ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El conflicto que tuvo parado durante más de un mes el puerto de esta ciudad no sólo preocupó al círculo rojo por las lógicas consecuencias económicas, sino que llamó la atención de ciertos sectores de la política santafesina. Es que florece la sospecha de que la pugna gremial fue peón en el ajedrez que juegan hace tiempo la concesionaria Terminal Puerto Rosario S.A. (perteneciente a Vicentin y la chilena Ultramar) y el Ente Administrador del Puerto Rosario. El carozo de la pelea es quién paga las imperiosas inversiones que necesitan los muelles y la extensión de la concesión.
La operación en la terminal fluvial está comprometida dada la falta de inversiones. La situación es tal que la operatoria en uno de los muelles fue suspendida. Además, hay otras falencias en materia de higiene y seguridad y, según versiones periodísticas, el pago del cánon que corresponde a la provincia vía el ENAPRO no siempre se hace en tiempo y forma. La discusión es quién abre la billetera: mientras que el gobierno provincial aprieta al privado para que se haga cargo, este aduce dificultades económicas (más aún luego del colapso de Vicentin) y le devuelve la pelota.
En ese contexto de tire y afloje es que surgió el último capítulo de la pelea entre el Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA) y TPR. Cuando el privado no reconoció la paritaria y despidió a 25 trabajadores, según argumentó, por cuestiones económicas, el sindicato contraatacó denunciando a la concesionaria por retener aportes sin tener homologado el procedimiento preventivo de crisis. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, pero no fue acatada por TPR y el conflicto escaló.
En las reuniones no había mayores avances. Incluso, trascendió una propuesta de TPR que el sindicato tomó casi como una burla: reabrir la paritaria a cambio de que le permitan despedir 200 trabajadores, aumentar la jornada laboral de seis a ocho horas y descontar los días de paro. En el gobierno provincial cuentan que “la negociación era pésima, parecía que no querían arreglar” y que desde la Nación les pedían que gestionen un cambio de interlocutor por parte del privado.
“Fuimos a buscar a los chilenos porque si no, no lo solucionábamos más”, relataron fuentes del gobierno provincial. Así, Carlos Moreira, alto ejecutivo de Ultramar, se hizo cargo: TPR reconoció la paritaria y reincorporó a 20 de los 25 despedidos, con una compensación para los cinco trabajadores cuya situación no tuvo vuelta atrás.
La sospecha que recorre despachos de la política, y que el secretario general del SUPA César Aybar blanqueó en una entrevista con LT8, es que TPR tensó al máximo en busca de poner contra las cuerdas al gobierno provincial y lograr una extensión de la concesión, un deseo que tiene hace tiempo. Durante la gestión anterior del ENAPRO habían llegado a un acuerdo para extender el contrato hasta 2057, pero al asumir los nuevos directores fue dado de baja y las presiones para lograr un entendimiento similar se redoblaron.
La provincia tomó nota y, de alguna manera, se puso el casco: forzó la salida del ENAPRO de Carlos Bello, director de TPR y representante de los concesionarios del puerto rosarino en el ente estatal. Lo reemplazó Juan Manuel Ondarcuhu, de Servicios Portuarios, el otro concesionario del puerto que tiene a su cargo los muelles VI y VII. Además, también le dio una silla a la Bolsa de Comercio de Rosario en la mesa de decisiones.
No conformes con eso, el gobierno provincial filtró la intención de sacarle la concesión a TPR por los incumplimientos contractuales. Un conocedor de los procesos administrativos explicó que para eso había que atravesar un proceso no tan sencillo ni breve y además puso el foco en algo clave: si la provincia finalmente avanza y le saca la concesión, ¿a quién se la da? Quizás en esa duda está la debilidad originaria del estado que le permite a TPR jugar al límite en pos de su objetivo de quedarse con el negocio de la terminal fluvial por muchos años más.