La iniciativa se convirtió en ordenanza con nueve votos a favor, dos en contra, y una abstención. Las posturas, las dudas y la adaptación en tiempos de crisis.
El Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó la ordenanza que regula y habilita el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros, como UBER, Cabify y DiDi. En la tercera ciudad más grande de Chubut nueve concejales votaron a favor, dos en contra y hubo una abstención. El debate evidenció expuso discrepancias dentro del bloque oficialista.
Hernán Pererira, de Despierta Madryn fue uno de los impulsores del texto. “Llevo dos años y medio como concejal. Uno de los primeros proyectos que presenté fue levantar la prohibición que existe en Puerto Madryn de las aplicaciones. Me han insultado, me han dicho de todo. Nadie me puede cuestionar que cambié de opinión. Yo siempre dije que había un pacto político con un grupo de taxistas y responsabilizo al poder político", dijo exponiendo el clima de tensión que se vivió en la sesión que estuvo acompañada por una manifestación de choferes que se opone a la llegada de las aplicaciones.
"Mas que cuestionar a los que tenemos la misma posición, deberían cuestionar a quienes cambian de opinión”, aseveró en relación al peronismo que encabezan los hermanos , Ricardo y Gustavo Sastre, quienes en los últimos meses decidieron mostrarse a favor de la iniciativa tras un rechazo inicial.
A contramano de la mayor parte de sus compañeros de espacio, Lucila Gonzales, del bloque peronista Arriba Chubut, justificó su voto negativo al definir el proyecto como "un mamarracho". "Esta ordenanza vendida de legal no beneficia a nadie, con varios artículos de dudosa constitucionalidad”, expresó en relación a los criterios que las diferentes empresas deberán establecer para poder operar en la ciudad.
Entre ellos, destacó que los choferes deberán tener antecedentes penales “limpios” o “no tener una demanda con el Estado municipal”. “Esto no cuida a nadie, ni a los choferes de Uber, de taxis, remises o a vecinos ni vecinas”, expresó la concejala. “Al final, tenía razón el intendente cuando la semana pasada les dijo que se pongan a laburar”, lanzó.
Su compañero de bloque Federico Garitano también votó en contra y afirmó que "habilitar las aplicaciones no va a ser una solución laboral para nadie, sino que va a ser un perjuicio muy grande para 600 familias". "Las aplicaciones tienen que existir, pero la manera no es desregulando y corriendo al Estado”, consideró al cruzar la ordenanza presentada por los ex Juntos por el Cambio.
A favor, la oficialista Nadia Garay dijo que le parecía “lamentable tener que estar tratando este tipo de proyectos", aunque advirtió que entiende "a cada uno de los vecinos y de los trabajadores ante la necesidad y de dar respuesta a sus familias y tener que llevar un plato de comida". Ese tipo de posturas, ligadas a la necesidad de mejorar los servicios en una ciudad turística como Puerto Madryn sirven para encontrar una lectura respecto al cambio de postura del municipio respecto al debate.
Andrea Rueda, de Unidos y Organizados, cerró el debate con una abstención. Se preguntó por los usuarios y los taxistas presentes en el reciento le respondieron a los gritos que “hay que defender a los trabajadores". "Hoy no hay trabajo acá", señalaron los choferes del sistema que, al menos hasta la sanción de la ordenanza, era el único habilitado en la ciudad. Ante esto, la concejala pidió saber "qué canon se le va a cobrar a las empresas de aplicaciones porque no sabemos nada".
Con la nueva normativa, las aplicaciones podrán usarse legalmente para viajar dentro de Puerto Madryn, una de los centros turísticos más destacados de la Patagonia. Quienes usaban estas plataformas antes lo hacían bajo el riesgo de enfrentar posibles contravenciones y hasta el secuestro del auto.
Ahora, según la nueva legislación, no habrá un límite de vehículos habilitados para trabajar, aunque tanto los conductores como los automóviles deberán cumplir una serie de requisitos.
Los choferes tendrán que contar con licencia profesional, y los rodados deberán tener una antigüedad máxima de 10 años y cumplir con las condiciones de seguridad establecidas. Por otro lado, será obligatorio tener un seguro para pasajeros y los autos deberán contar con algún tipo de identificación.
