Javier Milei quería llevarla a 13. Se contemplaba un límite de 20 años de cárcel para menores y por pedido de la UCR será de 15. El nuevo régimen.
Laura Rodríguez Machado (PRO); Manuel Quintar y José Luis Espert (La Libertad Avanza).
La Libertad Avanza buscará este martes dictaminar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, enviado por Javier Milei. El oficialismo acepta reducirla de 16 a 14 años, aun cuando el texto original proponía fijarla en 13. También será menor la pena máxima prevista, para evitar que la UCR firme en minoría.
En el borrador enviado a las autoridades de bloque está establecido un límite de 20 años de cárcel para un menor de edad. Los dos bloques del radicalismo (UCR y Democracia Para Siempre) reclamaron que el techo sea 15. El PRO, LLA y los partidos provinciales acompañan la iniciativa en general, pero cederían a los reclamos del partido centenario para no seguir demorando el trámite.
La negociación está a cargo de la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. La cordobesa, quien mantiene línea directa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coordinará el plenario y necesita 73 firmas para despachar. Esto es así porque participan las comisiones de Justicia, Presupuesto y Niños, Niñas y Adolescentes.
Unión por la Patria y la izquierda son los únicos bloques que anticiparon su rechazo, aunque hay miembros de otras bancadas que tampoco votarán a favor, como Facundo Manes (DPS). En tanto que un sector de UP cercano a Sergio Massa propuso en otros tiempos bajar la edad punible y evalúa opciones para no romper con sus pares. El proyecto necesita 129 votos en el recinto para enviarse al Senado. Se debatirá hasta la última coma.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad sumó un condimento extra: a dos semanas del fallecimiento del papa Francisco, la iglesia argentina se expresó en contra. Fue a través de una entrevista a Infobae que concedió Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, presidente la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina.
Para acallar esas críticas, el borrador que circuló por los despachos contempla un nuevo régimen penal juvenil con múltiples garantías para los menores. Propone que la prisión sea la última instancia y los jueces puedan optar por medidas alternativas.
Deberán hacerlo si la pena es inferior a tres años de cárcel. Para esos casos, si prospera el dictamen que negocia Rodríguez Machado, los magistrados podrán castigar a adolescentes con una amonestación; prohibición de contacto o aproximación a la víctima, de conducción de vehículos, de concurrir a determinados lugares o de salir del país o de la residencia.
La sanción podrá contemplar la prestación de servicios a la comunidad, uso de tobilleras electrónicas o reparación integral del daño a la víctima. Estas medidas serán aplicables además si la pena es de hasta 10 años y no hay registro de muerte o violencia física sobre las personas; o si se trata de delitos culposos, sin lesiones, causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes.
Hay consenso en todo el Congreso en que no puede haber prisión o reclusión perpetua para los menores de edad, que implicaría penas de 35 años de cárcel. Este plazo violaría la convención internacional de los derechos del niño. Por eso, la mayoría de los bloques pedían bajarlo a 20 años pero la UCR se impuso y lo llevó a 15, que es como quedaría en el dictamen.
Otro aspecto es el alojamiento. .Si prospera el dictamen que está en borrador habrá dependencias “especialmente acondicionadas” y los menores no podrán convivir con mayores. Se las denominará Institutos Especializados de Detención y deberán garantizar atención médica, actividades formativas, deportivas y asistencia de salud. El Servicio Penitenciario deberá realizar informes trimestrales por cada persona alojada. Dejarán esa dependencia recién cuando cumplan la mayoría de edad.
El proyecto garantiza una tutela durante todo el proceso y reafirma la responsabilidad civil de los progenitores. También se designará un supervisor. Con el objetivo de garantizar la resocialización, plantea instancias de asesoramiento y orientación a los menores, con programas educativos y la garantía de continuidad de una educación obligatoria.
El dictamen incluye además la participación de los menores en programas deportivos, recreativos o culturales o la concurrencia a servicios de salud “acorde a su edad”. El Estado queda obligado a garantizar tratamiento médico o psicológico de los menores alojados.