El Gobierno pedía que fuera desde los 13, pero acepta el cambio de la oposición. Alternativas a la prisión para delitos con penas de hasta diez años.
El presidente Javier Milei saluda a la ministra Patricia Bullrich en el Congreso.
La Cámara de Diputados podría avanzar este martes en un dictamen de la ley penal juvenil, con un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Habría dos cambios respecto al proyecto enviado por Javier Milei: la edad punible bajaría de 16 a 14, y no a 13; y se amplían los casos con penas alternativas a la cárcel.
Al menos eso surge de un texto que circula entre los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la oposición dialoguista, que intentarán reunir una mayoría en un plenario de comisiones. Intervienen las de Legislación Penal, que oficia de cabecera y preside Laura Rodríguez Machado (PRO); Presupuesto; Justicia; Familia, Niñez y Juventudes. Se necesitan 72 firmas para oficializar dictámenes.
La reunión está citada a las 17.30 horas y su realización depende del fracaso de la sesión convocada para las 12 por la oposición más dura, para tratar proyectos referidos al caso $Libra, a la continuidad de la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad.
De frustrarse ese debate, Rodríguez Machado, en diálogo directo con Patricia Bullrich, intentará firmar un dictamen de mayoría para llevarlo al recinto antes de fin de mes. Hasta este lunes había negociaciones para un texto definitivo entre LLA, PRO, UCR, Coalición Cívica, Democracia Para Siempre (radicalismo crítico), partidos provinciales y Encuentro Federal. Si hay acuerdo, está garantizado el consenso para enviar un texto al Senado.
En Unión por la Patria hay sectores que tienen proyectos para bajar la edad de imputabilidad, como el Frente Renovador de Sergio Massa, que proponía llevarla a 14. Aun así, sus referentes no tienen decidido firmar ningún dictamen.
El mayor consenso que había hasta este lunes era que la edad de imputabilidad se redujera de los 16 actuales a 14 -como proponen proyectos de todos los bloques- y no a 13 como establece el proyecto de Milei.
El debate por estas horas es sobre las penas máximas y las morigeraciones, para evitar que haya un aluvión de menores en las cárceles. El proyecto de Mariano Cúneo Libarona contempla una condena límite de 20 años para menores de edad. Si los delitos no superan los seis años de cárcel permite sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.
Por pedido de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, el dictamen podría estirar a 10 años de pena de los casos en los que se podría evitar la prisión, a no ser que sean hechos que impliquen muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas.
Además, el texto definitivo incluirá tratamientos médicos para los menores y finalmente crea la figura del supervisor para acompañar al acusado desde el inicio del proceso. Las diputadas radicales Soledad Carrizo y Roxana Reyes exigen contemplar las garantías de las convenciones de los derechos del Niño, a las que adhirió Argentina.
El diputado Oscar Carreño, de Encuentro Federal, reclamó respetar los códigos procesales provinciales y darle lugar a la valoración del juez en la aplicación de medidas coercitivas.
La negociación dejó en el olvido otras propuestas como las de Diego Santilli (PRO) que pide reducir la edad punible a 15 años con la misma cantidad de tiempo como pena máxima. Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, tiene la iniciativa más extrema: fija la edad mínima en 12 años para todos los delitos, pero varía la sanción según las penas.
Si prospera la baja de edad de imputabilidad, Rodríguez Machado completaría así el paquete de proyectos enviados por Bullrich el año pasado. Ya fue sancionada la ampliación del registro de datos genéticos, el aumento de penas para combatir el crimen organizado (ley anti mafia) y los agravantes por reincidencia y reiterancia delictiva.
También tiene dictamen el juicio por jurados, con apoyo de todos los bloques y la exigencia al titular del jurado de vestir Toga y usar martillo. Sería parte de una próxima sesión.