Llegó al Concejo Deliberante en 2021 con el sello del PRO y en 2023 fue precandidato a intendente de General Alvarado. Es asesor del gobierno de Jorge Macri.
Joaquín Sánchez Charró, concejal de General Alvarado.
La ciudad de Miramar atraviesa una nueva controversia política que tiene como protagonista al concejal del PRO, Joaquín Sánchez Charró, quien quedó en el centro de las críticas tras conocerse que, además de su función legislativa en el distrito de General Alvarado, percibe un sueldo como asesor técnico en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Electo en 2021, Sánchez Charró finaliza su mandato este año. Sin embargo, en el plano político ya se especula con su participación en las elecciones legislativas de este año, como paso previo a una eventual nueva postulación a la Intendencia de General Alvarado en 2027, luego de haber sido precandidato en 2023.
Mientras tanto, referentes políticos y vecinos lo critican por su escasa presencia territorial. Acusan que solo se hace presente los días de sesión del Concejo Deliberante, sin cumplir funciones de cercanía o gestión en la semana.
El malestar se intensificó tras confirmarse que el edil trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como asesor legal en la administración de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Además, cursa una maestría en el Instituto Universitario CÍAS, también en la capital del país.
Las revelaciones, difundidas en medios locales como Infozona, despertaron preguntas sobre la posibilidad de representar adecuadamente a un distrito mientras se reside y trabaja a más de 400 kilómetros.
Ante la presión mediática y social, Sánchez Charró se defendió en una entrevista con Radio Mágica, donde argumentó que su trabajo en la capital le permite gestionar beneficios para Miramar: “Así como trabajo en Buenos Aires, me preparo y me contacto con un montón de gente para poder resolver los problemas que tenemos acá”, aseguró.
Entre los logros que mencionó se encuentran reuniones con la Subsecretaría de Deportes, gestiones ante Obras Públicas por viviendas del corralón y el reconocimiento provincial de la Fiesta del Camionero en Mechongué.
A pesar de sus explicaciones, el malestar sigue creciendo. En Miramar, distintos sectores cuestionan si es ético y efectivo ejercer un cargo público local mientras se desempeña otra función en otra jurisdicción. La polémica no parece ceder y amenaza con convertirse en un eje de debate de cara al proceso electoral que se avecina en el distrito.