Martín Llaryora pondrá en marcha el organismo creado en 2025, pero el fiscal cuestionado por la oposición no participará de la jura. El acto será en 15 días.
Martín Llaryora redefine sus movimientos en la Justicia de Córdoba con una certeza delante: las objeciones a la investigación llevada a cabo por la desaparición y posterior asesinato de la menor Agostina Vega sacuden aún las estructuras judiciales. Sobre todo, en aquellas que forman parte del Ministerio Público Fiscal, donde la incidencia política suele quedar más expuesta.
Atento a ello, el gobernador no apurará el movimiento que tenía previsto hace tiempo. Los funcionarios que formarán parte de la Procuración Penitenciaria de la provincia jurarán en sus cargos, paso final para la puesta en marcha del organismo creado en diciembre de 2025.
El acto formal se realizará en un par de semanas. Según argumentan voces fiables, se espera el fin de las refacciones del edificio donde funcionará la dependencia.
Acaso entonces el estrépito se haya ido replegando en la atención social; seguramente entonces la estructura inicial sea más escueta de lo previsto. Por el momento no se sumará Iván Rodríguez, uno de los dos fiscales que intervino en la causa y contra los cuales ya hay pedido de jury.
El argumento por el que no se tomará juramento a Rodríguez abre recovecos. La decisión del Gobierno es esperar a que se resuelvan las acusaciones en su contra. En particular el pedido de juicio político formalmente iniciado ayer por los bloques opositores de la Legislatura.
Al fiscal se lo critica por su accionar en el antecedente penal de Claudio Barrelier, el único acusado por el femicidio de la niña. Sólo un año antes había sido detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad tras haber intentado secuestrar a una joven mujer. Rodríguez lo liberó en 20 días, “sin evaluar su peligrosidad”, evoca el planteo de jury. “Posteriormente no instó su resolución”, añade.
El cuestionamiento deberá ahora ser analizado en su formulación. Superada tal revisión se debe dar parte al propio MPF, a quien se solicitará la remisión de las actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con los hechos denunciados.
Dado que tal trámite no tiene un plazo fatal, no hay una estimación de fecha para que el Jurado propiamente dicho defina si considera o descarta la denuncia.
El mismo proceso cabe para el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la instrucción de la causa por el femicidio a partir del tercer día desde la denuncia. Se le reprochan aspectos como la demora en realizar allanamientos, tardanza en activar el alerta Sofía y errores en la búsqueda. Ello configuraría el “mal desempeño de sus funciones”.
Transeúntes del palacio piden discernir la situación de ambos acusados. Antes que por el rigor de sus actuaciones, por el peso específico de cada uno. Evocan que Garzón proviene de una familia tradicional en la Justicia. También su accionar en causas urticantes para el poder, como el amotinamiento policial de 2013 o la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal. “Nunca avanza en las responsabilidades políticas. Eso es algo que no se olvida”, apuntan.
La frase contrasta con el trayecto de Rodríguez, a quien achacan la decisión de cerrar una causa colateral a ésta, que involucraba a autoridades hospitalarias y otro fiscal. “Entiende el juego, pero si hay que salvar a alguno de los dos, será Garzón”, arriesgan en mesas de café.
En tal sentido piden interpretar la decisión del fiscal general, Carlos Lezcano, quien dispuso que Garzón asuma la instrucción de ambas causas, desoyendo sugerencias de trasladarlas a fiscalía con competencia específica en violencia de género.
Legisladores oficialistas califican como show al pedido de juicio político a los funcionarios judiciales. Creen que los acusadores saben que es un proceso largo, con varios pasos formales. Por ende, leen una maniobra para extender la vigencia de un momento crítico.
No obstante, ese mismo tiempo podría brindarles la oportunidad de cambiar varios capítulos en la agenda. Aunque renieguen, la politización de la causa convierte a los pedidos de jury en un cuestionamiento por elevación al gobierno provincial.
La relevancia nacional de la causa Agostina potenció las críticas al manejo del MPF, desde diciembre bajo control de nombres del llaryorismo, con Lezcano a la cabeza, Alejandro Pérez Moreno como adjunto y Néstor Gómez en gateras, quien asumirá tan pronto Bettina Croppi tome formalmente la Procuración Penitenciaria.
La embestida contra el MPF esparció sombras sobre la concreción del organismo, creado en diciembre pasado en una jugada a tres bandas con la que el gobernador buscó incrementar su influencia en la Justicia cordobesa.
Para la oposición, que sigue presentando a la Procuración como un ente redundante, considerando que existen otras instancias para tutelar los derechos de las personas privadas de libertad, el peronismo debía archivar su creación para afrontar problemas más urgentes. Junto a ello, un mensaje de austeridad: los sueldos de titular y adjuntas se ubican en la misma escala que los vocales del Tribunal Superior de Justicia.
Demoras posteriores parecían apuntar en tal dirección. El Gobierno tiene una explicación para cada una. En primer lugar, acordó una prórroga con Croppi para que esta encabece el proceso acusatorio en el jury contra los fiscales que investigaron el impune asesinato de Nora Dalmasso. Concluido tal proceso, aquella accedió a sus vacaciones. Ahora, explican, se espera la resolución de cuestiones edilicias en la que será la sede de la Procuración. Tales arreglos, explican, insumirían dos semanas más.
Pero cumplida tal instancia no todos los nombres ya aprobados por la Legislatura cumplirán el trámite de jura. Lo hará Croppi y quienes fungirán como adjuntas, Guadalupe Trillo y María Florencia Degano. También Melani Mattía como secretaria. “Son compromisos políticos”, interpreta una voz opositora.
Quien no formará parte del acto será Rodríguez. La explicación compartida es que se aguardará la resolución de las presentaciones en su contra. La formalidad se rinde ante lo político: mantenerlo implicaría dejar abierto un flanco permanente ante una oposición que quiere seguir artillando.
La mirada opositora es otra. “Algo tiene que conceder Llaryora, no puede hacer como si nada”, comparten. No olvidan señalar otro aspecto: mientras más demore en avanzar el jury, más lejos podría quedar el actual alboroto, con o sin Rodríguez en funciones.
