Con una iniciativa por demás curiosa, pretende darle mayor autonomía al distrito. Efecto derrame. Alcances, trabas y el debate por las reelecciones.
El Concejo Deliberante de Castelli aprobó por unanimidad la necesidad de sancionar una carta orgánica municipal. El proyecto impulsado por el intendente Francisco Echarren pretende ampliar las facultades del distrito en materia institucional, política, administrativa, económica y financiera. El proceso contempla una convención constituyente y abre un debate de fondo sobre el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa había comenzado formalmente el pasado 8 de julio, cuando Echarren presentó el proyecto ante el cuerpo deliberativo y consiguió el respaldo de más de dos tercios de sus integrantes para poner en marcha el proceso. Ahora, con el aval unánime del cuerpo deliberativo, el municipio avanza hacia la siguiente etapa: convocar a una convención constituyente que tendrá a su cargo la elaboración de la futura carta orgánica.
La discusión excede a Castelli. El planteo vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones institucionales pendientes de la provincia: el alcance efectivo de la autonomía de los municipios y el reparto de competencias entre La Plata y los gobiernos locales. El contexto favorece la aparición de diferentes alternativas para una provincia que está ahogada economica y financieramente por el gobierno nacional, uno de ellos es el que impulsa el exintendente de San Miguel, Joaquín De La Torre para "federalizar" los 24 municipios del conurbano.
Echarren presentó el proceso como parte de una disputa que Castelli ya había llevado a la justicia. En 2020, el municipio recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el reconocimiento de la autonomía municipal y cuestionar el régimen establecido por la Constitución bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El máximo tribubal rechazó en febrero de 2022 que el caso pudiera tramitar ante su competencia originaria. Consideró que la controversia requería interpretar y aplicar normas de derecho público provincial, por lo que la discusión debía encontrar su cauce en la justicia bonaerense. El planteo de fondo, sin embargo, permanece vigente.
La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, establece en su artículo 123 que las provincias deben asegurar la autonomía municipal y determinar su alcance y contenido en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. En Buenos Aires, en cambio, los 135 municipios continúan organizándose bajo la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, sancionada en 1958. Es justamente ese esquema el que Castelli busca modificar.
“No empezamos hoy”, advirtió Echarren al anunciar el inicio del proceso, al tiempo que marcó: “A la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal”. Su argumento apunta a que los municipios dejaron de ser únicamente administraciones encargadas de servicios básicos para convertirse en el primer nivel de respuesta frente a las demandas sociales, productivas, sanitarias y de infraestructura.
“Los municipios tienen un protagonismo innegable en los tiempos que vienen: son el primer mostrador del Estado, el lugar donde se resuelven los problemas reales y donde se construye comunidad”, sostuvo el intendente.
Una Carta Orgánica Municipal puede pensarse como una suerte de “constitución” del municipio: un marco institucional propio que determina cómo se organiza el gobierno local, cuáles son sus órganos, cómo se distribuye el poder y qué mecanismos de participación y control ciudadano existen. En el caso de Castelli, el objetivo es que buena parte de las decisiones que hoy están determinadas por normas provinciales puedan ser definidas por la propia comunidad local.
El proyecto contempla avanzar sobre cuestiones institucionales, políticas, administrativas, económicas y financieras, y plantea mayores herramientas municipales en áreas como ambiente, producción, salud, desarrollo urbano, uso del suelo, vivienda y materia tributaria. También aparece una dimensión política particularmente sensible: el régimen electoral.
La propuesta establece que la futura Carta Orgánica deberá contemplar la elección directa del intendente y los concejales, además de mecanismos que garanticen la representación proporcional y la participación de las minorías. Eso abre una discusión sobre hasta dónde podría llegar la autonomía municipal. Entre los temas que podría regular una Carta Orgánica se encuentran aspectos del funcionamiento de los poderes locales, los mecanismos de participación ciudadana, la organización administrativa, las competencias municipales y las reglas electorales propias.
El paso aprobado ahora por el Concejo no significa que Castelli ya tenga autonomía plena ni que la Carta Orgánica haya quedado sancionada. Lo que hace es avanzar en el procedimiento para redactarla. El proyecto contempla la convocatoria a una Convención Constituyente municipal. Según la iniciativa presentada por Echarren, ese cuerpo estaría integrado por los diez concejales del distrito y otros diez convencionales elegidos por voto popular. La elección podría realizarse durante noviembre.
Una vez constituida, la Convención tendría un plazo de tres meses para elaborar y sancionar la Carta Orgánica, con la posibilidad de extenderlo por otros tres meses. El proceso, por lo tanto, tendrá una instancia de participación política y electoral específica: no será simplemente el Concejo Deliberante el que redacte las nuevas reglas, sino que se prevé una representación especialmente convocada para discutir el futuro institucional del distrito. La apuesta es que el texto resultante establezca las reglas con las que Castelli pretende gobernarse en adelante.
El principal interrogante jurídico aparece en este punto. La autonomía municipal está reconocida por la Constitución Nacional, pero la Constitución de la Provincia de Buenos Aires mantiene un régimen municipal fuertemente regulado desde el ámbito provincial. De allí que la iniciativa de Castelli no sea solamente una discusión sobre una ordenanza local: pone en tensión dos niveles normativos y plantea hasta dónde puede llegar un municipio en el ejercicio de una autonomía que la Constitución Nacional reconoce pero cuyo alcance debe ser reglamentado por las provincias.
Por eso, la aprobación de una Carta Orgánica por parte de Castelli podría abrir una nueva etapa judicial y política si algunas de sus disposiciones entraran en contradicción con la Constitución bonaerense o con la legislación provincial vigente. El desafío, en consecuencia, no termina con la sanción del texto municipal: comienza allí una discusión sobre su validez, alcance y eventual reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico bonaerense.
Uno de los puntos que ya generó mayor controversia política es el régimen electoral y, particularmente, la posibilidad de que una futura carta orgánica pueda establecer sus propias reglas sobre la duración y renovación de los mandatos municipales. La cuestión adquirió especial relevancia porque Echarren gobierna Castelli desde 2011 y actualmente transita su cuarto mandato consecutivo. La legislación bonaerense vigente establece límites para la reelección de los intendentes, algo que el gobernador y la mayoría de los intendentes quieren modificar pero aún no encuentran los consensos suficientes.
Desde sectores opositores ya interpretaron el proyecto como una eventual vía para modificar esas restricciones. El intendente, en cambio, negó que la iniciativa haya sido diseñada para garantizar su continuidad y sostuvo que los límites a los mandatos deberían existir, aunque planteó que cada municipio debería poder definir sus propias reglas. Esa es otra de las opciones que evalúan algunos sectores políticos para evitar eliminar la norma en la Legislatura con los costos que podría generar.
Así, la discusión por la autonomía quedó rápidamente atravesada por la pelea electoral bonaerense, aunque desde Castelli buscan presentar el proceso como una transformación institucional de mayor alcance.
El movimiento de Echarren también vuelve a poner en agenda un reclamo que atraviesa desde hace años a intendentes de distintos espacios políticos: la necesidad de que los gobiernos locales tengan mayores competencias y recursos para responder a problemas que, en la práctica, terminan resolviendo los municipios. Otro ejemplo es la modificación de la ley de seguridad que están trabajando varios jefes comunales del conurbano. Una discusión que surge en un contexto en el que los intendentes enfrentan mayores demandas sobre salud, seguridad, infraestructura, desarrollo social y producción, mientras las administraciones nacional y provincial concentran buena parte de las herramientas financieras y regulatorias.
En paralelo, la Legislatura bonaerense también comenzó a discutir modificaciones al régimen municipal. Algunos bloques impulsaron iniciativas para crear una comisión bicameral que avance en una reforma integral de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Semanas atrás, el senador e intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, manifestó esa intención desde su cargo como presidente de la comisión de Asuntos Municipales.
La iniciativa de Castelli, por lo tanto, funciona como una suerte de laboratorio institucional: si logra avanzar, podría convertirse en un antecedente para otros distritos que también reclaman mayor capacidad de decisión. Para Echarren, el objetivo no pasa por fragmentar la provincia ni crear nuevas regiones administrativas. La apuesta es otra: fortalecer a los municipios dentro de la propia estructura bonaerense.
“A la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal”, insiste el intendente. Con la aprobación unánime de este viernes, Castelli dejó atrás la etapa de la declaración política y avanzó un casillero más en un proceso que todavía deberá atravesar la Convención Constituyente, la discusión sobre la validez de sus disposiciones y, eventualmente, la relación con la Provincia.
Si consigue completar el recorrido, Castelli podría convertirse en el primer municipio bonaerense en darse su propia Carta Orgánica. Pero, sobre todo, habrá abierto una discusión que excede sus límites territoriales: cuánto poder debe concentrarse en La Plata y cuánto de las decisiones sobre la vida cotidiana de los bonaerenses debería quedar en manos de los gobiernos locales.
