La empresa se vendería en un solo bloque y el 90% quedaría para el grupo de control, sin salida a La Bolsa. Puntos sin definir y el sacudón en las facturas.
La privatización de AySA en la era Javier Milei
Captura de redesEl gobierno de Javier Milei acelera el proceso de privatización de AySA con posibles cambios en el esquema de venta y en la política tarifaria. Mientras redefine la licitación para desprenderse del 90% del capital, la administración libertaria también prepara un nuevo mecanismo de aumentos mensuales que buscará recomponer ingresos y mejorar el atractivo de la empresa para inversores.
Entre las modificaciones con vistas a la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentina (AySA), se evalúa dejar de lado el esquema inicial de venta de la compañía en dos tramos para avanzar con una única subasta directa del 90% del paquete accionario.
En paralelo, en materia tarifaria, una vez finalizado en abril el cronograma de aumentos mensuales del 4% que se aplica desde enero, se volvería al mecanismo de actualización automática utilizado en 2024, con un adicional de entre 2% y 3% que se mantendría vigente hasta fin de año.
A menos de un mes de que expire el plazo fijado a mediados de 2025 para poner en marcha la privatización de la empresa, la gestión libertaria se apresta a concretar el llamado licitatorio con un esquema de venta que difiere del diseño original.
Inicialmente, técnicos de la empresa que conduce Alejo Maxit y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher, habían diseñado un formato que contemplaba primero la venta del 51% de las acciones a un “operador estratégico” y una posterior colocación en el mercado bursátil del 39% restante que cuenta con aval del Congreso para pasar a manos privadas.
El nuevo esquema que se analiza prevé, en cambio, la venta directa del 90% del capital a un consorcio de empresas e inversores que incluya como socia a una “operadora estratégica” con antecedentes en la gestión de compañías de saneamiento de una escala similar a la de AySA.
Los trabajadores mantendrían el 10% de participación accionaria y, una vez cumplido el primer período de cinco años de operación, el nuevo concesionario privado debería avanzar con una apertura parcial de su capital en el mercado.
En materia tarifaria, la modificación en análisis contempla mantener a partir de mayo una pauta de aumentos mensuales por encima de la inflación hasta finales de año.
Durante 2025, las tarifas de agua y cloacas se ajustaron con un tope del 1% mensual sin tener en cuenta la variación inflacionaria. Esa decisión, adoptada por el ministro de Economía, a cargo de Toto Caputo, implicó —según el diagnóstico oficial— un atraso tarifario del orden del 21,05%.
De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, esa política derivó además en una caída de ingresos superior a los $95.000 millones hasta noviembre del año pasado, lo que llevó a postergar gastos operativos e inversiones.
Con el objetivo de revertir esa situación y mejorar las cuentas de la compañía, a fines de diciembre el Gobierno aprobó un esquema de incrementos mensuales acumulativos del 4% para el período comprendido entre enero y abril de este año.
A partir de mayo, las tarifas de AySA volverán a ajustarse mediante la fórmula polinómica de actualización automática que estuvo vigente en 2024. A ese mecanismo podría sumarse un adicional de entre 2% y 3% mensual para reforzar el plan de obras previsto hasta fin de año y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de la privatización.
El sistema de ajuste automático toma en cuenta la evolución de tres indicadores: la variación salarial (45%), los precios mayoristas (44%) y el índice de precios al consumidor (11%).
Antes de ponerle fecha a la venta accionaria, el Gobierno deberá resolver tres cuestiones que impactarán tanto en el valor de la empresa como en la futura prestación del servicio.
La primera es el nuevo contrato de concesión, que deberá definir las metas de expansión del servicio y las inversiones obligatorias que tendrá que realizar el futuro operador privado.
La segunda es el sendero de tarifas que podrá aplicar el concesionario para financiar el plan de obras y el recambio de los caños troncales y secundarios más deteriorados del sistema.
El tercer punto está vinculado con el rol que tendrán el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APla), los organismos de control y planificación creados durante la gestión de Néstor Kirchner tras la estatización de la ex Aguas Argentinas.
El área de concesión donde presta servicios AySA abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La empresa atiende a más de 14 millones de habitantes a través de una red de agua potable y desagües cloacales de más de 27.000 kilómetros.
El sistema incluye tres plantas potabilizadoras —entre ellas la General San Martín, una de las más grandes del mundo— y 14 plantas depuradoras destinadas al tratamiento de efluentes cloacales.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), desde diciembre de 2023 hasta febrero de este año la tarifa promedio de AySA registró un aumento del 375%.
Esa mejora en los ingresos, junto con una reducción del 22% en la cantidad de personal —que pasó de 7.790 a 6.069 empleados—, permitió que la empresa alcanzara en 2024 el primer superávit operativo de su historia.
De acuerdo con cifras oficiales, AySA cerró el año pasado con un resultado positivo neto de $237.000 millones y con una reducción del 85% de sus deudas.
En paralelo, las transferencias del Tesoro se redujeron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, fondos que se destinaron exclusivamente a gastos de capital.
Al presentar el balance del último ejercicio, las autoridades de la empresa también señalaron que lograron bajar la morosidad del 16% al 11%, en parte gracias al cambio regulatorio que volvió a habilitar el corte del servicio por falta de pago.