"Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad. La violencia contra las mujeres en la vida pública y política en Argentina". Ese es el título del comunicado difundido por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras su paso de tres días por Buenos Aires con la misión analizar los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en el país.
Para llegar a las conclusiones que se sintetizan en el título, las expertas se reunieron con referentes de la sociedad civil y de los tres poderes del Estado. El encuentro más publicitado fue el que mantuvieron con Cristina Fernández de Kirchner durante casi una hora. La vicepresidenta les entregó un informe con una suerte de genealogía de la violencia simbólica que viene padeciendo y un resumen de la causa judicial que (no) investiga el intento de asesinato contra ella.
“El Comité llama la atención sobre el hecho de que existe un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política”, describe el comunicado en relación con el hostigamiento a las mujeres con voz pública en general, y que aplica a la vicepresidenta en particular. En la Conferencia de prensa en la que difundieron el comunicado, las especialistas se refirieron al atentado como un intento de "magnifemicidio", alentado por "discursos de odio".
Este pronunciamiento –que incluye una serie de recomendaciones para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y a los medios de comunicación- no puede ser juzgado de partidista, no solo porque las especialistas representan a la OEA, sino porque además mantuvieron audiencias públicas y privadas con integrantes de distintas fuerzas políticas. Una de esas reuniones fue con “las Ramonas Atrevidas”, siete dirigentas del radicalismo catamarqueño de distintas líneas internas, castigadas por la Unión Cívica Radical con una suspensión de cinco meses, luego de haber impugnado la candidatura para presidir el Comité Capital de la provincia de Roberto Gómez, aspirante a gobernador en 2019, por tener una causa por acoso y abuso sexual.
“La delegación pudo evidenciar que el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”, enfatiza el comunicado.
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No es casual que este comité llegue a la Argentina en la previa de una campaña electoral en la que la agenda de género no parece ser prioridad para ningún partido con posibilidades de llegar a la Presidencia, y en un clima pródigo en violencia política, clara reacción a los avances y conquistas del movimiento de mujeres en la última década. Un informe sobre el tema, realizado por Proyecto Generar a mediados del año pasado, sostiene que “el aumento de la participación política de las mujeres provocó una reacción conservadora que intensificó sus formas de discriminación y de violencia contra ellas. La naturalización de la violencia contra las mujeres en la sociedad invisibiliza la violencia que se ejerce contra ellas en la vida política, lo que obstaculiza la identificación, elaboración y aplicación de políticas y mecanismos para erradicar el problema”.
En el mismo sentido, un trabajo de 2018 del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en el que se encuestó a legisladoras nacionales, revela que ocho de cada diez afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas, con predominancia de la psicológica y la simbólica.
Poco visible, esta violencia no solo afecta a las mujeres que participan en fuerzas políticas, sino que se expande a todas las mujeres con voz pública y se profundiza cuando se trata de activistas feministas. “La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia”, concluyen las expertas de la OEA.
A la invisibilidad de la violencia política por razones de género, minimizada por la mayoría de los varones con acceso a las decisiones, se suma el silencio de muchas que, a pesar de padecer ataques y amenazas, no quieren ser vistas como víctimas. El efecto, siempre, es el disciplinamiento. Los objetivos, el repliegue y el silenciamiento. El principal impacto, la falta de participación de las mujeres y las personas de la diversidad en la vida pública. La consecuencia, una democracia debilitada.
