FÚTBOL Y POLÍTICA

Las elecciones en Rosario Central se picaron y tiran a Perotti a la cancha

La provincia suspendió los comicios por irregularidades y el principal candidato opositor le metió presión al gobernador, que prefiere evitar el barro.

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Las elecciones para presidir el Club Atlético Rosario Central se preveían agitadas, pero ahora acaba de dar un paso más al colarse la política provincial. La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), dependiente de la Secretaría de Justicia provincial, suspendió los comicios programados para el 30 de octubre y tensó el proceso electoral al punto que el gobernador Omar Perotti quedó en medio de la discusión. Por estas horas el gobierno, para evitar una politización, se encarga de explicar que es una cuestión exclusivamente jurídica y lo ratificará en una reunión con las agrupaciones. No habrá marcha atrás, aclaran.

 

El exjugador de la institución y exsecretario general adjunto de la Conmebol, Gonzalo Belloso, quien se perfila como el candidato mejor posicionado para la presidencia, al ver que la suspensión minó su objetivo inmediato, responsabilizó al gobierno provincial y pidió que la IGPJ revea su postura. 

 

"Le tengo aprecio a Omar pero esto es una decisión política, no tengo dudas. (...) hoy el gobernador no está dejando votar al socio", dijo en Cadena 3. No apuntó a sus rivales, ni al actual presidente en funciones, Ricardo Carloni quien tomó una posición defensiva, ni a funcionarios medios, sino que apeló directamente a la voluntad del gobernador en un claro intento de magnificar el asunto. 

 

La denuncia

Las irregularidades refieren a la constitución de la asamblea que el club realizó para crear la junta electoral. Hubo una denuncia de un socio y la IGPJ verificó la cuestión y corroboró que era pertinente una medida por las irregularidades detectadas como no haber llegado al quórum. Belloso fue por más y opinó que "la resolución de la IGPJ es desmedida y bochornosa".

 

En el gobierno se encargan de aclarar que es una decisión meramente técnica y que no fue una resolución de oficio. “No hay una decisión política”, dijeron a Letra P en el área de Justicia. Además remarcan que, si no se procede como se hizo, se corre riesgo eleccionario, o derivar en una denuncia mayor, y hasta puede haber responsabilidad penal en los funcionarios públicos. Por lo tanto, dejan entrever que no darán marcha atrás. Otra fuente conocedora del tema desde adentro apeló a "que se haga cargo el oficialismo (del club) de lo que generó".

 

Hay un punto a analizar: todas las agrupaciones están en contra de la resolución de la IGPJ, es decir, que no sospechan de una maniobra dirigencial. De hecho, hace unos días, en conjunto, presentaron un escrito en la IGPJ para rever la medida. La respuesta fue una reunión para el próximo jueves en la que se presentará para dar detalles de la medida la titular del organismo, María Victoria Stratta. Un dato no menor es que no habrá funcionarios de rango de la cartera judicial, lo que demuestra la intención de no darle mayor dimensión a la situación.

 

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