“Lamento la pérdida de tu bebé y que nadie haya tenido en cuenta los derechos de él”. Camila recibió este mensaje en su celular luego de haber interrumpido su embarazo en la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno –una institución del estado provincial– y fue el final de una suerte de epopeya para acceder a un derecho consagrado por ley. La historia de Camila fue difundida por la periodista Marcela Ojeda y pone el foco en el municipio de San Miguel, uno de los tres que no garantizan el aborto legal, seguro y gratuito previsto por la ley 27.610. A Camila la citaron para una entrevista en una sala de atención local con el objetivo de convencerla de que no abortara. Para eso, utilizaron amenazas (le dijeron que si abortaba su vida iba a ser “un infierno”, entre otras cosas por el estilo) y le mostraron videos con imágenes de embriones y fetos. Camila se mantuvo firme en su decisión y la respuesta fue, también, firme: “Te cuento que acá en la Municipalidad de San Miguel no están haciendo la intervención porque no tienen medios, pero sí en José C. Paz. Tendrías que acercarte allá”. Otro incumplimiento de la ley, que obliga a profesionales objetores de conciencia a derivar a un centro donde sí se garantice la práctica.
Sobre esta situación, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo entonces: “Es inadmisible que municipios bonaerenses sigan decidiendo de manera unilateral no cumplir una Ley y además hostiguen y persigan a quienes necesitan acceder a un aborto. Durante 2020 y 2021 derivamos a 480 personas de San Miguel que necesitaron acceder a la práctica”.
Por supuesto que el caso de Camila no es el único, pero es excepcional. Con la aprobación de la despenalización y legalización del aborto, en la provincia de Buenos Aires desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, en 2019, se sumaron 343 establecimientos de salud a la Red de Acceso a Abortos. De esta manera, se logró cobertura en el 98% de los municipios. El 2% en el que no se garantizan las prácticas, ni en centros provinciales ni locales, incluye tres municipios: San Miguel, Capitán Sarmiento y Lezama.
El feudo De la Torre
En el Ministerio de Salud bonaerense sostienen que el caso más difícil es San Miguel, en especial por las grandes dimensiones del territorio. Los otros dos, más pequeños, implican menos trabajo para los municipios vecinos, que sí garantizan la práctica para cumplir con la ley. Como lo mencionaba Kreplak, en 2021, 480 mujeres tuvieron que acudir a interrumpir sus embarazos en José C. Paz o en la mencionada Maternidad Carlotto, de Moreno, un hospital modelo en derechos sexuales y reproductivos que aún tiene montada una guardia de religiosas sanmiguelinas en la puerta.
San Miguel es el feudo de Joaquín de la Torre, tres veces intendente, miembro del Opus Dei, ex-Frente para la Victoria, ex-Frente Renovador y exministro de Producción de María Eugenia Vidal. El senador bonaerense por Juntos por el Cambio es el jefe político del actual titular del municipio, Jaime Méndez –exentrenador en el Club Regatas de Bella Vista–, y responsable de haber terminado con la carrera política del carapintada Aldo Rico en la casa de gobierno local.
Punta de lanza de la militancia contra los derechos sexuales y reproductivos, en abril de 2018, mientras se desarrollaba el debate por la legalización del aborto en el Congreso, San Miguel se declaró municipio “provida” por iniciativa del presidente del Concejo Deliberante, Hugo Reverdito (Partido Justicialista-Cambiemos), que responde a De la Torre. Un mes antes de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 2020, el exintendente y varios funcionarios municipales participaron de una movilización en contra de la legalización del aborto. De la Torre publicó en su cuenta de Twitter: “El ABORTO es GORILA. NO es NACIONAL. NO es POPULAR. NO es CRISTIANO”.
Sobre este tema, De la Torre no distingue amistades de enemistades: cuando en agosto de 2020 la Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo para la atención de la interrupción legal del embarazo, fue contra Horacio Rodríguez Larreta por no vetar la norma y por su cercanía con el presidente: “La institucionalidad se puede violar con la reforma de la justicia o aprobando protocolos para los que no se tiene facultades. Horacio y Alberto son dos caras de la misma moneda”, tuiteó.
San Miguel tiene creatividad en campañas antiaborto: en septiembre de 2019 fue difundido una especie de “ritual”, impulsado por el municipio, en el que incineraron restos de residuos patológicos vinculados con embarazos no concluidos –obtenidos en el Hospital Municipal Larcade– y los enterraron en el cementerio local. El entonces secretario de Salud y Bienestar y hermano de Joaquín –hoy a cargo de Infancia y Familia- Pablo de la Torre lo confirmaba públicamente: “El programa es de hace un año y lo que llamó la atención por las redes sociales fue el cenizario que realizamos”. El funcionario hablaba de un plan municipal llamado “Colibrí”, “de acompañamiento a familias que por alguna razón pierden a sus hijos en el periodo de gestación”. El cenizario consistió en la cremación de los restos de residuos patológicos provenientes de abortos y su traslado al cementerio de San Miguel. En la foto que trascendió, aparecen funcionarios municipales y un cura cerca de una lápida de colores que lleva el nombre “Los Querubines de Dios”.
Hoy alineado con Patricia Bullrich, De la Torre recorre el territorio con traje de precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con una campaña en contra del lenguaje inclusivo. Una de sus últimas intervenciones públicas fue para negar que lo del 8 de enero en Brasil haya sido un intento de golpe de Estado.
Tres para obstruir
Además del triángulo de las Bermudas –San Miguel, Capitán Sarmiento y Lezama–, hay cuatro municipios que no tienen establecimientos propios para garantizar el acceso a IVE o ILE, pero sí uno provincial que realiza las prácticas: Carmen de Areco, Junín, Lobos y Zárate.
También hay que mencionar el caso de La Plata porque la falta de equipos locales –hay solo tres para cubrir todo el territorio, sin apoyo del gobierno local– se cubre con los nueve hospitales provinciales, que abastecen la demanda que no proveen los centros de salud municipales.
Según relatan fuentes del gobierno bonaerense, con Capitán Sarmiento -territorio gobernado por el cambiemista y exministro de Energía de Mauricio Macri, Javier Iguacel- mantienen diálogos para que, por lo menos, cumplan con las derivaciones que exige la ley cuando el personal de salud se declara objetor. En el municipio alegan que eso se hace y que las demandas se redirigen a Pergamino, donde sí se accede a la práctica. En Lezama, cuyo intendente es el radical Arnaldo Harispe, la solución será abrir un UPA provincial en esa localidad, que garantice el derecho previsto en la ley. De todos modos, explican en la Provincia, al tratarse estos últimos de municipios con poca densidad poblacional, el impacto de la negativa a realizar abortos es mínimo en relación con lo que sucede en San Miguel, distrito con el cual la conversación está completamente obturada.
Para el 98 por ciento del territorio bonaerense, el gobierno de Kicillof está fortaleciendo la estrategia de producción y provisión estatal de los medicamentos necesarios para la práctica: la compra de misoprostol al laboratorio de producción pública de Santa Fe (durante 2020-2022 se adquirieron más de 90 mil tratamientos, lo que significó un ahorro de $538 millones de pesos en comparación con el precio del mercado) y acaba de firmarse un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para el desarrollo y posterior producción pública de la mifepristona, un medicamento que, combinado con el misoprostol, es definido como “esencial” por la OMS para llevar a cabo una práctica eficaz, segura y de calidad.
Para conocer dónde se encuentran los establecimientos de salud que garantizan el acceso al aborto, en la página web del ministerio de Salud (https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/aborto/) existe un mapa virtual donde aparecen georreferenciados. También a través de la Línea de Salud Sexual (0800 222 3444).
