LA ERA LIBERTARIA

Colectivos: cuáles son las razones del conflicto que Javier Milei no pudo frenar

El costo real del transporte, en el centro de la puja entre Gobierno, empresas y el gremio. Reclamos cruzados, subsidios y menos personas transportadas.

La trama es protagonizada por las cámaras empresariales del sector, choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y ahora la administración libertaria. Cada parte involucrada busca sacar ventajas y dejar malparada a las otras; mientras cada medida de fuerza o "retención de tareas" provoca que miles de personas deban optar por viajar con medios de transporte alternativos, escasos y altamente costosos.

Cámaras empresariales vs. gremio

Esta vez la disputa se focalizó en la incorporación de una suma de $250.000 a las remuneraciones de quienes conducen los colectivos, para que pasen a cobrar un salario básico de $987.000. La UTA comandada por Roberto Fernández sostiene que ese punto ya estaba establecido en el acta del último acuerdo paritario cerrado en febrero.

Las empresas argumentan que lo que se acordó para febrero fue el pago de un básico de $737.000 junto con una suma fija no remunerativa, y por única vez, de $250.000. Según la interpretación del acta que hicieron las compañías propietarias de colectivos, lo que estaba previsto para marzo era una nueva instancia de negociación para definir si esa suma fija se incluía en los salarios, pero condicionada a que la administración mileísta lo reconociera como un mayor costo operativo a cubrir con aumento de tarifas o subsidios.

Al no poder concretarse esa negociación, las empresas liquidaron marzo sin los $250.000 y tomando como referencia un sueldo básico de $737.000. Las cámaras empresariales estimaron que la mejora salarial implicaría una erogación adicional de $12.500 millones para todas las líneas metropolitanas y que advirtieron no estaban en condiciones de afrontar con los actuales ingresos que tienen por venta de boletos y compensaciones tarifarias.

El ninguneo del gobierno de Javier Milei

La Secretaría de Transporte a cargo de Franco Mogetta también contribuyó al conflicto. Lo hizo al no reconocer la inserción de los $250.000 que el gremio reclama agregar a los salarios en la estructura de costos y subsidios del sector aprobada en febrero.

Además de no tomar en cuenta esa suma, la resolución 15/24 subvaluó varios rubros operativos –como combustibles, seguros, precio de vehículos y gastos administrativos- con el fin de reducir el monto total de los subsidios mensuales que se pagan con recursos estatales.

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Frente a un costo real promedio de cada viaje que ya ronda los $1.200, el Gobierno sólo les está reconociendo a las empresas un ingreso promedio total de $630. El 33% de ese valor proviene de los pasajes que abonan los usuarios, mientras que el 67% restante se cubre –hasta ahora- con subsidios tarifarios.

Diferencias con otros sectores

A diferencia de los sectores eléctrico y gasífero donde se autorizaron aumentos de tarifas fuertes, para equilibrar las cuentas de las operadoras privadas, junto con nuevos mecanismos de actualizaciones mensuales para que sus ingresos no pierdan frente a la inflación; la administración mileísta se resiste a aplicar el igual criterio en el transporte público de pasajeros.

Mientras el gobierno de Milei no se decida a reconocer el costo real con tarifas más elevadas o con mayores desembolsos de subsidios; los conflictos gremiales y reclamos empresariales seguirán en un contexto recesivo y de pérdida del poder adquisitivo de la población que se refleja en las máquinas boleteras.

En marzo, las líneas de colectivos del AMBA registraron una caída del 10,4% en la cantidad de pasajeros con respecto al mismo mes del año pasado.

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