CONGRESO

El FdT exige tomar posesión de sus sillas en la Magistratura

Una senadora y dos senadores enviaron una nota a la Corte para que les permita asumir el cargo. El órgano está "paralizado hace tres meses", denuncian.

La senadora María Inés Pilatti Vergara y sus pares Mariano Recalde y Martín Doñate presentaron una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema , Horacio Rosatti, para solicitar que reciba sus juramentos como integrantes del Consejo de la Magistratura, a fin de que el órgano "vuelva a funcionar". La jura está demorada desde hace casi tres meses por decisión del máximo tribunal, que argumenta que las designaciones “se encuentran en estudio por razones que son de público conocimiento”.

 

La presentación exige que los representantes del oficialismo, así como el legislador radical Eduardo Vischi, puedan asumir sus funciones y se concrete la conformación constitucional en el órgano que designa, sanciona y remueve magistrador y magistradas. Además, aseguraron que evalúan "otras acciones administrativas, civiles y penales para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado". 

 

“La única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas”, señalaron y remarcaron que "no es competencia de la Corte Suprema 'estudiar' las designaciones".

 

En tanto, recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura” y consideraron que el accionar de la Corte es “discriminatorio” ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”.

 

En ese sentido, se refirieron al caso de la diputada Roxana Reyes, quien ya juró como consejera a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicó la Corte en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

 

El grupo expresó que, además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto”, porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso. 

 

"Este accionar representa una grave amenaza para la salud institucional de la República", dijeron. 

 

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