La Justicia allanó oficinas en Trelew tras una denuncia gremial por un presunto intento de frenar el inicio del ciclo lectivo.
La Justicia de Chubut avanzó en la causa que investiga al exfuncionario peronista Gonzalo Carpintero y a un grupo de empresarios por presuntas coimas para impedir el inicio de clases en la provincia. Los procedimientos incluyeron allanamientos y el secuestro de teléfonos y cámaras, tras la denuncia presentada por el dirigente sindical José Severiche.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Julieta Gamarra, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Como primeras medidas, ordenó la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos junto a la División de Investigaciones Policiales de Trelew.
Carpintero tuvo una extensa trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al kirchnerismo local. Ocupó cargos como director general de Niñez, Adolescencia y Familia, subsecretario de Desarrollo Social y ministro de Familia. También fue concejal en Trelew y viceministro coordinador de Gabinete.
Su carrera concluyó con una condena por corrupción tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”. Esa sentencia marcó el cierre de su paso por la función pública.
Según la presentación judicial, Severiche, secretario general de la seccional Trelew de ATE recibió un llamado del empresario Ricardo Traversini, quien le indicó que su jefe quería reunirse con él. El encuentro se concretó en una oficina compartida por Carpintero y el empresario pesquero Raúl Cereseto.
De acuerdo al testimonio, en esa reunión le habrían solicitado “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”. El sindicalista sostuvo que la intención era generar un conflicto previo a esa fecha.
“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró el dirigente ante el Ministerio Público Fiscal. En su exposición afirmó que le prometieron “una retribución económica” y futuras “paritarias” como compensación.
Más allá de la cuestión política, fuentes del gobierno provincial indicaron que el interés de los empresarios y del exfuncionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de “Ley de Ficha Limpia para la Pesca” que el Ejecutivo analiza presentar.
La causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal era provisoria. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que podría modificarse a medida que avanzara la investigación y se analizaran los elementos secuestrados en los allanamientos.
