El radicalismo presentó un proyecto en el Senado provincial para modificar la carta magna, que no se toca desde 1916, y blindar las arcas públicas. La interna.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.
Alfredo Cornejo sigue sumando gestos en la que expone su acercamiento con las ideas del presidente Javier Milei y ahora habilitó al bloque oficialista en el Senado local para que avance en la modificación de un artículo de la carta magna provincial y darle rango constitucional al equilibrio fiscal en Mendoza.
El proyecto proponer reformar el artículo 42 de la Constitución mendocina para establecer, “como deber del Estado y derecho colectivo de la población, el equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal”. La medida trae a la memoria el anuncio del Presidente del 1 de marzo último, cuando afirmó que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para penalizar al funcionariado de niveles superiores que impulse y apruebe presupuestos que contemplen financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Además, agregó que la iniciativa buscará que se lo considere un delito de lesa humanidad.
Además del fuerte sesgo político, el proyecto también tiene una implicancia electoral, ya que establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a un plebiscito en la próxima elección legislativa provincial. Es decir, el año que viene.
Sucede que la Constitución de Mendoza, que no se modifica desde 1916, establece en su artículo 223 que “la necesidad de enmienda o de reforma de un solo artículo de esta Constitución, podrá ser declarada y sancionada también por dos tercios de los miembros que componen cada Cámara”.
“Una vez dictada la ley que sancione la enmienda o reforma, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de diputados se vote en todas las secciones electorales, en pro o en contra de la reforma sancionada”, cierra el punto del que se valen el oficialismo en la cámara alta para la redacción del artículo 3 del proyecto que ingresó a la Legislatura el viernes pasado.
El artículo 42 de la Constitución mendocina dice que “ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos a los determinados en la ley de su creación, ni durará más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga”.
Parte de esa idea queda expresada en la modificación que busca constitucionalizar el equilibrio fiscal y establece que “la provincia y los municipios asegurarán el equilibrio entre los ingresos y los gastos del propio presupuesto, teniendo en cuenta las fases adversas o favorables del ciclo económico”.
“Cada norma que comporte nuevas o mayores cargas proveerá los medios para hacerles frente. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos o aumentados para sufragar la construcción de obras, no podrán ser aplicados a objetos distintos ni por plazos superiores a los determinados en la norma de su creación”, sigue el texto propuesto.
Culmina: “El presupuesto establecerá las normas fundamentales y los criterios dirigidos a asegurar los ingresos y los gastos previstos, la sostenibilidad de la deuda del conjunto de la administración y el desarrollo económico, social y ambiental de la Provincia”.
Si bien la idea de darle rango constitucional al equilibrio fiscal es algo que se sintoniza de modo directo con el estilo del presidente liberal libertario, el punto en cuestión ya estaba contemplado en el proyecto de reforma constitucional que el radicalismo había impulsado durante la gestión de Rodolfo Suárez.
Aquel proyecto nunca avanzó por la falta de apoyo de los bloques opositores que, al menos en parte, deberán sumarse a la iniciativa oficialista para avanzar con la reforma propuesta por el bloque radical de 19 integrantes en Cambia Mendoza que comanda Natacha Eisenchlas.
“Es importante realizar un análisis sobre el rol fundamental que ocupan los principios de responsabilidad fiscal y equilibrio fiscal en varias constituciones de avanzada de otras provincias, como así también en el derecho comparado en distintas constituciones de Latinoamérica, con el objetivo de garantizar una administración financiera sostenible y responsable”, dicen los fundamentos del proyecto, en el que la bancada oficialista agrega que resulta de “vital importancia” la modificación del artículo para poder “aplicar criterios de transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos”.
En medio de un debate donde ya asoma la elección nacional del año próximo, el radicalismo de Mendoza está cruzado por el impacto de la irrupción de Milei en un escenario que hasta el año pasado estaba hegemonizado por el oficialismo provincial.
No sólo porque La Libertad Avanza se impuso en el distrito en el ballotage y también en las generales donde un mendocino formaba parte de la fórmula de Juntos por el Cambio, que apoyaba el oficialismo provincial, sino que los dos últimos precandidatos a la gobernación de Cambia Mendoza coquetean por estas horas con esa virtual alianza electoral.
Uno de ellos es el ministro de Defensa, Luis Petri, que la semana pasada asumió que trabaja para “un espacio común” en el que LLA, el PRO y una parte del radicalismo participen activamente en el apoyo al proyecto de Milei. El otro es el mismísimo gobernador, que lejos de alejarse de la propuesta de su correligionario, admitió que “todo puede ser”.
Si bien dijo que estaba abocado a la gestión y pidió no hacer conjeturas, Cornejo deslizó un acuerdo con su otrora rival en la interna provincial. “Tanto Luis como yo estamos muy comprometidos con que este proyecto llegue a buen puerto”, dijo Cornejo y agregó: “Estamos muy comprometidos en nuestro partido, en que la mayoría de los diputados nacionales y la mayoría de los senadores nacionales acompañen las leyes que quiere el Gobierno”.