Los coseguros fueron el canal para que más compañías participaran del entramado en la ANSES que compromete al expresidente.
El expresidente Alberto Fernández fue imputado en la investigación sobre la intermediación en la contratación de seguros.
La auditoría interna de la ANSES que destapó supuestas irregularidades en la contratación de seguros para los organismos estatales y derivó en la imputación de Alberto Fernández, cuenta con un capítulo todavía oscuro que contiene un esquema de coseguros que le abrió el juego a más aseguradoras mediante la tercerización.
Más allá del rol de los intermediarios, que hoy se llevan toda la marca de la atención pública, el decreto que colocó a Nación Seguros como empresa monopólica para emitir pólizas de todos los organismo del Estado, estableció específicamente la posibilidad de que la propia aseguradora del banco estatal contratara nuevos seguros con otras compañías del mercado para garantizar su solvencia.
Ese mecanismo habilitó al resto de las aseguradoras a entrar a un negocio millonario que se había estrechado por decisión presidencial y, por lo tanto, entraron también nuevos productores que intermediaban los coseguros contratados.
Hasta 2021, cada dependencia del Estado Nacional elegía con qué compañía operar sus cuentas y la empresa elegida designaba y financiaba a un productor asesor para que se dedicase a atenderlos. El decreto firmado por Fernández en 2021, muy similar al firmado por Felipe Solá en 2004 para la provincia de Buenos Aires, cerró el negocio sobre Nación Seguros, pero dejó una zona gris sobre otros negocios.
A diferencia del exgobernador bonaerense, Fernández, que se defendió de las acusaciones asegurando que hace "un culto de la honestidad", permitió la intermediación de los seguros en los organismos públicos, algo que no tiene sentido, considerando que, cuando cualquier aseguradora accede a una cuenta de semejante volumen, como es manejar la totalidad de los organismos públicos, prescinde de los productores, a quienes debería pagarles una comisión por un negocio que no traen ni gestionan. Usualmente, cuando las compañías acceden a este tipo de negocios, forman una división propia interna que administra específicamente esa cuenta, en este caso de un organismo público.
No obstante, el cambio más significativo del decreto es que permite específicamente el coseguro, un instrumento técnico tradicional en el mundo asegurador para compartir riesgo entre las aseguradoras. Al habilitar este canal, le permitió a Nación Seguros salir a repartir sin control administrativo la masa de dinero que generan los seguros del sector público mediante la contratación de un “coseguro” con otras empresas del sector asegurador.
En la práctica, se centralizaba la operatoria en Nación Seguros, pero quedando en condiciones de tercerizar las primas y repartir el negocio para evitar la disputa entre operadores del mercado. En otras palabras, la caja se centralizaba pero, con los coseguros, se abría el negocio sin proceso de compras entre operadores privados.
Como negocio paralelo, cada coseguro traía consigo la posibilidad de contratar un nuevo productor asesor, convirtiendo al sistema en un virtual Esquema Ponzi en el que, en nombre del cuidado de los bienes públicos, se multiplicaba un negocio millonario que incluyó a las principales compañías de seguros.
Quizás radica allí la razón por la que el gobierno nacional no derogó el decreto después de la denuncia del cordobés Osvaldo Giordano sobre un negocio del que pareciera haber comido todo el sector.