El Tesoro nacional le devolvió, finalmente, 10.000 millones de pesos al Banco Central y con esa acción simbólica, de poco peso en la economía real, abrió paso a la era del superfiscalismo, en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, buscará cumplir con la promesa de gastar los recursos genuinos que obtenga a través de los impuestos y los bonos. Ante las necesidades que brotan de la crisis económica y las tensiones financieras, que impiden impuestazos para conseguir más ingresos, el gobierno del Frente de Todos convalidó el ajuste, la opción menos pensada.
Esa era la etapa pre-Massa. Ahora, la entidad monetaria que sigue dirigiendo Miguel Pesce dejará de emitir, porque, a esta altura, ya está en el orden del 90% de la autorización del FMI para todo el año.
Tope al gasto y alivio
Massa reunirá a las cabezas administrativas de los ministerios para anunciarles que será implacable en el cumplimiento del DNU que firmó Alberto Fernández en junio, como modo de compensar la ausencia de Presupuesto 2022. No habrá más fondos, por lo que la inflación fue la primera señal de ajuste del Estado nacional. Claro, les reiterará que hay congelamiento de la planta de personal. Son dos señales inequívocas enviadas a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, que le había reclamado al exministro Martín Guzmán una hoja de ruta hasta fin de año para que fuera revisado por el Congreso.
Por eso, la hora de los alivios llegará con una ayudita de 1.900 empresas, a las que les pidió adelantar una cuota extra, este año, de entre 15% y 25% del impuesto a las Ganancias. Luego de reunirse con la camporista titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, quedó establecido que utilizará esos fondos para costear el anunciado bono extra para la clase pasiva, además del porcentaje de aumento que tienen estipulados los haberes previsionales en septiembre.
En este contexto de cepo y torniquete al gasto, entra en etapa de aplicación la decisión de Massa de revisar las contraprestaciones de los planes sociales. El lunes próximo, las universidades nacionales comenzarán a realizar las auditorías y, si bien el Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que conduce Juan Zabaleta, aclaró que no se busca reducir los planes sino confirmar la contraprestación, las organizaciones sociales alineadas al Gobierno ya dieron muestras de disconformidad ante la movida. La militancia social oficialista encuentra, detrás de escena, la queja de CFK por la denuncia de tercerización de los planes sociales.
La carrera del dólar y las reservas
En la primera ronda de la semana, las acciones y los bonos extendieron la suba. Mientras que ADRs treparon hasta 6,5% en Wall Street, el riesgo país tocó mínimos de cinco semanas. En los tipos de cambio, el dólar blue se mantuvo estable, con un pequeño retroceso de un peso. También hubo leves bajas en las cotizaciones financieras, ya que tanto el MEP como el contado con liquidación (CCL) cedieron 0,3% para ubicarse apenas por debajo de los 280 pesos y 284 pesos, respectivamente.
Fuente: Rava Bursátil
La gran preocupación, por estas horas, es la falta de liquidación de parte del campo. El Gobierno acelera cambios en la instrumentación del dólar-soja, el instrumento que anunció hace 15 días el BCRA, porque el flujo de dólares que ingresaron al Central fue similar al mes pasado, lo que indica que la medida “no movió la aguja”. Para una parte del oficialismo, la decisión de retener los granos en los silobolsas está apalancada por el acceso que tuvo el campo al financiamiento a tasas negativas promocionadas por el Ejecutivo nacional, que trepó a los 357.000 millones de pesos.
Esta situación llevó a Economía a pensar en la reasignación de herramientas para el desarrollo. Si no hay liquidación, entonces tampoco habrá créditos baratos, aunque la fórmula que más entusiasma es la de sostener el nivel crediticio a cambio de una liquidación acordada.
