, “permitirá coordinar la intervención de áreas estatales y entidades vinculadas a la seguridad, concentrando en un único procedimiento de inspección la verificación de las obligaciones exigibles a cada establecimiento”.
Para el intendente, la decisión no opera como reconocimiento de falencias en el accionar del Ente y su director. Por el contrario, lo presenta como una profundización de un camino en el que se multiplicaron exponencialmente los procedimientos de control, y clausuras, realizados sobre locales y comercios.
Según explicó en distintas entrevistas brindadas este lunes, desde hace seis años, plazo que incluye la intendencia de Martín Llaryora, el municipio afronta un proceso de saneamiento de un problema que lleva más de veinte años.
El lapso abierto por el médico no es casual. Como ya hiciera al momento de presentar el proyecto para extender los controles de antecedentes penales y narcotest a todo el personal municipal, (otro vacío expuesto por la continuidad laboral de Claudio Barrelier, acusado de violar, asesinar y mutilar a Agostina), responsabiliza a sus antecesores no peronistas por las pústulas de hoy.
El blanco principal es Luis Juez, a quien ya enrostrara la designación de 91 empleados que le responderían políticamente sobre un total de 119 removidos tras sumarios y denuncias. “Un 80% entraron entre 2003 y 2007”, precisó Passerini.
Con el caso Agostina aún candente, la acusación es aún más dura. “Hace más de 20 años se le abrió la puerta a sectores de la noche que eran parte del problema y comenzaron a introducirse en la Municipalidad, generando funcionarios y empleados que hoy persisten”, apuntó el intedente en diálogo con Canal 10.
“Hemos logrado terminar con muchos antros de la noche que nadie tocaba desde la creación del Ente. Este es un paso más para combatir irregularidades. Hay que decirlo, la Municipalidad admitió y fue parte del problema cuando los clanes que manejaban la noche se hicieron parte del poder. Eso es público. Nosotros ahora somos querellantes”, amplió.
Ese mismo juecismo lo espera con interrogantes que van más allá de las ordenanzas impulsadas por el Ejecutivo para cambiar el sistema de habilitación para locales y espectáculos públicos.
Según explican desde la Municipalidad, intentarán que el rigor de las sanciones caiga sobre los propietarios, no sobre los locales, como una forma de evitar pasamanos. Para la oposición los nombres más importantes son los que aún permanecen ocultos, a resguardo de las discusiones de hoy.
